Italia, paralizada por la huelga general contra la reforma laboral de Renzi

El transporte fue el sector más afectado en las primeras horas de la primera huelga general contra el Gobierno de Matteo Renzi, convocada por los dos principales sindicatos de Italia en protesta por las políticas de su Ejecutivo, con movilizaciones en la mayoría de las ciudades del país. Las tres líneas del metro de Roma permanecen cerradas y el transporte público de la capital funciona de forma irregular, lo mismo que ocurre en otras grandes ciudades del país, donde los medios de transporte no operan o lo hacen de manera restringida.

Este paro también está provocando problemas en los aeropuertos, donde las principales compañías se están viendo obligadas a retrasar o cancelar algunos de sus vuelos y a ofrecer a sus pasajeros la alternativa de cambiar el billete de forma gratuita o, en algunos caso, reembolsar su coste. Así, por ejemplo, la empresa española Vueling ha cancelado 10 vuelos nacionales -según se puede consultar en su página web-, de los cuales la mitad partían de Roma y los otros cinco tenían también la capital como destino.

También la compañía de bajo coste Ryanair ha suspendido más de 160 vuelos nacionales e internacionales procedentes o que tenían como destino Italia. De estos vuelos, tal y como informó la compañía en su web, dos procedían de Madrid, tres de Barcelona, uno de Gerona y seis de Londres. En el país, 26 vuelos de Ryanair que tenían previsto salir de Roma hacia otras ciudades italianas fueron cancelados, mientras que 23 fueron los aviones cancelados en Milán.

En Turín (norte), se desarrolló una manifestación con participación de la líder del mayor sindicato del país, el CGIL, Susanna Camusso, quien apeló al Gobierno de Renzi a tomar medidas a favor del empleo, en una situación que calificó de "emergencia". "La emergencia que tiene este país se llama trabajo. Hace falta hacer políticas para que haya trabajo, pero no puede ser un trabajo cualquiera, sin derechos ni profesionalidad", dijo Camusso, citada por los medios.

Precisamente en esta ciudad del norte de Italia se han producido algunos altercados violentos cuando los manifestantes han intentado forzar la barrera policial para continuar con sus protestas, lo que ha desencadenado una carga policial. También en Milán (norte), se han vivido momentos de tensión cuando algunos participantes han comenzado a lanzar huevos, piedras y petardos contra la Policía, un encontronazo que se ha saldado con 11 heridos.

Hubo también cargas policiales en Roma, donde la concentración sindical partió de la plaza del Esquilino para llegar al centro de la capital, hasta la plaza Santi Apostoli, en la que los manifestantes expresaron las reivindicaciones que lanzan al Gobierno. Están llamados a secundar esta huelga todos los trabajadores del sector público, pero también del privado, para protestar contra las medidas que pretende poner en marcha el Partido Democrático (PD, en el Gobierno), principalmente en materia económica.

En el centro de las reivindicaciones está la reforma laboral que, según Renzi, fomentará la contratación, pero que ha levantado ampollas entre los trabajadores y también en el seno de su propio partido. Las críticas se dirigen sobre todo a la modificación que contempla este proyecto sobre el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, que protege a los profesionales de empresas con más de 15 empleados contra los despidos improcedentes.

El paro general comenzó a primera hora de hoy y durará unas 8 horas, aunque cada una de las ciudades que se han sumado a esta convocatoria han establecido su propio horario. En Roma, el sector de los transportes públicos se adhirió a la huelga desde las 9.00 hora local (8.00 GMT) hasta las 16.00 hora local (15.00 GMT), mientras que en Milán empezó a la misma hora aunque finalizará a las 19.00 hora local (18.00 GMT).

En Turín, el paro está previsto hasta las 20.00 hora local (19.00 GMT) y en Bolonia hasta las 16.30 (15.30 GMT). También han podido participar en esta huelga los profesionales del sector público ferroviario a los que inicialmente el Gobierno había prohibido adherirse.