El Grupo de Trabajo del Parlamento Europeo para el Control de Frontex, constituido oficialmente este martes, pretende investigar a fondo a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas para determinar si se ha visto implicada en violaciones de los derechos fundamentales.

Catorce eurodiputados -dos por grupo político- evaluarán las actividades y la organización de Frontex, incluido su papel y sus recursos para la gestión integrada de fronteras y la correcta aplicación del acervo de la UE. 

Entre los miembros figuran los españoles Javier Moreno (PSOE), Sira Rego (IU) y Jorge Buxadé (Vox). "Frontex es un instrumento esencial para luchar contra la inmigración irregular" y se debe llevar a cabo una investigación "transparente para supervisar todos los aspectos del funcionamiento de la agencia de fronteras, incluido su cumplimiento de los derechos fundamentales, y corregir los posibles errores y problemas de administración y de dirección", dijo en un comunicado Javier Moreno.

El eurodiputado socialista solicitó la comparecencia en las próximas reuniones de la comisaria de Interior, Ylva Johansson, así como del director ejecutivo de la agencia, Fabrice Leggeri, y de representantes de otros organismos como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y la Defensora del Pueblo Europeo.

El grupo pretende "recabar toda la información posible sobre las investigaciones que están abiertas", dijo por su parte en un comunicado la eurodiputada Sira Rego. "Espero que sirva para poner nombre y apellidos a los responsables de las vulneraciones de los derechos fundamentales que está cometiendo una agencia de la UE en nuestras fronteras. Sabemos que Frontex está fuera de control y ahora lo vamos a demostrar", añadió Rego.

Buxadé, por su parte, dijo en un comunicado que "por desgracia, la idea que está detrás de la creación de este grupo de trabajo es la intención de la izquierda de poner aún más presión en los agentes de fronteras de la que ya de por sí soportan al defendernos de las masivas oleadas migratorias.

El mandato del grupo, que preside la eurodiputada maltesa Roberta Metsola (PPE), consiste en fiscalizar todos los aspectos del funcionamiento de Frontex, incluido el respeto a los derechos fundamentales, los casos de acoso denunciados dentro de la agencia, la gestión económica y la transparencia, y plantear recomendaciones en esos ámbitos.

En sus primeros cuatro meses el grupo deberá llevar a cabo una investigación, reuniendo todas las informaciones y pruebas sobre las presuntas violaciones de derechos fundamentales con motivo de supuestas devoluciones en caliente.

Las reuniones se llevarán a cabo dos veces al mes e informarán de manera regular a la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara. El escándalo de las supuestas irregularidades estalló el pasado octubre a raíz de una investigación periodística internacional.

Los medios denunciaron una serie de incidentes que motivaron denuncias de presunta participación o tolerancia de la agencia con devoluciones en caliente en el Mediterráneo oriental.

Desde entonces, incluso la Comisión Europea ha pedido una investigación de las denuncias y no han cesado las solicitudes, en particular por parte de diputados del Parlamento Europeo, de que se aclare lo ocurrido.