Juezas en el exilio y criminales fuera de prisión: la agónica huida de las juristas afganas

Ser jueza nunca fue una profesión segura en Afganistán. Antes de que la bandera del autoproclamado Emirato Islámico de Afganistán ondeara sobre cada edificio gubernamental de Kabul, Gulalai Hotak, una de las 270 juezas del país, ya recibía amenazas diarias por ejercer su profesión. "Nuestro día a día era muy complejo, para hombres y mujeres. Recibíamos cartas con amenazas todos los días", recuerda.

Durante los dos años anteriores a la llegada de los talibanes al poder, las amenazas se multiplicaron. En septiembre de 2021, cuando la frágil democracia afgana cedió ante los fundamentalistas, las puertas del juzgado se cerraron definitivamente para Gulalai y para sus compañeras. Simultáneamente, se abrían las de las cárceles en las que cumplían condena los hombres a los que juzgaron.

"Los jueces, fiscales y abogados que lucharon por los derechos humanos en Afganistán siempre fueron objetivo de los talibanes, y sus vidas y las de sus familias corren peligro", denuncia. Ahora, ella y otras 20 juristas afganas residen en España, donde lograron el asilo político tras la presentación de un procedimiento de urgencia de las organizaciones 14Lawyers, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Organización Internacional de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (MEDEL).

Durante los últimos cuatro años de su carrera, Gulalai ejerció como jueza en la Sala de Familia, Violencia contra la Mujer y Civil, desde donde juzgaba casos de violencia machista y de matrimonios forzados. "La errónea interpretación del islam jamás les llevará a aceptar que las mujeres formen parte activa del derecho", explica.

Tampoco, que las mujeres en matrimonios forzosos pudieran acceder al divorcio, que algunas de ellas solicitaban cuando sus maridos, a menudo talibanes o seguidores de estos, entraban en prisión. Gulalai narra cómo incluso se han producido asesinatos de mujeres dentro de los juzgados a los que acudían a denunciar.

Dos juezas asesinadas

"Los abogados, jueces y fiscales involucrados en este tipo de casos recibían amenazas directas de los condenados que estaban en prisión. Les decían que en cuanto salieran, tomarían represalias", denuncia. Dicho y hecho, dos de estas juezas y compañeras de Gulalai, fueron asesinadas en enero del pasado año frente a las puertas de la Corte Suprema de Kabul. Por el momento, la organización 14Lawyers data en 24 los asesinatos de fiscales y fiscalas desde la instauración del régimen teocrático.

Las 21 juristas llegadas a España saben bien de lo que son capaces los talibanes porque ellas estuvieron ahí, tras el estrado, juzgando sus crímenes, defendiendo a las víctimas, y acusando a quienes incumplían la Constitución de 2004, convertida en papel mojado tras 17 años de vida.

La OTAN no consolidó los avances en derechos humanos

Las dos décadas de presencia de la OTAN en el país con la misión Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad de Afganistán (ISAF), no sirvieron para consolidar los avances logrados en materia de derechos humanos y libertades individuales. La periodista Mónica Bernabé, en su libro Afganistán, crónica de una ficción (2012) relata cómo el Gobierno afgano en realidad nunca llegó a tener un control real de su territorio. Su precario ejército resistía en determinados puntos gracias al apoyo de las tropas estadounidenses, superiores militarmente a los talibanes.

Evidencia también que el apoyo occidental se centró prácticamente en eso: apoyo militar. Así, la corrupción de los sucesivos gobiernos, la llegada al poder de antiguos señores de la guerra y los crímenes cometidos por tropas extranjeras, terminaron por minar el apoyo local a la presencia internacional.

"Cuatro décadas de guerra y conflicto en el país afectó mucho a la población", lamenta Gulalai

Gulalai señala, además, que la mayoría de los avances se concentraron en las ciudades, pero no en las zonas rurales. "Cuatro décadas de guerra y conflicto en el país afectó mucho a la población", lamenta.

Con la llegada del régimen talibán, el sistema judicial en el que Gulalai había ejercido su profesión, fue desmantelado. Según la descripción aportada por Teresa Mínguez, diputada de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid (ICAM), aproximadamente 2.000 jueces y juezas han sido cesados por el nuevo régimen. A su vez, privaron al Colegio Nacional de Abogados de Afganistán de su independencia y limitaron su autoridad para conceder licencias a abogados. La Constitución y leyes vitales fueron derogadas y sustituidas por la sharía.

Sin juristas ni un corpus que defienda el estado de derecho, los talibanes han decretado impunemente el internamiento forzoso de adictos y el cierre de institutos y universidades para las mujeres, entre otras medidas. Al día siguiente de prohibir el acceso a la universidad de las mujeres, impidieron que la institución expidiera sus títulos.

Arrinconadas en la sociedad y bajo amenaza de muerte, el exilo ha sido la única fórmula que Gulalai y sus compañeras hallaron para poner a salvo sus vidas. Han dejado atrás a muchos familiares y amigos, algunos de los cuales "se encuentran bajo una grave amenaza de seguridad", afirma Gulalai. Además, quedan en Afganistán 2.500 juristas, hombres y mujeres, que han solicitado visados a las embajadas españolas, según 14Lawyers.

Mujeres con Burka en Afganistán, a 23 de enero de 2023. — Fayzabad / AFP

Sin noticias desde la embajada

La primera parada para la mayoría de los exiliados y exiliadas afganas es Pakistán. En sus ciudades se agolpan cientos de miles de afganos, pero también de migrantes hindúes y birmanos. Desde la llegada de los talibanes al poder, el flujo afgano hacia este país ha aumentado aproximadamente en 250.000 personas, según datos de ACNUR de junio de 2022. Fuera de las estadísticas quedan todos los que viven en el país vecino de forma irregular.

