El pacto secreto internacional TiSA quitará a los Estados el control digital de los datos de sus ciudadanos
Los documentos confidenciales revelados por Wikileaks sobre el Anexo de Comercio Electrónico del Acuerdo de Comercio de Servicios, muestran que 50 países van a deslocalizar a través de las fronteras la información personal de la ciudadanía, en aplicación de la doctrina neoliberal a los datos informáticos, poniendo en peligro las garantías nacionales de su privacidad
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Cuanto más se examina el contenido del Trade in Services Agreement (TiSA) que medio centenar de países negocian a escondidas, más se comprende por qué esos gobiernos pretenden que permanezca en secreto incluso cinco años después de su entrada en vigor. Por ejemplo, si su Anexo sobre Comercio Electrónico es aplicado internacionalmente, los Estados perderán el control sobre dónde se almacenan y cómo se utilizan los datos de sus ciudadanos.
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El acuerdo secreto prohíbe categóricamente cualquier restricción en el flujo de datos personales de los ciudadanos a través de las fronteras
El Artículo 2 del citado Anexo sobre Comercio Electrónico del TiSA, titulado "Movimiento de Información" o "Flujos de Información a través de Fronteras", establece sin ambages en su primer punto que "ningún partícipe [país firmante del acuerdo] podrá impedir a un proveedor de servicios que transfiera, acceda, procese o almacene información, incluida información personal, dentro o fuera del territorio de ese partícipe, cuando esa actividad se efectúa en conexión con la gestión del negocio de ese proveedor de servicios".
Esta hiperliberalización del flujo internacional de la información personal de los ciudadanos de los países firmantes está en conflicto con las propias normativas internas de la UE y la OCDE
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Más aún, esta hiperliberalización del flujo internacional de la información personal de los ciudadanos de los países firmantes (incluidos todos los de la UE, representados por la Comisión Europea en una negociación secreta que cede a los deseos de EEUU, Canadá, Australia o incluso Suiza) está en conflicto con las propias normativas internas de la Unión Europea y la OCDE. Ambas organizaciones "prevén restricciones en la transferencia al extranjero de datos privados como uno de los métodos para que las compañías de servicios proporcionen un adecuado sistema de protección de la privacidad a los ciudadanos de los países" miembros, explica el abogado de Wikileaks Tamir Israel.