Las lecciones que Los Ángeles puede aprender de las reformas de Newark tras décadas de abuso policial

Cuando en 2020 las cadenas estadounidenses televisaron la muerte de George Floyd a manos de la Policía de Mineápolis, el mundo se convirtió en testigo del racismo sistémico que durante décadas ha azotado a la comunidad negra de EEUU. En días y semanas posteriores, y a pesar de la amenaza por la covid-19, una oleada de protestas recorrió el país de costa a costa.

Los disturbios también se apoderaron de las mismas calles de Los Ángeles donde, en 1992, manifestantes y fuerzas del orden protagonizaron violentos enfrentamientos en protesta por la paliza que la Policía de Los Ángeles (LAPD) le había propiciado días antes a un ciudadano negro, Rodney King. En los últimos tres años, con la pandemia como telón de fondo, se han ido afianzando las voces que exigen reformas urgentes e incluso el desmantelamiento y la abolición de la Policía angelina para acabar con el racismo institucionalizado. Estas voces han cobrado aún más fuerza tras la muerte a manos del LAPD de Keenan Anderson, primo de la cofundadora de Black Lives Matter, hace unas semanas.

Pantallazo de la cámara corporal de un agente de la policía de Los Ángeles que muestra a Akeena Anderson sentado en el suelo. — Policía de Los Ángeles

Pero la búsqueda de modelos policiales eficaces que puedan inspirarle al LAPD a reconsiderar el uso de sus polémicas tecnologías predictivas, erradicar el uso excesivo de la fuerza e implementar nuevas y saneadas prácticas presenta desafíos sobre los cuales expertos y activistas no se ponen de acuerdo. ¿Podrían, sin embargo, las reformas estructurales realizadas por el Departamento de Policía de Newark (Nueva Jersey) en 2016 alzarse como un modelo a seguir a nivel nacional?

No hay seguridad pública sin participación ciudadana

"Newark es una ciudad lo suficientemente pequeña como para crear un modelo que la gente pueda venir a ver y replicar", asegura en entrevista con Público Aqeela Sherrills, consejero sénior del Colectivo de la Casa Blanca para la Intervención Comunitaria ante la Violencia.

Curtido entre el fuego cruzado de las pandillas californianas, Sherrills facilitó una tregua permanente entre bandas criminales rivales en Los Ángeles en 1992. Posee una visión reformista del aparato policial, quizá porque él encarna los cambios que le gustaría ver en las fuerzas del orden. Tras una larga etapa como pandillero, se alzó como un respetado activista por la paz y por la abolición de la pena de muerte. A caballo entre la costa este y oeste de EEUU, sus ideas han culminado en programas adoptados en distintas ciudades del país. También en Los Ángeles y Newark.

"La seguridad no es la ausencia de la violencia, sino la presencia del bienestar y de una infraestructura de apoyo"

"¿Necesitamos policías? Absolutamente", asevera. "Pero la seguridad [pública] no es solo la ausencia de la violencia y del crimen. También es la presencia del bienestar y de una infraestructura que apoye a las víctimas y a la gente que sobrevive con lesiones".

La visión de Sherrills integra la participación del "público" y la actividad policial en un modelo de cooperación y comprensión dirigido a restaurar la confianza entre agentes y ciudadanía. "No puede haber seguridad pública sin el público", afirma.

Señala, además, que cualquier estrategia para combatir la violencia debe abordar la pobreza y el trauma enquistado en barrios marginales, y que igualmente importante es dar apoyo psicológico tanto a estas comunidades como a los agentes que, fruto de su ejercicio policial, están expuestos a experiencias traumáticas.

Estas ideas constituyen la piedra angular de The Newark Community Street Team (NCST), una iniciativa implementada en 2014 por el alcalde de Newark, Ras J. Baraka, que sitúa a la comunidad en el centro de la seguridad pública y donde el termómetro de dicha seguridad es el bienestar de la ciudadanía, no la cifra de crímenes o arrestos. El programa recluta a expandilleros como Sherrills como figuras mediadoras en conflictos. El objetivo: reducir la presión sobre la Policía y fomentar la cooperación entre agentes y residentes.

Según Sherrills, un indicador de que el modelo de seguridad pública comunitario ha germinado favorablemente es la multitudinaria manifestación pacífica en las calles de la ciudad tras la "ejecución pública" de Floyd en 2020.

"Cada vez que alguien amenaza con quemar la comisaría de Policía, ¿sabes quién está ahí como primera línea de defensa para proteger a la Policía de los provocadores? La comunidad", asegura el activista.

Newark: Un pasado policial turbulento

Sin embargo, no siempre existió este clima de aparente cordialidad en Newark. De hecho, la ciudad ha sido durante décadas uno de los principales epicentros de la violencia policial en EEUU. La espiral de violencia en Newark alcanzó su punto álgido en 1967 –en pleno Movimiento por los Derechos Civiles liderado por el Partido Pantera Negra (Black Panther Party)– con disturbios que culminaron en más de una veintena de muertes, cientos de heridos y daños materiales por valor de diez millones de dólares. El motivo: la paliza que dos policías blancos le propinaron a un taxista negro.