El Gobierno pakistaní está respondiendo al éxodo afgano con una política migratoria más represiva y desde el uno de enero de 2023, cualquier afgano con un visado caducado podrá ser deportado. Ignacio Rodríguez, fundador y presidente de 14Lawyers, advierte que la mayoría de los afganos que buscan refugio en Pakistán se encuentran en riesgo de deportación, ya que este país "les concede visados de dos o tres meses como mucho, y las citas en la embajada llegan a un año vista".

La inoperancia de las embajadas europeas en Islamabad alarga la agonía de los que huyen del régimen talibán. "Solicité asilo en todas las embajadas, incluida la de España", explica Obaida Sharar Sharify, fiscal afgana refugiada en España, "jamás obtuve respuesta". Sólo tras las presiones de las organizaciones de juristas internacionales y españolas, y el inicio del procedimiento de urgencia, consiguió salir del país.

"La gestión de la embajada de España ha sido desastrosa e incluso arbitraria", denuncia Ignacio Rodríguez

Desde 14Lawyers denuncian que, hasta agosto de 2022, "la gestión de la embajada de España ha sido desastrosa e incluso arbitraria". Una reestructuración interna del personal parece haber reanudado el ritmo de las tramitaciones y restablecido las citas, que habían quedado paralizadas hasta diciembre del pasado año, según la organización. Aun así, la capacidad de la misión en Islamabad sigue siendo limitada, en tanto que sólo dispone de una persona para tramitar todas las solicitudes, critica Rodríguez.

"Forzando mucho la máquina, la embajada tendría la capacidad de otorgar 30 visas al mes, irrisorio con el volumen de solicitudes que hay", explica Ignacio Rodríguez. Según los cálculos de 14Lawyers, sólo en Islamabad hay 150 fiscales varones y dos mujeres a la espera de recibir asilo político en España.

Señalan que la responsabilidad se sitúa en el Ministerio de Exteriores, cuyos esfuerzos por reforzar con más personal y recursos las misiones de Pakistán y Afganistán, siguen siendo insuficientes. "Se están produciendo deportaciones y tengan por seguro que la repatriación de juristas y abogados va a traerles consecuencias severas para sus vidas, su seguridad física y su libertad", advierte el presidente de 14Lawyers.

Mientras, los afganos con visado caducado y los que nunca lo tuvieron, todos ellos irregulares, esperan en Pakistán. Empujados a la clandestinidad, ven mermado su acceso a recursos básicos, como la atención sanitaria, la escolarización de sus hijos o el alquiler de una vivienda. La vida en la sombra resulta cara. "Muchos de ellos se ven obligados a vender toda su vida", explica Obaida. "Para que os hagáis una idea, deciros que la vida en Madrid me parece más asequible que en Islamabad”.

Un país aislado

La comunidad internacional al completo rechazó de forma unánime el régimen instaurado por los talibanes a la fuerza en septiembre de 2021. Sin embargo, varios estados han comenzado a mover algunas fichas. Rusia, Pakistán, Turmekistán y China han acreditado a los diplomáticos designados por los talibanes para sus respectivos países. Si bien esto no equivale a un reconocimiento oficial, el antiguo embajador de EEUU en Kabul, Ronald Neumann, cree que podría ser percibido como un primer acercamiento, según informa la Voz de América.

"Los talibanes no respetan los derechos humanos ni las libertades individuales de las personas", destaca Gulalai

La posibilidad de cualquier interlocución del régimen teocrático con la Unión Europea resulta imposible para quienes huyen de su fundamentalismo. "Los talibanes no respetan los derechos humanos ni las libertades individuales de las personas, y han cerrado el acceso de las mujeres a escuelas y universidades. Veo imposible que haya un acercamiento con países europeos teniendo en cuenta los estándares de la UE", destaca Gulalai.

Recuerda, además, que "los talibanes no han podido mantener sus relaciones con sus aliados". Para ilustrarlo, ejemplifica la retirada del personal diplomático de Arabia Saudí de Kabul en agosto de 2021. La monarquía suní guarda cierta ambivalencia con los talibanes, y ya en los noventa, cuando el anterior régimen talibán gobernaba el país, fue uno de los primeros países en reconocer su legitimidad, junto a Pakistán y Emiratos Árabes Unidos. Fue tras el 11 de septiembre de 2001, que las relaciones entre ambos países se resintieron.

Además, Arabia Saudí viene siendo aliada de EEUU desde hace décadas, y aunque las relaciones con el país occidental no se encuentren en su mejor momento, nada augura que vaya a producirse un acercamiento entre el país islámico y el nuevo régimen talibán.

Por el momento, no se sabe cómo la administración Biden resolverá el viejo y reactivado temor estadounidense a que Afganistán se convierta en un campo de entrenamiento para terroristas. Tampoco, cómo la ONU tratará de movilizar la ayuda humanitaria, congelada desde diciembre de 2022, tras la prohibición de los talibanes de que las afganas trabajen en ONG.

En Madrid, el mensaje de las afganas refugiadas es contundente. "Solicitamos a todas las organizaciones internacionales y a la Unión Europea, que no nos dejen solas con los talibanes", exige Obaida, en un alegato en el que aúna las voces de todas las mujeres que han escapado del país y las que jamás lo harán. "Que no tapen sus oídos y no cierren sus ojos".