La ONU reconoce vulneraciones de derechos humanos en el 'caso Pegasus' e insta al Estado a imponer sanciones
Una resolución emitida este martes por Naciones Unidas, que responde a una denuncia de ERC, alerta de que el espionaje masivo a líderes y activistas independentistas vulneró el derecho a "reunirse pacíficamente y participar en asociaciones".
Barcelona-Actualizado a
La ONU ha reconocido en una resolución emitida este martes las vulneraciones de derechos humanos en el caso del espionaje a líderes y activistas independentistas, como el presidente Pere Aragonès o los ex líderes de la ANC Elisenda Paluzie y Jordi Sánchez, con el programa Pegasus, conocido también como Catalangate. En el mismo escrito, Naciones Unidas ha instado al Estado español a "investigar, procesar y a imponer sanciones" para "proteger a las víctimas".
Esta resolución responde a una denuncia de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, a las Naciones Unidas en nombre de las víctimas de los republicanos y en coordinación con el resto de organizaciones afectadas por el Catalangate. En concreto, firman el escrito tres relatores de la ONU: el Relator Especial sobre cuestiones de las minorías, la Relatora Especial sobre promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y el Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
En el escrito, los relatores también expresan una "preocupación muy seria" por este "programa de espionaje extenso y bien coordinado y planificado" sobre activistas y figuras públicas independentistas. El texto denuncia que el espionaje masivo vulneró el derecho a "reunirse pacíficamente y participar en asociaciones", a "tener vida privada y privacidad en la correspondencia" y a "ser iguales ante la ley".
La resolución también presta especial atención al presunto espionaje a Van den Eynde, abogado del presidente de ERC, Oriol Junqueras, o del exconseller Raül Romeva. "Si se confirma, constituiría un ataque a la independencia de los abogados y de los defensores de los derechos humanos".
La resolución de la ONU se emitió el 24 de octubre de 2022, pero no se ha hecho pública hasta este martes, puesto que el ente dejaba 60 días de margen al Gobierno español para que respondiera. La respuesta del Estado apunta a que toda intercepción se hace "siguiendo los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico español" y "con pleno respeto a los derechos fundamentales y libertades".
Los republicanos exigen responsabilidades
Las reacciones de los distintos líderes independentistas en la resolución de la ONU no han tardado en llegar. En un tuit, Rovira ha afirmado que ERC seguirá reclamando transparencia al Gobierno sobre qué entidades gubernamentales utilizaron Pegasus para espiar, que asuma las responsabilidades pertinentes y que garantice que hechos como estos no vuelvan a producirse.
El president Aragonès también ha apuntado en un tuit que la resolución de tres relatores de la ONU "reafirma lo que han pedido al Estado desde el primer día: transparencia, responsabilidades y reparación del daño".
En un comunicado, los republicanos han dicho que esperan que esta resolución impulse a la Justicia española a dejar de entorpecer el curso de las querellas presentadas y lleve a cabo una investigación efectiva de los casos de espionaje denunciados.
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