Noticias falsas Trump se agarra a la orden presidencial contra las redes sociales para extender la cortina de humo sobre su gestión de la covid-19

El presidente de Estados Unidos Donald Trump publicó el pasado martes dos tuits con información falsa sobre el voto por correo: calificó la práctica de "fraudulenta" y acusó al gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, de estar "enviando papeletas de voto a millones de personas. Cualquiera que viva en ese Estado, no importa quién sea o cómo ha llegado allí, conseguirá una", escribió. Twitter, cuyas oficinas centrales están en California, reaccionó enseguida y puso dos señales de alerta en los mensajes, seguido de la frase: Obtén los hechos sobre el voto por correo. Era la excusa perfecta para Trump.

Estados Unidos superó el miércoles por la tarde los 100.000 muertos por la covid-19, una cifra a la que se añaden 40 millones de parados. Esa misma noche, Trump empezó a azuzar el fuego y anunció que tomaría medidas contra Twitter y ayer, poco después de las 16.00 horas en Washington, firmó la orden contra las empresas de redes sociales. Era la espesa cortina de humo para desviar la atención y para que el día en que el país superó tan trágica cifra, todo el mundo estuviera hablando de las redes sociales y del derecho a la libertad de expresión. A pesar de que la orden, aseguran los juristas, podría no tener efecto por una cuestión competencial.

La demócrata Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de los Representantes, la cámara baja del Congreso, fue de las primeras en darse cuenta de la jugada y por la mañana, en una rueda de prensa en el Congreso calificó de "tonta" la orden ejecutiva de Trump, una acción que, afirmó, no es más que "una distracción en medio de la pandemia de coronavirus". No quiso ahondar más en ello. "Deberíamos estar hablando de cómo ampliar nuestra capacidad de hacer más test. Test, test, test", dijo, como fórmula para "volver cuanto antes a la normalidad".

Trump lleva esta legislatura 18.000 aseveraciones falsas o engañosas, según el recuento del Washington Post

No cuajó. Poco después, la portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, ofreció una rueda de prensa y casi todo versó sobre la orden de Trump contra las redes sociales. McEnany negó que Trump haya mentido nunca como presidente y cuando fue preguntada sobre por qué Trump no podía ser corregido o sus informaciones sujetas a verificación, McEnany salió por la tangente: "Son los medios los que mienten y los que deberían ser verificados". Según el recuento del Washington Post, Trump lleva esta legislatura 18.000 aseveraciones falsas o engañosas.

En cualquier caso, la rueda de prensa sólo sirvió para amplificar y espesar el humo y que los 100.000 por covid-19 quedasen en un segundo o tercer plano en la agenda de la actualidad. McEnany anunció que Trump firmaría la orden antes de las 17.00 horas de Washington. Así que el humo siguió extendiéndose a medida que corría el día. Poco antes de esa hora, el presidente compareció junto al fiscal general, William Barr, en el despacho oval para firmar la medida ante un grupo reducido de periodistas.

Había que lograr que la cortina de humo opacara del todo los 100.000 muertos por covid-19 y los 40 millones de parados así que Trump fue a por todas. Firmó la orden y calificó a las empresas de redes sociales como "monopolios" y condenó la acción de Twitter de cuestionar sus dos tuits el martes como "activismo político".

Después, justificó que no cerraba su cuenta en la red social cargando contra los medios de comunicación: "Si tuviéramos una prensa justa en este país, lo haría en un abrir y cerrar de ojos", se despachó. Y concluyó acusando a las empresas como Twitter, Google, Facebook o YouTube de querer "suprimir la libertad de expresión", por lo que él y Barr trabajarían para que, quienes hagan (supuestamente) eso, dejen de recibir los dólares de los contribuyentes.

Los juristas expresan sus dudas

En principio, la orden podría provocar que las empresas de redes sociales, ante el temor de que haya represalias contra ellas por los mensajes publicados, prefieran borrar las publicaciones o bloquear usuarios, en lugar de simplemente comprobar los hechos o alertar de ciertos contenidos (por violentos, no aptos para menores, etcétera), como sucede ahora.

Sin embargo, a medida que se fueron conociendo detalles de la orden, ésta se fue inundando de sombras. Juristas consultados por la cadena ABC alertaron enseguida de que es muy probable que la reforma legal que plantea la orden sólo pueda ser realizada por el Congreso, por lo que el futuro a corto plazo de la misma queda muy en duda y la norma se expone a recursos ante los tribunales del país.

