El juez de la Audiencia Nacional (AN) Joaquín Gadea ha dictado la entrada en prisión provisional de los dos detenidos en el marco de una operación internacional contra la presunta estafa piramidal de criptocannabis de Juicy Fields.

El magistrado instructor ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que reclamó la medida cautelar al apreciar riesgo de fuga ya que ambos "carecen de nacionalidad española y poseen medios económicos suficientes que facilitarían la sustracción a la acción de la justicia".

'Criptocannabis'

La compañía, con sede en Suiza, había urdido una supuesta trama defraudatoria con un modus operandi: permitía a sus clientes invertir hasta 180.000 euros mediante transferencia bancaria o con criptomonedas, una inversión que se destinaba a cultivar plantas de marihuana en diversas partes del mundo, en empresas en teoría autorizadas legalmente para ello.

Al cabo de 108 días supuestamente se cosechaba la planta, se vendía y se devolvía el dinero invertido con unos intereses que oscilaban entre el 33 y el 66%. Esa elevada rentabilidad se traducía en presuntos beneficios millonarios para los inversores. Los cientos de inversores podrían entonces, tal y como explica la querella que presentó el despacho Zaballos Abogados, retirar sus beneficios, bien cobrando a través de dinero corriente o en forma de bitcoins.

Los afectados veían cómo fluía su dinero, hasta que todo se frenó. Les llegó un correo electrónico con el cual Juicy Fields paralizaba el acuerdo, alegando una "huelga de sus trabajadores". A partir de ahí, el sistema de inversión dejó de funcionar y las cuentas en las que miles de personas habían introducido parte de sus ahorros en busca de rentabilidad desaparecieron junto a su dinero.

El importe defraudado en España: 24 millones de euros

En noviembre de 2022, la Audiencia Nacional confirmó su competencia para el asunto y designó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional como "única fuerza actuante" en la investigación. 

Según ha informado este viernes el Ministerio Público, a los dos detenidos se les atribuye presuntos delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales a raíz de las querellas y denuncias formuladas contra la entidad. En concreto, los afectados que han presentado querellas en España ascenderían a 1.766 y los denunciados serían 284. El importe defraudado en suelo español alcanzaría los 24 millones de euros.