Lugo no logra doblegar a una pequeña guerrilla

El despliegue militar no ha podido imponerse. El estado de excepción decretado hace un mes en el norte de Paraguay finalizó ayer sin que 1.300 soldados y policías pudieran arrinconar al Ejército Paraguayo del Pueblo (EPP), una pequeña guerrilla que no cuenta con más de una veintena de miembros.

El presidente, Fernando Lugo, anunció no obstante que se mantendrá la presencia militar. "Buscaremos la figura legal para que los militares permanezcan de forma permanente en la zona", dijo este fin de semana.

Lugo presentará hoy un informe de las fuerzas armadas y la Policía Nacional sobre las acciones adoptadas durante este mes. Según un comunicado del ejército, 167 personas han sido arrestadas, pero al menos 90 de ellas ya estaban en busca y captura antes de que se decretara el estado de excepción.

El suceso que provocó esta medida fue la muerte el 21 de abril de un agente y tres civiles a casi 400 kilómetros de Asunción, en una finca en los límites de los departamentos de San Pedro y Concepción.

La emboscada fue atribuida al EPP, y el Congreso, a petición previa del Ejecutivo, declaró la suspensión de garantías constitucionales tanto en estos departamentos como en los de Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes. Los gobernadores de la región apoyaron la iniciativa.

La guerrilla, que dice alinearse junto a los más desfavorecidos de la sociedad, ha sido también vinculada con el secuestro de un ganadero y con una emboscada en la que murieron dos empleados de un senador, que también resultó herido.

Esta es la primera vez que se decretaba en Paraguay el estado de excepción desde el regreso de la democracia en 1989. La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) no ha dudado en reprochar al Gobierno el uso de esta medida. Según esta organización, el estado de excepción sólo ha servido como excusa para justificar torturas y abusos.