El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que pedirá una ley que le otorgue poderes especiales y le permita gobernar por decreto para intentar acabar con la corrupción que ha afectado a su popularidad, en medio de una emergencia nacional.
El líder chavista ha detallado que impulsará 'un proceso de reforma de las leyes' y que, de ser necesario, endurecerá el texto constitucional 'para ir a un combate a fondo contra la corrupción'. 'Lo vamos a hacer', ha subrayado. 'No podemos bajar la guardia, nadie puede bajar la guardia, porque quienes conspiran contra la patria no bajan nunca la guardia', ha argumentado durante el lanzamiento de la Tarjeta Somos, celebrado en el parque Alí Primera, en Caracas. Maduro ha indicado que 'hay que estar atentos a lo que se va a anunciar en los próximos días'. 'Una putrefacción total desde el punto de vista humano y ético de los que dirigen la derecha venezolana', ha adelantado.
El fallecido Hugo Chávez, predecesor de Maduro, gobernó muchos meses a lo largo de sus 14 años de mandato bajo el amparo de las leyes conocidas como habilitantes, que le permitieron dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley sin que fuesen aprobados por la Asamblea Nacional. La última vez fue en 2010 por las lluvias torrenciales.
Desde que llegó al Palacio de Miraflores, en las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril, Maduro ha utilizado como buque insignia de su Gobierno la lucha contra la corrupción y ha sacado a la luz varios escándalos en las filas opositoras. En las últimas dos semanas 50 personas han sido detenidas en operaciones contra la corrupción, aunque las capturas no han alcanzado a ningún ministro o peso pesado del partido de Gobierno.
Para solicitar una ley habilitante el oficialismo necesita las tres quintas partes del Parlamento (99 diputados) y actualmente tiene 98 asambleístas. En su informe del año pasado, la organización Transparencia Internacional colocó a Venezuela como la tercera nación sudamericana donde se percibe más corrupción, sólo detrás de Argentina y México.
Poco después de su tercera reelección en octubre del año pasado, Chávez reconoció que la ineficiencia pública era la mayor traba para su proyecto socialista y creó un cuerpo de inspectores para investigar denuncias de corrupción y supervisar proyectos bajo la consigna 'eficiencia o nada'. Uno de los casos más sonados de corrupción se produjo en 2011 cuando millones de kilos de comida importada por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) fueron hallados podridos en contenedores en momentos en que la población se quejaba de desabastecimiento. A pesar de ello, el líder socialista gozó de gran popularidad, en parte, por la aplicación de decenas de programas sociales para los menos favorecidos que alimentó con una jugosa chequera petrolera.
La oposición, por su parte, acusa al Gobierno de aludir a la corrupción para desviar la atención de los problemas más urgentes del país, como la inseguridad ciudadana, el desabastecimiento de productos básicos y la inflación.
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