Luiz Inácio Lula da Silva no solo eligió Argentina como primer destino de viaje: se animó a viajar. A salir de Brasil. Y lo hizo poco después de una rebelión cuyos alcances todavía son desconocidos. Su apuesta es tan evidente como audaz. "Me voy porque soy el presidente y quiero mostrar que controlo el Estado", parece haber razonado.

El viaje a Argentina se produce justo cuando Lula enfrenta su principal desafío. No es el dominio del Congreso, como algunos analistas podían pensar. No son los gobernadores. No es el agronegocio, y quizás tampoco el desafío de estos días sean el poder de la gran banca brasileña y las finanzas transnacionalizadas. El reto más urgente para el nuevo gobierno es, precisamente, quién maneja el aparato del Poder Ejecutivo, de la Presidencia, los Ministerios, las Fuerzas Armadas, la Policía y la inteligencia.

Un investigador riguroso, el periodista Jefferson Miola, de Rio Grande do Sul, llegó a chequear en el primer año de mandato de Jair Bolsonaro que 3.000 militares habían sido designados en puestos estatales. No solo en el Ministerio de Defensa. También en el resto. Y sobre todo en las áreas de decisión presupuestaria y administrativa. Una plaga. El objetivo fue controlar los fierros de la maquinaria estatal.

La cifra se entiende al recordar que Bolsonaro, un capitán, era militar. Que era militar su vicepresidente, el general Hamilton Mourao. Que eran militares importantes ministros o funcionarios con un rango equivalente: el secretario de Gobierno, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, el ministro de Defensa, general Fernando Azevedo e Silva, el jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, general Augusto Heleno Ribeiro, y el ministro de Tecnología, teniente coronel Marcos Pontes. Por su parte, Luis Mandetta, ministro de Salud, fue médico militar.

A este último le reemplazó Eduardo Pazuello, un general que terminó investigado por la muerte de pacientes de la covid-19 en hospitales de Manaos debido a la falta de oxígeno. En otro movimiento de militarización, Bolsonaro desplazó al jefe de la Casa Civil (la Jefatura de Gabinete argentina), Onyx Lorenzoni, para nombrar a otro general, Walter Souza Braga Netto. Entre los civiles que acompañaron al núcleo de generales estaba el primer canciller de Bolsonaro, Ernesto Araújo, un mediocre diplomático integrista. En un papel académico sostenía, en tono de lamento, que Dios y la política se separaron en 1789. Es la fecha de la Revolución Francesa.

La presidencia de Bolsonaro fue lo más parecido a una reconstrucción del Partido Militar que pueda imaginarse en un país del Cono Sur de América.

Reestructuración completa del Estado

El antropólogo Piero Leirner sostuvo en 2021 que un grupo de generales, en actividad y en retiro, pretendía realizar una reestructuración completa del Estado para militarizarlo. "Sería una estructura de poder infiltrada en espacios del Estado, y no solo en el Ejecutivo, con el control de los canales políticos y de recursos del gerenciamiento estatal", dijo. Según Leirner, un informe del Tribunal de Cuentas reveló en julio de 2020 que ya había 6.157 militares en el Estado. El centro de comando sería el Gabinete de Seguridad Institucional. El plan habría sido colocar a Bolsonaro en el papel de incendiario para que luego el consorcio de generales pudiese ofrecerse como garantía de orden.

Al corazón del Partido Militar habría que agregarle la influencia de las milicias que controlan las favelas, el crecimiento de las policías provinciales (que tras 38 años de democracia en Brasil se llaman todavía PM, Policía Militar) y la autonomía de la Policía Federal.

La Policía Militar que quedó más expuesta fue la de Brasilia. Dejó pasar rumbo a la capital nada menos que 105 micros especialmente fletados con 3.900 pasajeros, convertidos luego en vándalos.

La Policía Federal ya había conspirado contra Lula en su primer gobierno, en el año electoral de 2006, cuando su servicio de inteligencia convirtió en escándalo político un episodio de financiación irregular de la política. En la historia quedó como Mensalao.

"Lula y la cuestión militar"

Miola escribió el 16 de enero un interesante artículo que tituló "Lula y la cuestión militar". Informó que los atentados terroristas del 8 de enero, contra las sedes de los tres poderes en Brasilia, "afectaron irremediablemente la confianza de Lula en las Fuerzas Armadas". Lula llegó a la conclusión de que las cúpulas habían sido las responsables. Jefferson Miola explicó que la prueba de esa desconfianza fue la decisión de decretar la intervención del área de seguridad del Distrito Federal en vez de convocar a los militares para defender el orden. El Ejército ya había aprestado 2.500 efectivos "para intervenir contra el caos y el desorden que el mismo Ejército había construido". Lula habría entendido que si admitía la maniobra se convertiría en un presidente fantasma.

En lugar de ceder a la extorsión disfrazada de ayuda, el presidente optó por convocar a todos los gobernadores y sacarse con ellos una foto en el Planalto, la Casa Rosada de Brasilia. Así, un mundo que ya se había mostrado solidario con la institucionalidad tuvo un elemento más de juicio en favor de Lula.

Y el último sábado el Presidente dio otra muestra de autoridad al destituir al jefe del Ejército, Julio César de Arruda. Lo reemplazó por el general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que en una ceremonia militar había dicho que "cuando votamos, tenemos que respetar el resultado de las urnas".

Además de su connivencia con los vándalos del 8 de enero, muchos de los cuales acamparon junto al cuartel general del Ejército en Brasilia, Arruda no aceptó la orden de Lula de pasar a retiro al coronel Mauro Cid, exauxiliar de Bolsonaro. Estaba pautado que Cid asumiera en febrero la jefatura del Primer Batallón de Acciones y Comandos, una unidad de operaciones especiales.

Actos de rebeldía

Los actos de rebeldía venían en ascenso desde el triunfo electoral de Lula. En la Marina por primera vez desde 1985, en democracia, el comandante saliente Almir Santos no acudió a la asunción del entrante, Marcos Sampaio Olsen.

El presidente brasileño comenzó el Operativo Limpieza por el propio Planalto. La semana pasada 84 militares fueron destituidos de los cargos que ocupaban allí. De ellos, 38 revistaban en el Gabinete de Seguridad Institucional.

"El soldado es educado para cumplir órdenes", escribió en Brasil 247 el historiador Manuel Domingos Neto. "Si no las recibe, impone su propia voluntad". Afirmó también Domingos Neto: "En Brasil, el político nunca se preparó para orientar al soldado. Así, dejó la Defensa del país en manos impropias. Al no imponerse al soldado, el político declina su obligación y deja amenazada a la democracia". En sintonía con Leirner, el historiador escribió que desde 2014, por lo menos, los militares intervienen en la dinámica política mediante sinergias con la prensa, con jueces, con religiosos, con empresarios y con las redes. Su tesis es que llegó el momento de actuar rápido y cortar ese proceso, porque será imposible hacerlo si en algún momento declina el apoyo popular.