En Bolivia se ha abierto un nuevo capítulo de la larga crisis política. Podemos, el principal partido de la oposición, envalentonado por el resultado en el referéndum autonómico del domingo en Santa Cruz, aprobó ayer, gracias a su mayoría en el Senado, una ley que someterá al voto popular la continuidad de Evo Morales en el cargo del presidente.

Morales aceptó el envite. 'Qué mejor que el pueblo decida sobre el destino del presidente y de los prefectos', respondió.

El presidente parte con ventaja. Sólo dejará la presidencia si se lo pide el 53,7% de la población, es decir, el equivalente al apoyo que obtuvo en las elecciones de 2005. Además, el 75% de la población de La Paz y el Alto, que son claves para el resultado, aprueban su gestión.

La mentada Ley de Referéndum Revocatorio fue planteada en diciembre, bajo otras circunstancias, por el propio Gobierno, y durmió en los cajones de la oposición durante meses. Podemos acaba de rescatar el proyecto tal cual en una jugada inesperada. La oposición considera que es una oportunidad única para debilitar al Gobierno y para reforzar al líder de su partido, el ex presidente Jorge Tuto Quiroga.

Pese a que la oposición regional descartó sentarse a dialogar hasta el 22 de junio, después de la celebración de los referéndum autonómicos en las provincias de Beni, Pando y Tarija, diferentes dirigentes han intentado encauzar la crisis política por la vía de la negociación. Ahora el escenario ha virado 180 grados.

El órdago de este partido a Morales, con la intención de que la ley diseñada por el presidente se vuelva en su contra, es una jugada que también pone en jaque a algunos prefectos de la oposición.
En La Paz, José Luis Paredes (Podemos), asumió el cargo con el 37,98% de apoyo.

Mario Cossío (Camino al Cambio), de Tarija, y Manfred Reyes Villa (Alianza de Unidad Nacional), de Cochabamba, fueron elegidos con el 45.64% y el 47,64%, respectivamente. Lo tienen difícil dentro de
sus departamentos.

Una vez aprobada la ley revocatoria, se deberá convocar los referéndum correspondientes en un plazo de 90 días. De perder la votación, el presidente convocará a elecciones generales por un nuevo período constitucional en un plazo de entre 90 y 180 días después. Morales tendrá que nombrar sustitutos para los prefectos perdedores.

Ahora, como si de penaltis se tratara, Bolivia definirá un ganador. Morales, adepto al balompié, no se arrugó ante el envite para desempatar la crisis.