BUENOS AIRES.- El fallido intento de arrestar este juevs a la líder de la asociación argentina Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, tras ser declarada en rebeldía por no declarar ante la Justicia dio pie al kirchnerismo un acto de apoyo a octogenaria dirigente, con fuertes críticas al Gobierno de Mauricio Macri. "Vamos a seguir en esta posición inclaudicable de no dejar que sigan avanzando sobre nosotros. Ya demasiado hicieron en siete meses. Así que, Macri, pará la mano", dijo Bonafini ante centenares de militantes políticos y de organizaciones humanitarias concentrados a las puertas de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

Allí, a pocos metros del Parlamento, se montó un improvisado mitin político del kirchnerismo, tras varias horas de idas y venidas de Bonafini, que hoy, en una segunda citación judicial, se negó a acudir a los tribunales en una causa por presunto fraude al Estado.

"Es inentendible que este partido judicial, brazo ejecutor del macrimismo, esté poniéndonos en un lugar tan bajo a nivel internacional. Lo tienen que pensar dos veces antes de firmar estas órdenes de detención vergonzosas", dijo en el acto el diputado Andrés Larroque, dirigente de la agrupación kirchnerista La Cámpora. 

También el exministro de Economía y diputado kirchnerista Axel Kicillof culpó al Gobierno de Macri por lo que calificó como una "persecución" a los "luchadores populares". "Si el Gobierno de Macri espera usar el terror para imponer el ajuste, se va a encontrar del otro lado a un pueblo que no va a resignarse", advirtió Kicillof, acompañado también por dirigentes sindicales y de movimientos sociales.

El mitin fue el colofón de una jornada que se inició con la decisión de Bonafini de no presentarse en la mañana ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la causa conocida como Sueños Compartidos, que investiga un supuesto fraude al Estado a través de un programa dedicado a la construcción de viviendas sociales y administrado por la Fundación de las Madres de la Plaza de Mayo.

Quien dirige desde 1979 a una de los ramas en que están divididas las Madres de Plaza de Mayo -mujeres que reclaman por sus hijos desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983)- envió hoy una carta al juez, en la que aseguró que hace casi 40 años padece "agresiones" de la "mal llamada Justicia".

En un escrito, Bonafini explicó que, desde 1977 y 1978, cuando sus dos hijos y su nuera fueron hechos desaparecer, inició el "calvario" de una "constante peregrinación por los juzgados" y que sintió siempre "la misma ignominia, la misma indiferencia" de la Justicia.

El magistrado emitió luego una orden de allanamiento a la sede de la asociación a los fines de proceder a la detención y la policía llegó al lugar cuando Bonafini y sus compañeras se disponían a salir hacia la Plaza de Mayo, donde cada jueves, desde 1977, hacen un breve acto para reclamar por los desaparecidos.

Cientos de argentinos apoyan a la presidenta de la asociación argentina Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini. EFE/Alberto Ortiz

En medio de la confusión con la policía y ante una gran presencia de militantes, Bonafini y sus compañeras salieron del lugar, se subieron a un vehículo y se dirigieron a la Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo argentino.

Allí, Bonafini dio un breve discurso, leyó la carta enviada al juez y habló con la prensa, rodeada de cientos de militantes y también de dirigentes del kirchnerismo que se hicieron presentes para expresarle su apoyo. "Nos quieren hacer desaparecer, pero aunque nos maten vamos a seguir luchando", aseveró De Bonafini, quien aprovechó para reafirmar a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) como su "única conductora".

Tras su paso por la Plaza de Mayo, nuevamente se montó en un vehículo de regreso a la sede de las Madres, rodeada de militantes, momento en que el juez dictó contra Bonafini, de 87 años de edad, una orden de captura y la prohibición de salir del país.

En el marco de la causa que lleva adelante, Martínez de Giorgi ha citado a otras 42 personas, varias de ellas figuras políticas y altos cargos de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández para determinar si hubo connivencia con funcionarios públicos para gestionar y obtener "ilegítimamente" fondos estatales para la construcción de las viviendas.