El ministerio marroquí de Justicia y las Libertades sostiene que la niña de 16 años que se suicidó el domingo tras haber sido obligada a casarse con su violador no fue en realidad violada porque "mantenía una relación sexual consentida".

En un comunicado oficial, el ministerio contradice las palabras que ayer pronunciaron tanto la ministra de la Mujer, Basima Hakaui, como la del ministro de Comunicación, Mustafa el Jalfi, y afirma que la niña dio su consentimiento tanto para las relaciones sexuales como para su matrimonio.

"La difunta mantenía una relación sexual consentida, según sus propias palabras, que dio como resultado la pérdida de la virginidad, con la persona con la que después se casó", reza el comunicado, que en ningún momento alude al hecho de que la víctima tenía 15 años en el momento de los hechos y el hombre que la desposó diez años más.

Sin embargo, el propio padre de la menor declaró ayer mismo a la cadena pública 2M que su hija había sido forzada: "Yo quería que el violador fuera castigado y que mi hija se casase una vez adulta; desde el principio no quise este matrimonio, pero por la presión de mi mujer, la familia y el tribunal lo acepté contra mi voluntad".

Además del matrimonio forzado, una hermana de la víctima afirmó que era sometida continuamente a malos tratos por la familia de su esposo.

El ministerio de Justicia insiste en su comunicado en que se han seguido los requisitos: "los procedimientos legales han sido respetados, y la Fiscalía decidió no abrir un expediente (sobre la violación) tomando en cuenta el interés de la menor y respondiendo a su petición, la de sus padres y la de la persona con la que se casó en el marco de lo estipulado por la Ley".

Con este párrafo, el ministerio parece hacer referencia a dos artículos legales, el 475 del Código Penal y el 20 del Código de la Familia, que están estos días en el centro de la polémica.

El primero sostiene que "quien sin violencia, amenazas ni fraudes, secuestrar a un menor de 18 años será castigado con pena de 1 a 5 años (pero) cuando una menor impúber así sustraída desposa a su captor, aquél no será perseguido sino tras la denuncia de las personas cualificadas para pedir la anulación del matrimonio, y una vez pronunciada esa anulación".

En cuando al segundo, otorga al "juez de familia la facultad de casar a varón y mujer antes de la edad de capacitación matrimonial (...) por decisión motivada precisando el interés y los motivos que justifiquen este matrimonio, tras haber escuchado a los padres del menor o a su representante legal", según la traducción de la agencia oficial MAP.

Pese a los textos legales que en principio amparan a las mujeres, las tradiciones, ayudadas por la lectura de numerosos jueces conservadores tienen como resultado la persistencia de una sistemática discriminación sobre la mujer.  De todas formas, el mismo ministerio reconoce que "la investigación sobre las causas o las razones del suicidio de la menor siguen su curso".