La espiral de violencia alcanzó su punto álgido en 1967 tras la paliza de dos policías blancos a un taxista negro

Tuvieron que pasar casi 50 años para que el Gobierno Federal decidiera actuar. Y lo hizo en respuesta a una petición de la Unión Americana de las Libertades Civiles de Nueva Jersey (ACLU-NJ), que, en septiembre de 2010, presentó un detallado informe con más de 405 quejas por abuso policial en los dos años y medio previos, incluyendo palizas a detenidos, arrestos injustificados, así como discriminación y represalias contra los agentes que elevaban quejas a sus superiores, incluyendo por agresión sexual.

"El Departamento de Justicia de EEUU (DOJ) realizó una investigación y, sin que debiera sorprenderle a nadie, concluyó que se habían producido violaciones generalizadas de los derechos civiles por parte del Departamento de Policía de Newark", explica en entrevista con Público Jim Sullivan, un exreo y ahora subdirector de desarrollo de medidas políticas de la ACLU-NJ.

Ante estos hallazgos, el DOJ invocó una ley federal de 1994 que le autoriza a intervenir un departamento de Policía cuando se demuestran "prácticas" o un "patrón" de violaciones de los derechos constitucionales de los ciudadanos. La intervención se tradujo en un acuerdo vinculante (consent decree) entre el Gobierno de Barack Obama y la Alcaldía de Newark en 2016, que obligó a la policía a realizar reformas estructurales sujetas a supervisión judicial y federal en un plazo de cinco años.

Reformas policiales en Newark: bajo la lupa

Desde entonces, la Policía de Newark ha incorporado cámaras en los uniformes y vehículos policiales, y ha desarrollado políticas antidiscriminatorias que prevengan los registros o arrestos injustificados motivados por los posibles prejuicios de los agentes. Cada año, la plantilla participa en jornadas de formación sobre las nuevas políticas policiales y la legislación vigente, incluyendo la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU, que protege la libertad de expresión y el derecho de un ciudadano a observar y grabar la actividad policial. Además, se han redoblado los esfuerzos dirigidos a educar a los agentes en el uso de la fuerza, y se ha diseñado un protocolo para que estos incidentes sean elevados a instancias superiores sin temor a represalias.

Sin embargo, el proceso de cambio ni está siendo lineal ni está exento de retos. El desafío inicial fue cómo formar a los agentes sobre las nuevas políticas sin dejar las calles vacías de policías.

"Aunque firmamos el acuerdo en 2016, en realidad no empezamos a implementar las políticas hasta 2018", cuenta en entrevista con Público Leonardo Carrillo, capitán de la Policía de Newark y comandante del Decreto Vinculante y de la División de Planificación.

Algunos cambios están a plena vista, como la renovación de la plantilla. Ahora, más de la mitad de la fuerza laboral la integran agentes jóvenes que se sumaron al departamento bajo una nueva cultura policial. La contratación de policías negros también ha ido al alza. En 2021, estas cifras se acercaron a los datos demográficos de Newark, donde el 45.9% de la población es negra, según un informe del Centro de Análisis Político e Investigación difundido en junio de 2022.

Desciende el uso excesivo de la fuerza

Los avances más notables se han registrado en el uso excesivo de la fuerza. Según datos facilitados por Carrillo, de las 88 quejas externas recibidas en 2010, se pasó a 23 en 2018, 22 en 2019, 34 en 2020 y 24 en 2021, un descenso sostenido que él achaca a las jornadas de formación anuales que ahora reciben los agentes, las cuales no se impartían cuando él se sumó a las fuerzas del orden de Newark en 1998.

Menos prometedoras, en cambio, son las estadísticas difundidas en el portal web de la agencia policial. De los 453 incidentes en los que se recurrió al uso de la fuerza en 2020, 79 personas acabaron en el hospital. En 2021, estas cifras fueron 415 y 187, respectivamente. Y entre enero y octubre de 2022, alcanzaron 301 y 122, respectivamente. Tanto para el uso de la fuerza, como en los registros, cacheos y búsquedas, la comunidad negra fue la principal perjudicada entre 2018 y octubre de 2022.

Pero el momento más oscuro desde la entrada en vigor del acuerdo federal llegó el 1 de enero de 2021. Tras un año sin que la Policía efectuara un solo disparo, un agente encubierto sobre el que ya pesaban acusaciones de abuso policial, Rod Simpkins, mató de un balazo a Carl Dorsey III, un hombre negro que se encontraba desarmado. El incidente, recogido por una cámara de seguridad cercana, muestra al policía abrir fuego sin que existiera un peligro inminente para su vida.

