Los militares que detuvieron a Zelaya quedan eximidos

El juez especial y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera, dictó hoy sobreseimiento definitivo a favor de los miembros de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, acusados de expulsar del país al depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya.

Rivera dictó "sobreseimiento definitivo" para el jefe del Estado Mayor, Romeo Vásquez, y el subjefe del Estado Mayor, general Venancio Cervantes, por los delitos de abuso de autoridad en perjuicio de la Administración Pública y expatriación en perjuicio de la seguridad.

Los cargos fueron presentados por la Fiscalía el pasado día 6, al estimar que hubo delito en la expulsión del país de Zelaya el 28 de junio pasado, tras el golpe de Estado con que fue derrocado.

También quedan sobreseídos los jefes del Ejército, general Miguel Ángel García Padgett, y de la Fuerza Aérea, general Luis Javier Prince; y de la Fuerza Naval, contraalmirante Juan Pablo Rodríguez, así como el inspector general de las Fuerzas Armadas, general Carlos Cuéllar.

"Si bien existe el indicio racional y de reconocimiento por parte de los imputados de ser los responsables de los actos que el Ministerio Público señala como criminosos, ante la falta del dolo no se ha podido acreditar la plena prueba de la comisión de delitos", dice la resolución judicial.

El magistrado indica que "al no poderse conceptualizar ninguna acción como delito, es procedente dictar el sobreseimiento definitivo correspondiente".

Rivera, que ordena entregar sus "respectivas cartas de libertad definitiva" a los procesados, afirma que en la audiencia "no se ha acreditado por la parte procesal correspondiente que los imputados hayan realizado las acciones que se señalan como punibles con evidente intención dolosa".

"Al faltar ese elemento no se pueden conceptualizar como delitos las referidas acciones", afirma.

En el fallo, Rivera recoge los argumentos de la defensa de que los militares aceptaron que "dispusieron el traslado" de Zelaya fuera de Honduras, pero "justifican que lo hicieron tomando en cuenta el gran peligro que corría el país y para proteger los bienes y las vidas de los hondureños y de los extranjeros residentes".

"Llegando a la conclusión de que en ese momento era preferible el derecho de la sociedad de vivir en paz y sin derramamiento de sangre", señala el fallo judicial, con los motivos de la defensa de los militares.