SANTIAGO DE CHILE. - Han pasado cinco años desde aquel 2011 en Chile marcado por las grandes protestas estudiantiles. Los manifestantes exigían educación gratuita y de calidad en uno de los países que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, se ubica en el cuarto lugar con los sistemas universitarios más caros del mundo. Además, el aporte monetario de las familias chilenas para la educación terciaria de sus hijos alcanza también un récord mundial.

Hace justo un año, la presidenta Michelle Bachelet promulgó el sistema de gratuidad, un proyecto que forma parte de la reforma educativa que la mandataria asumió como compromiso de gobierno durante su campaña presidencial y que ha comenzado a regir este 2016. El anuncio incluía, en una primera instancia, que 165.000 estudiantes pudieran estudiar gratis. Los beneficiados serían aquellos que pertenecen a los grupos de menores ingresos, es decir, las familias con un presupuesto per cápita de hasta 154.166 pesos mensuales, unos 200 euros. Un porcentaje que equivale al 50% más vulnerable del país. Sin embargo, este anuncio que en principio parecía instalarse como el triunfo de aquellas manifestaciones que ocuparon las portadas de periódicos internacionales, ha sido rechazado por el actual movimiento estudiantil.

Los jueves, ya casi como tradición, se han convertido en día de manifestación, donde participan estudiantes de secundaria, universitarios, profesores y movimientos sociales. El escenario se repite en cada convocatoria: los manifestantes toman las calles, despliegan carteles, corean cánticos y bailan al ritmo de tambores. Una puesta en escena que ni siquiera el gran despliegue de fuerzas policiales ha podido detener.

Los jueves, ya casi como tradición, se han convertido en día de manifestación, donde participan estudiantes de secundaria, universitarios, profesores y movimientos sociales

Esa era el ambiente en la última gran marcha del pasado jueves 9 junio ─con más de 100.000 personas, según los organizadores─, cuando la rotura de una tubería llevó a los estudiantes a reducir el recorrido de la manifestación. Pese a las complicaciones y el tráfico, los manifestantes ocuparon la calzada para entonar nuevamente la larga lista de demandas que aún no han sido resueltas. La imagen se instalaba como el regreso de una efervescencia que parecía apagada durante los últimos años, con la dirección y las bases luchando contra el desgaste del tiempo.

Sin embargo, y a pesar de que la protesta parecía cargada de energía y coros alegres que hacían referencia a la educación, al poco de comenzar intervinieron las Fuerzas Especiales de Carabineros, la policía chilena conocida por la extrema violencia y represión que ejerce contra las manifestaciones populares. Esta vez tampoco hubo excepción y los carabineros no dudaron en lanzar gases lacrimógenos y cañones de agua contra profesores, estudiantes y miembros de movimientos sociales que marchaban pacíficamente.

Las convocatorias de las manifestaciones corren a cuenta de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, los mismos que el pasado 24 de mayo irrumpieron en el palacio presidencial de La Moneda. Allí, después de burlar a la seguridad vestidos de turistas, entregaron una carta simbólica a Bachelet en la que se leía: “Notifíquese: Fracasaron”. Con ese gesto, el movimiento estudiantil anunciaba su regreso. Un retorno con el que, aseguran, comienza la ofensiva contra el Gobierno de la presidenta socialista.

Aunque el proyecto de reforma de la educación superior debía estar ya en el Congreso, el plazo fue cambiado para este lunes ante las críticas y la falta de apoyo de quienes, se suponía, eran los principales aliados de La Moneda. Esta reforma fijará, entre otras cosas, las reglas para la gratuidad y la manera con la que se aumentará la cobertura. Asimismo, se pretende crear una Subsecretaría de Educación Superior y reformular la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

“Esta ofensiva estudiantil es la presión que estamos ejerciendo hacia el Gobierno ya que ellos declararon que iban a enviar el proyecto de reforma al Congreso en menos de un mes. Por eso hemos llamado a una huelga indefinida a la que todas las universidades se han comenzado a sumar”, declara a Público Paloma Jorratt, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

“La movilización va en aumento. Tenemos una gran convocatoria y para el resto del año vemos que va a seguir así porque nos hemos sido escuchados"

En esa ciudad portuaria que posee varias universidades emblemáticas, la participación ha sido activa y la mayoría de los estudiantes se encuentran con las clases suspendidas. “Nuestra participación en las manifestaciones es amplia. Entre los que salen a las calles se encuentran estudiantes, profesores y funcionarios de las universidades, por lo que este es un movimiento multisectorial”, puntualiza Jorratt.

Otro de los que asegura que la ofensiva ha comenzado es Diego Arraño, estudiante del Instituto Nacional Barros Arana y portavoz de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES). “La movilización va en aumento. Ya son 97 colegios movilizados y 63 colegios a nivel nacional. Tenemos una gran convocatoria y para el resto del año vemos que va a seguir así, porque hoy no hemos sido escuchados ni los estudiantes secundarios, como tampoco el movimiento estudiantil en su conjunto”, dice en declaraciones a este diario.

Por otro lado, y frente a la urgencia del Gobierno llevar el proyecto al Parlamento, el ministro del Interior, Mario Fernández, convocó una reunión de emergencia para este domingo en el palacio presidencial, en la que participarán presidentes de los partidos de la Nueva Mayoría, conglomerado al que pertenece Bachelet; líderes de grupos parlamentarios y los integrantes de las comisiones de Educación de la Cámara y del Senado. También asistieron los ministros que integran el Comité Político y la titular de Educación. Por su parte, la Confech realizó una nueva convocatoria de movilización nacional para el próximo martes, además de una jornada familiar para el domingo 10 con el objetivo de continuar con su anunciada ofensiva.

Uno de los ministros más cuestionados durante el segundo mandato de Bachelet ha sido Jorge Burgos, militante de Democracia Cristiana (DC) que se desempeñaba en el Ministerio del Interior y que hace unas semanas renunció a su cargo. Burgos tiene un largo historial como responsable de la criticada represión ejercida contra los movimientos sociales, entre ellos el estudiantil.

El anuncio del también miembro de DC, Mario Fernández, como sustituto de Burgos ha generado una airada discusión a nivel nacional. El nuevo jefe de gabinete es un supernumerario del Opus Dei que en ministerios anteriores ha manifestado su rechazo a la píldora del día después, a la ley de divorcio y al aborto, un tema sensible que se discute durante estos días en el Parlamento chileno.

En una entrevista con el periódico chileno La Tercera en el año 2002, Fernández aseguraba que estaba en contra del divorcio “porque la Iglesia está contra el divorcio. No tengo idea de las razones teológicas, yo no soy teólogo. Creo en todo lo que dice el cardenal. Él es mi autoridad religiosa”.  Por todo ello, su nombramiento no es indiferente al movimiento estudiantil, quien ha manifestado su preocupación frente al liderazgo conservador que se instala como mano derecha de la presidenta.