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Portugal aprueba un tijeretazo del gasto de 800 millones tras el fallo del Tribunal Constitucional

El país luso ya impuso las mayores subidas impositivas que se recuerdan para reducir su déficit y salir de su programa de rescate en 2014, como se planeó inicialmente

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El Gobierno portugués ha aprobado nuevos recortes del gasto público, equivalentes al 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB), con el objetivo de compensar la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló otras medidas de austeridad adoptadas por el Ejecutivo para combatir el déficit, como el recorte de pagas extra a los funcionarios.

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Las medidas, anunciadas tras una reunión ministerial que se prolongó durante toda la noche, representan un recorte de unos 800 millones de euros y permitirán alcanzar el objetivo de reducir el déficit del país al 5,5% del PIB este año, según indicó el secretario de Estado de Presupuesto, Luis Sarmiento. El Ejecutivo luso ha tenido que hacer frente a estos nuevos recortes para que el rescate de la UE y el FMI siga su curso y asegurar que recibe el próximo tramo de 2.000 millones de euros de su rescate.

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"Esto va a garantizar el desembolso del octavo tramo de ayuda a Portugal", aseguró el ministro de Desarrollo Regional, Miguel Poiares Maduro, que añadió que este tramo se abonará si Portugal "cumple sus compromisos presupuestarios, y, después de estas medidas, está en condiciones de hacerlo". El Gobierno portugués cree que el nuevo plan resistirá los tribunales, pero los recortes siguen produciendo enojo en una población que salió a la calle el pasado mes contra la austeridad.

Encaminar a Portugal a una vuelta a los mercados de deuda es una meta clave para la zona euro Mantener a Portugal encaminado a una vuelta definitiva a los mercados de deuda es una importante meta para la zona euro, que ha visto cortada su salida de la crisis por un estancamiento político en Italia y una debacle financiera en Chipre. Los representantes de la UE y el FMI estuvieron esta semana en Lisboa para ayudar al gobierno a identificar las medidas que puedan compensar los dictados del tribunal y trabajar sobre más recortes estructurales hasta 2015.

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El Ejecutivo se vio forzado a reducir más el gasto después de que un tribunal anulase el 5 de abril varias medidas de austeridad dentro del presupuesto de este año, dejando un agujero de 1.300 millones de euros aproximadamente. Pero el Gobierno dijo que usaría los fondos estructurales de la UE, renegociaría los contratos de colaboración público-privada y llevará a cabo una reducción de gasto planeada para 2014 y 2015 para rellenar el hueco. Los recortes se detallarán el martes.

Portugal, atenazado por su peor recesión desde la década de 1970, ya ha impuesto las mayores subidas impositivas que se recuerdan para tratar de reducir su déficit y salir de su programa de rescate en 2014 como se planeó inicialmente. En enero Portugal emitió bonos por primera vez desde el rescate de 2011 y se ha estado preparando otra emisión este año para tratar de recuperar el acceso a los mercados de financiación.

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La coalición gobernante de centroderecha superó este mes una moción de censura de los socialistas

Filipe Garcia, jefe de la consultora Informacao de Mercados Financeiros en Oporto dijo que la nueva demostración de intenciones del Gobierno para cumplir con sus compromisos y el hecho de que la decisión judicial no haya desencadenado una crisis política dan apoyo a la credibilidad de Portugal en el exterior. "Respecto a las propias medidas, es demasiado pronto para decir si serán suficiente para alcanzar las metas porque no hay detalles y algunas dependen de terceras partes", dijo.

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La coalición de gobierno de centroderecha tiene una cómoda mayoría en el Parlamento para aprobar leyes y este mes superó una moción de censura de los socialistas que han rechazado más colaboración con el gobierno respecto a las medidas de austeridad. En un comunicado, los prestamistas de Portugal dijeron que seguirían debatiendo las medidas con el Gobierno, que enviará al Parlamento enmiendas al presupuesto de este año a mediados de mayo.

El rendimiento de los bonos a 10 años del país que subieron hasta alrededor del 6,7% tras la decisión judicial han bajado desde entonces hasta un 6,2% -no lejos de los niveles del 5,9 por ciento de enero- el menor nivel desde finales de 2010. El jueves su rentabilidad veía pocos cambios.

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