BOGOTÁ.- Por primera vez desde que en 2007 se destapara el escándalo de los asesinatos de civiles inocentes por parte del Ejército, denominados “falsos positivos”, se enjuicia en Bogotá y Medellín a la totalidad de altos jefes de una unidad del Ejército, el Batallón Nel Ospina de la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín, a los que se acusa de centenares de asesinatos, más de 70 solo en un año.

Durante el juicio se ha conocido que decenas de muertes, que parecían aisladas en la región de Antioquia, formaban parte de un maquiavélico plan del Batallón, que asesinaba a sangre fría en diferentes lugares a personas inocentes, cuyas bajas eran presentadas como éxitos en la lucha contra la subversión.

La forma de operar de los miembros del batallón era siempre la misma. Se localizaba a personas indefensas, se las secuestraba, se las llevaba a zonas despobladas, las asesinaban, les ponían armas al lado de los cuerpos En ocasiones las disfrazaban como guerrilleros, y las reportaban como bajas en combate. Entre los muertos, los más diferentes orígenes: desde jóvenes sin trabajo a los que se llevaba a un lugar distante de su domicilio para ofrecerles supuestos trabajos, hasta simples campesinos de las veredas o incluso discapacitados. A todos se les atraía con engaños hasta zonas próximas al batallón antes de ultimarlos.

El origen del juicio contra los coroneles ha sido la confesión de soldados y suboficiales presionados por sus superiores y atraídos por futuros permisos y recompensas para que mostraran resultados “positivos” incrementando las víctimas de supuestos combates.

La revista Semana, reproducía en su última edición la declaración de uno de estos militares sobre el asesinato de cuatro hombres que fueron llevados con engaños hasta el Batallón. “Les dijeron que corrieran y a los pocos metros les dispararon. Uno de ellos cayó por un barranco. Los uniformados los dieron por muertos a todos". Horas más tarde llegó al lugar de los hechos una comisión militar en la que iba una jueza para verificar las bajas producto de “un enfrentamiento con la guerrilla”. Ante la sorpresa de todos, el hombre que había caído por el barranco comenzó a gritar que estaba vivo y a pedir ayuda. Sin problema, los uniformados que le habían disparado se acercaron al borde del barranco y lo remataron. “Yo no ví nada” dijo la jueza militar.

El Ejército, con la complicidad de algunos sectores del Gobierno de Santos, trata de que los más de 3.000 casos de “falsos positivos” pendientes de juicios que implican a miles de militares, pasen a la jurisdicción penal militar antes de que lleguen a las más altas cabezas del estamento militar, lo que en la práctica significaría una impunidad a la que se oponen las ONG de Derechos Humanos y la propia Corte Penal Internacional.

Precisamente el coronel Ávila, comandante del Batallón Nel Ospina de la IV Brigada, y ahora sentado en el banquillo como criminal, fue nombrado Director de la Justicia Penal Militar, después de ser condecorado en 2009 por haber sido campeón en “Bajas enemigas” de todo el Ejército Nacional.