Milei elimina el organismo que investigaba el robo de niños durante la dictadura argentina

El Gobierno ultra de Javier Milei ha eliminado la Unidad Especial, que investigaba el robo de niños durante la última dictadura en Argentina, entre 1976 y 1983, por vulnerar la separación de poderes. Concretamente, el Ejecutivo ha considerado que este organismo gozaba de indagar, "por iniciativa propia, para la individualización de los responsables de posibles hechos criminales" con accesos y potestades que son contrarios a la Constitución del país.

Milei y su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, han derogado el decreto que creó, en 2004, la Unidad Especial, que investigaba el robo de niños y pertenecía a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. 

Según la organización pro derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo, cerca de 500 bebés fueron robados por la dictadura a sus progenitores, en su mayoría opositores al régimen. En muchos casos,  sostiene la organización, las madres que dieron a luz en centros clandestinos de detención y tortura, fueron desaparecidas para siempre, asesinadas o tiradas con vida al mar.

El pasado mes de mayo, este colectivo expresó su "preocupación ante la ofensiva (del Gobierno argentino) contra el trabajo de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad", fundada en 1992 bajo la Presidencia de Carlos Menem (1989-1999).

Posteriormente, hubo manifestaciones contra los despidos y ajustes que el Gobierno de Javier Milei ha tomado contra las áreas dedicadas a espacios de memoria y dependencias del Estado pro derechos humanos.

Argentina se convirtió en ejemplo internacional en el trabajo por los derechos humanos a partir de la creación de agrupaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que buscaron a sus hijos y nietos desaparecidos durante la última dictadura militar.

Además, la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, establecida por el primer presidente desde la vuelta de la democracia, Raúl Alfonsín (1983-1989), y la celebración del Juicio a las Juntas, apenas dos años después de la conclusión del régimen de facto, fueron hitos a nivel internacional. Por su parte, el Ejecutivo de Milei niega la cifra consensuada por organismos de derechos humanos de 30.000 desaparecidos y sólo reconoce 8.751.