Kuwait es una pequeña nación bañada en oro, o, mejor dicho, en oro negro. La fortuna de este emirato de apenas cuatro millones de habitantes procede en gran parte del petróleo, en concreto, por poseer el 8% de las reservas petroleras del mundo.

Para la mayoría de ciudadanos kuwaitíes la pobreza no es un problema. Sin embargo, esta parte de la población es minoritaria (tan solo 1,47 millones son nacionales de Kuwait), ya que este país tiene un altísimo nivel de migración.

Una población de migrantes

Según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (en sus siglas, OIM), el 70 % de su población está integrada por expatriados de países de la región árabe, del sur y sudeste de Asia, y del continente africano; que trabajan predominantemente en el sector de la construcción y la industria de servicios.

El gobierno de Kuwait no otorga ciudadanía legal a extranjeros, excepto en "casos muy raros". Esto se traduce en que la movilidad por trabajo temporal sea la forma más predominante de migración, especialmente desde países del sur de Asia.

Aparte de este grupo, también existe una numerosa población de personas que sí han nacido en el país pero son considerados apátridas. Se trata de la población bidun (proveniente de bidun djinsiya en árabe, que significa "sin nacionalidad"), y se encuentran en un limbo entre ser considerados nacionales y extranjeros. 

El perjuicio nacional que ya se tenía contra los bidunes aumentó en 1991 durante la invasión iraquí, cuando algunos bidunes se pusieron del lado de Irak. Se calcula que esta población ronda las 100.000 personas, según una estimación de Amnistía Internacional (AI). 

No todos los bidunes son iguales

Los apátridas no tienen acceso a los servicios públicos kuwaitíes. Tampoco los hijos e hijas de un bidun. Debido a esto, las familias se ven obligadas a pagar la escuela privada, cuya calidad varía en función de lo que puedan pagar.

Pero esto no se aplica en todos los casos. En una conversación con Público, el experto en Europa y Oriente Medio y portavoz de AI Carlos de las Heras desglosa "tres escenarios" diferentes en la comunidad bidun –todos ellos apátridas– con pocos o menos privilegios.

El primero corresponde a los descendientes de beduinos y tribus, la mayoría de ellos. "En este caso, sus antepasados no pudieron documentar los requisitos necesarios para demostrar su lugar de nacimiento en el momento en el que se declaró la independencia de Kuwait", comenta De las Heras.

Una segunda clasificación pertenece a gente que llegó a Kuwait de otros países para alistarse en el Ejército y en otros cuerpos armados. "Sí es cierto que se les registró como bidunes, pero no se les facilitó hasta hace unos años el documento de nacionalidad kuwaití", comenta el portavoz. En ese caso, a los descendientes de aquellos miembros de las Fuerzas Armadas las autoridades sí les están facilitando la nacionalidad y el acceso a la educación.

El tercer caso es el de los niños cuyo padre es bidun pero de madre kuwaití, ya que la nacionalidad kuwaití se transmite a través del padre y no de la madre. Según recoge un informe de Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB), estos niños pueden acceder a la educación pública "hasta los 18 años". Una vez alcanzada esa edad se elimina el derecho y comienzan a ser considerados como bidunes. 

Con esta nueva denominación son tratados como "residentes ilegales" y automáticamente pierden su derecho, por ejemplo, a la educación superior. Asimismo, están potencialmente sujetos a deportación si no obtienen un permiso de trabajo y empleo, algo que se plantea difícil desde un primer momento.

"El Gobierno de Kuwait les niega la documentación esencial, incluidos los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, así como el acceso a escuelas públicas gratuitas y oportunidades para trabajar legalmente", relata otro comunicado de Human Right Watch (HRW), que lleva denunciando este problema desde 2011.

A pesar de las innumerables promesas de Kuwait de reconocer a esta población, ya han pasado más de 30 años y el Gobierno sigue haciendo caso omiso, tanto a las recomendaciones como a las ya aplicadas sanciones. 

Dependen del mercado privado

"No tener acceso a los servicios públicos conlleva a una desigualdad frente al resto de niños y niñas de Kuwait, que se tienen que pagar una educación privada. Esa educación, en primer lugar, no está disponible a todas las familias, porque la comunidad bidun tiene un poder económico mucho menor", señala de las Heras.

"Por otro lado, les obliga a recibir una educación privada de peor calidad. Esa es la mayor preocupación", añade. "En consecuencia, algunos niños y niñas bidun no reciben educación y pueden terminar trabajando en la calle para ayudar a mantener a su familia". 

Hasta 2014, los bidunes no podían acceder a la universidad, independientemente de si fuese pública o privada. Una discriminación que llega hasta la actualidad, ya que, en el caso de que se les ofrezca una plaza, debe obtener una media de calificación del 90% además de una autorización de las autoridades kuwaitíes.

Suicidio por frustración

La frustración que provoca la discriminación para conseguir papeles, vivir en la pobreza, y una continua persecución social durante décadas ha llevado a muchos jóvenes bidunes al suicidio. Uno de los casos más recordados y denunciados por los organismos internacionales es el de Ayed Hamad Med' ath, un joven bidun kuwaití de 20 años de edad cuyo testimonio ha recogido ADHRB.

Ayed acabó con su vida al no poder soportar ser rechazado para otro empleo, una vez más por su condición jurídica de apátrida. Según describe el testimonio, "las autoridades negaron repetidamente al joven la documentación civil que constituye la base necesaria para poder conseguir un empleo o acceder a la educación y los servicios públicos".

En lugar de tomar la muerte como un motivo de gran peso para cambiar un sistema discriminatorio, el Ministerio del Interior rechazó toda responsabilidad por su muerte, y atribuyó el hecho a la "adicción del joven a las drogas", así como a sus "actividades delictivas".

A la espera de que se solucione la apatridia de los bidunes, cuyo futuro la mayoría de expertos concuerdan en que parece lejos de resolverse, uno de los gestos que podrían mostrar un gran avance es el acceso a la educación primaria gratuita y universal, tal y como dice el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.