El triunfo en mayo de 2021 del Partido Nacional Escocés (SNP) de Nicola Sturgeon ya presagiaba una dura batalla entre Edimburgo y Londres para convocar un segundo referéndum sobre la independencia escocesa. El Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó este miércoles que el Parlamento autónomo de Escocia no tiene competencias para convocar un referéndum de independencia consultivo sin el consentimiento del Gobierno de Londres.

Así lo ha indicado el magistrado Robert Reed al exponer el veredicto, afirmando que se trata de "un dictamen unánime, al que se ha dado prioridad". El juez recalcó que el veredicto "redunda en el interés público" y que "no se trata de una decisión política" sobre la independencia. Según sus declaraciones, el Parlamento escocés "no tiene potestad para legislar sobre un referéndum de independencia de Escocia", ya que se trata de "asuntos reservados al Parlamento británico, como la Unión entre Escocia e Inglaterra".

Sturgeon ya había anunciado en agosto del pasado año, apenas tres meses después de su victoria en las elecciones, un acuerdo de poder compartido junto al Partido Verde, centrado en la convocatoria de un nuevo referéndum de independencia. En 2014 se celebró otra consulta pública en el que los escoceses votaron por seguir en el Reino Unido por claro margen.

En junio de este año, la primera ministra escocesa anunció que el país celebrará un nuevo referéndum sobre la independencia del Reino Unido el 19 de octubre de 2023, poniendo fecha por primera vez. La consulta presentaría la misma pregunta que en 2014: "¿Debe Escocia ser un país independiente?". Tras este anuncio, la mandataria ya había declarado que la convocatoria a las urnas se realizaría dentro de la "legalidad" y la constitucionalidad", pero no necesariamente con el consentimiento de Londres.

Entre sus argumentos, Sturgeon sostiene que el brexit ha cambiado las condiciones en las que los escoceses quieren seguir formando parte del Reino Unido, por lo que defiende una nueva consulta. 

El Supremo entiende que la consulta que el Gobierno del SNP quiere celebrar en 2023 "tendría consecuencias políticas importantes", y, por lo tanto, "reforzaría o debilitaría la fortaleza democrática de la Unión y apoyaría o socavaría las credenciales democráticas" de la causa independentista.

El juez recordó que el partido gobernante aludió al derecho de autodeterminación y a la legislación internacional, y que esto solo es factible en el caso de excolonias o pueblos que son oprimidos por la ocupación de una fuerza extranjera.