Meloni endurece la legislación contra los migrantes con la aprobación de un cuarto decreto

El Gobierno de Italia ha aprobado este miércoles su cuarto decreto en materia migratoria. Con la nueva normativa aprobada en el Consejo de Ministros se busca facilitar la expulsión de menores no acompañados al acelerar las pruebas clínicas para verificar su edad.

Hace tan solo una semana se dio luz verde el anterior decreto de unas lista de cuatro normas que pretenden dificultar el trabajo de los barcos de las ONG, eliminar la tutela denominada "protección especial" y ampliar el tiempo de retención de los sentenciados a la expulsión al máximo permitido por la Unión Europea.

Ahora, Giorgia Meloni acelerará el análisis médico a los migrantes que se declaren menores de edad al llegar al país y, si la edad declarada no es cierta, las autoridades judiciales podrían dictar una condena por el delito de falso testimonio y, la sentencia, podrá ser sustituida por la expulsión. 

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, explicó en rueda de prensa que, en situaciones de llegadas múltiples, los migrantes que se declaren menores serán sometidos a un examen antropométrico.

"Está previsto que en el caso de que en el resultado de ese análisis la condición de ese menor sea contradicha se pueda aplicar la sanción sustitutiva de la expulsión, porque incurriría en una consecuencia penal por falsa declaración", sostuvo.

El decreto se produce en un año de gran flujo migratorio desde el norte de África a través del Mediterráneo central: 133.131 personas han desembarcado hasta hoy en las costas italianas, el doble que en el mismo periodo del 2022 (70.320) y el triple que en 2020 (45.599). Del total, este año 11.650 migrantes se declararon menores no acompañados.

Por otro lado, en casos de extrema urgencia, y ante una eventual falta de espacio en instalaciones para menores, estos puedan ser alojados en centros para adultos "de forma provisional y por un periodo no superior a los 90 días". "No disminuiremos su tutela", aseguró el ministro.

Por otro lado, la nueva legislación prevé acelerar la expulsión de los migrantes afectados por medidas judiciales por motivos de peligrosidad social y de orden público. Esto se aplicará también a aquellos que cuenten con un permiso de residencia de largo plazo.

Asimismo "se amplía la protección a las mujeres" solicitantes de asilo. Hasta ahora solo las madres con niños o las embarazadas podían acceder al Sistema de Acogida e Integración (SAI), más protegido, mientras que el resto recibían el mismo trato que los hombres. 

Cuatro decretos contra la migración en un año

El actual se trata del cuarto decreto en materia migratoria que Meloni aprueba en lo que va de año.

El primero dificultó las misiones de los barcos de las ONG asignándoles puertos lejanos para desembarcar migrantes e impidiendo más de una operación de salvamento seguida; el segundo eliminó la "protección especial", una tutela que el ordenamiento de Italia ofrece a los migrantes que no tienen derecho al asilo o a la protección subsidiaria.

El tercero, aprobado la semana pasada, alarga el tiempo de retención de los sentenciados a la expulsión hasta el máximo legal permitido por la Unión Europea, 18 meses, y prevé la apertura de nuevos Centros de Permanencia para la Repatriación (CPR).