LONDRES.- El líder de la oposición laborista británica, Jeremy Corbyn, afirmó este sábado que un Gobierno bajo su partido prohibirá que las empresas paguen dividendos a los accionistas a menos que sus empleados reciban un salario mínimo digno.

El político izquierdista, elegido el pasado septiembre, criticó que muchos de los beneficios generados por el crecimiento económico británico han sido para las clases más favorecidas de la sociedad.

Corbyn explicó su estrategia para atajar las desigualdades salariales en el Reino Unido en un discurso pronunciado hoy en el think tank (grupo de pensamiento) Sociedad Fabiana. El salario mínimo en el Reino Unido se sitúa en 6,70 libras (8,71 euros) la hora, pero la llamada Fundación del Salario de Vida, una organización que hace recomendaciones sobre sueldos, pide que se sitúe en 8,25 libras (10,7 euros) la hora. Se estima que unos seis millones de trabajadores en el Reino Unido reciben menos que la cifra recomendada por esa fundación.

"Sólo los empleadores que generan beneficios pagarán los dividendos, (pero) si dependen de mano de obra barata para obtener esos beneficios, entonces creo que se plantea el interrogante de si es un modelo de negocio sobre el que deberíamos hacer la vista gorda", señaló Corbyn en relación a la necesidad de tomar medidas contra esa situación, que considera es de desigualdad.

"Mucho de los beneficios del crecimiento se han acumulado en los que están en lo más alto (de la sociedad)", añadió. "Una sociedad más igual no sólo es más justa, sino que rinde mejor en cuanto a estabilidad económica y creación de riqueza", dijo.

Los comentarios de Corbyn fueron criticados por Matthew Fell, directivo de la Confederación de la Industria Británica (CBI), que consideró que se trata de una "importante intervención" si los políticos se "meten" en la relación entre una compañía privada y los accionistas, por lo que esa organización —dijo— no apoyará a Corbyn.

El líder laborista también reiteró su promesa de volver a nacionalizar los ferrocarriles británicos, que fueron privatizados por la ex primera ministra conservadora Margaret Thatcher.