Los juristas alertaron que Trump no estaría capacitado para esa reforma legal sino que serían las dos cámaras del Congreso, el Senado y la Cámara de los Representantes 

En concreto, la orden de Trump reclama a la Comisión Federal de Comunicaciones (una agencia estatal) que endurezca la supervisión de los medios online y las redes sociales mediante la reforma del artículo 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones. Esta norma estatal, de 1996, exime a esas empresas de la responsabilidad de gran parte del contenido de sus sitios web y les da inmunidad, en aras de garantizar la libertad de expresión garantizada por la primera enmienda de la Constitución, frente a demandas basadas en el contenido publicado por sus usuarios.

Y ahí es donde está el quid jurídico de la cuestión: el presidente de Estados Unidos no estaría capacitado para reinterpretar esa parte de la ley de 1996, sino que serían las dos cámaras del Congreso, el Senado (de mayoría republicana) y la Cámara de los Representantes (controlada por los demócratas).

Otros juristas consultados por la CNN, por su parte, recordaron ayer que la orden también reclama a la Comisión Federal de Comercio (CFC) que informe sobre las denuncias de parcialidad política recogidas por la Casa Blanca y que considere la posibilidad de presentar demandas contra las empresas. Sin embargo, la CFC, argumentan dichos juristas, es una agencia independiente que no puede recibir órdenes del presidente.

En ese sentido se expresó la Unión Americana de Libertades Civiles, que aseguró en un tuit: "El presidente no tiene autoridad para reescribir una norma del Congreso con una orden ejecutiva. La Sección 230 permite la libertad de expresión, no la censura".

Jonathan Turley, un abogado republicano que testificó en el impeachment contra Trump como único testigo republicano, criticó la acción de Twitter sobre los tuits de Trump pero zanjó que "sin apoyo legislativo [del Congreso] es improbable que la orden sobre estas empresas tenga éxito", según recoge la cadena ABC.

De las grandes empresas tecnológicas, hubo reacciones de Twitter, la principal atacada por Trump en este caso, y Facebook, cuyo fundador, Mark Zuckerberg, ofreció una de cal y otra de arena en una entrevista con el medio de ultraderecha Fox horas antes de que Trump firmara la orden.

Por un lado, Zuckerberg criticó la acción de Twitter contra los mensajes de Trump: "Creo firmemente que Facebook no debería ser el árbitro de la verdad de todo lo que la gente dice en internet". Mientras que, por otra parte, también tuvo su mensaje para Trump: "No me parece que sea la reacción correcta que un gobierno censure una plataforma porque está preocupado por la censura".

Jack Dorsey defendió que la decisión de alertar sobre la veracidad de los tuits de Trump no convierte a Twitter en un "árbitro de la verdad"

El director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, por su parte, aseguró que los tweets de Trump fueron cuestionados por la red social porque "pueden hacer pensar a la gente que no necesita registrarse para votar y sólo los votantes registrados reciben la papeleta de voto" y defendió que la decisión de alertar sobre la veracidad de los tuits del presidente no convierte a Twitter en un "árbitro de la verdad".

"Nuestra intención", argumentó, "es conectar los puntos de las declaraciones conflictivas y mostrar la información en disputa para que la gente pueda juzgar por sí misma". Dorsey defendió que Twitter continuará señalando "información incorrecta o controvertida relacionada con las elecciones a nivel mundial".

Al fin y al cabo, lo que la justicia ha venido dictaminando desde 1996 es que estas empresas privadas pueden implantar reglas de funcionamiento en sus propias redes sociales, por lo que se reservan el derecho a bloquear usuarios o limitar ciertos contenidos.

El enfoque hacia los poderes públicos es diferente. En marzo, una corte federal de Nueva York resolvió que Trump no podía bloquear comentarios críticos en su cuenta de Twitter. "Excluir a la gente de un foro público bloqueando a quienes expresan opiniones críticas con un funcionario público es inconstitucional", aseguró el juez que firmó la sentencia, según recoge The Washington Post.

En definitiva, lo que Trump plantea es darle la vuelta al espíritu de la Constitución de Estados Unidos. Lo advirtió ayer Ashkhen Kazaryan, el director de libertades civiles de TechFreedom, una organización que defiende la libertad de internet. "No es así como funciona la Constitución", dijo, "la primera enmienda [sobre el derecho a libertad de expresión] protege a Twitter de Trump y no a Trump de Twitter".

Una orden presidencial contra Twitter y las empresas de redes sociales, anunciada a bombo y platillo (por Twitter, por cierto), ejecutada en 48 horas y sobre cuya constitucionalidad existen serias dudas. Mucho ruido... pero puede que muchas nueces también porque Trump consiguió lo que quería: que durante todo el jueves los 100.000 muertos por la covid-19 y los 40 millones de parados estuviesen en un segundo plano, invisibles detrás de la cortina de humo agitada por el presidente de Estados Unidos.