"Los policías de encubierto siguen teniendo la reputación de ser abusivos y recurrir al uso excesivo de la fuerza", dice a Público Baba Zayid Muhammad, activista, fundador de la Coalición Antiviolencia de Newark y miembro de las Comunidades de Newark por la Responsabilidad Policial (N-CAT). "El Gobierno federal puede todavía fortalecer un componente específico de los acuerdos vinculantes: responsabilizar a la policía de sus acciones".

Procedimientos disciplinarios y límites legislativos

El decreto obliga al departamento a realizar auditorías externas e internas, así como a abrir procedimientos disciplinarios a policías a partir de quejas que se originan dentro y fuera del departamento. Carrillo asegura que las auditorías están siendo una herramienta clave para identificar las áreas problemáticas y adoptar medidas.

Fruto, quizá, de estos esfuerzos, se pasó de 221 y 324 policías sancionados en 2018 y 2019 respectivamente, a un total de 5 en 2020 y 2021.

Para Muhammad, sin embargo, el proceso disciplinario está fallando cuando un policía con un "historial de abuso policial documentado" que ha sido previamente denunciado por la ACLU no modifica su conducta y mata a un hombre inocente.

Inmunidad judicial para policías

En 2022, la familia de Dorsey emprendió acciones legales contra Simpkins, la ciudad de Newark y el Departamento de Policía. Pero el caso se enfrenta a un obstáculo prácticamente insalvable: la inmunidad cualificada, un cortafuegos impuesto por el Tribunal Supremo de EEUU que blinda de cualquier responsabilidad al Gobierno y a los policías en ausencia de jurisprudencia reiterada.

"Un querellante tendría que demostrar que existe otro caso donde un tribunal denegó la inmunidad cualificada ante hechos idénticos o casi idénticos. Y eso es casi imposible de lograr", asegura Sullivan, de la ACLU.

A este impedimento judicial se suma la falta de transparencia por parte de los departamentos de Policía de Nueva Jersey.

"Somos de los pocos estados del país donde los expedientes disciplinarios policiales son completamente secretos", asegura a Público Jennifer Sellitti, abogada penalista de la Oficina del Defensor Público de Nueva Jersey. "Hace un par de años, Nueva Jersey aprobó una ley que exige a los departamentos de Policía publicar conductas indebidas graves... las cuales acarrean un mínimo de cinco días de suspensión. Pero eso no significa tener acceso a todo el historial disciplinario".

Cuenta la letrada que incluso en estados conservadores como Florida, Alabama y Georgia los expedientes policiales son de acceso público. En los últimos años, California ha realizado avances en este sentido, pero todavía va rezagada.

Ante estos obstáculos, Sellitti sostiene que, en ausencia de medidas legislativas que impulsen la transparencia, el impacto de cualquier reforma policial en Newark será limitado. "Sin que pueda averiguarse si los agentes están cumpliendo las nuevas leyes que se están creando, las leyes con frecuencia carecen de colmillo".

Las lecciones que aporta Newark

Desde su ascenso al poder en 2014, el alcalde de Newark, Baraka, ha priorizado la participación ciudadana en el proceso de cambio. En paralelo al decreto federal, ha abanderado el modelo comunitario de Sherrills, el cual ha contribuido a reducir la cifra de crímenes, según un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles. También ha secundado programas como Trauma to Trust, que tiende lazos entre policías y ciudadanos mediante diálogos en torno al trauma. Y ahora, en vez de enviar policías a abordar crisis mentales, acuden trabajadores sociales y psicoterapeutas.

Pero el liderazgo político de Baraka tiene límites y se disuelve frente al enorme poder y la influencia de los sindicatos policiales. Anticipando el fin del decreto y de la supervisión federal, Baraka creó un Comité Civil de Supervisión de Quejas (CCRB) con la autoridad para investigar abusos policiales, citar y disciplinar a los agentes.

Ahora, en vez de enviar policías a abordar crisis mentales, acuden trabajadores sociales y psicoterapeutas

"Los sindicatos recurrieron a los tribunales, y el sistema judicial estatal les dio la razón", explica Muhammad. "[El Tribunal Supremo de NJ] dijo que los CCRB no pueden tener ese tipo de autoridad... sin que la legislatura se la dé a la comunidad".

El activista adelanta que el siguiente objetivo será afianzar el poder de la ciudadanía, mientras lamenta que con el decreto federal se han logrado "reformas muy modestas" y "un éxito modesto". Sullivan, por su parte, sostiene que el decreto es "un paso en la dirección correcta", pero descarta "que este modelo pudiera funcionar" en Los Ángeles.

De hecho, la ciudad californiana ya estuvo bajo decreto federal de 1999 a 2009, pero el impacto de las reformas se disipó en los años posteriores a la disolución del acuerdo.

Por eso, la lección más destacable que quizá pueda extraerse del modelo de Newark sea el acercamiento y la nueva dinámica construida entre la comunidad y la policía.

"Poder interactuar con la comunidad de manera creativa y constructiva creo que nos ha ayudado a cerrar el hueco que existía antes del decreto", concluye Carrillo.

*Esta serie en periodismo de soluciones está financiada por Público y el LA Press Club.