ROMA.- El Tribunal de Roma ha condenado este martes a cadena perpetua a ocho exmilitares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por la muerte de una veintena de italo-latinoamericanos en la época del Plan Cóndor, la represión emprendida entre las décadas de los 70 y los 80.

De los 27 imputados, han sido condenados los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama; el uruguayo Juan Carlos Blanco; los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez; y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa.

La Justicia italiana ha absuelto a los chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan, así como al peruano Martín Martínez Garay.

Ha tomado la misma decisión con los uruguayos José Ricardo Arab Fernández, Nino José Horacio Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca, Jorge Néstor Troccoli, Gilberto Vázquez Bissio y Ricardo Eliseo Chávez.

La Fiscalía de Roma había reclamado en octubre la cadena perpetua para todos ellos (excepto para el uruguayo Chávez), al acusarles de matar y hacer desaparecer a una veintena de italo-latinoamericanos en el marco del Plan Cóndor.

La Operación Cóndor fue ideada por el general chileno Augusto Pinochet y coordinó la represión de la oposición política en las décadas de 1970 y 1980 por parte sobre todo de los regímenes dictatoriales de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

Un informe de la CIA estadounidense, en el que se basa la acusación en el caso del fiscal italiano Giancarlo Capaldo, precisa que Perú y Ecuador se convirtieron en miembros de ese plan a finales de los años 80.

Italia condena a menos de un tercio de los imputados en el Plan Cóndor. REUTERS

El exmilitar Troccoli, absuelto

El Tribunal de Roma ha absuelto al exmilitar uruguayo Jorge Néstor Fernández Troccoli, acusado de la muerte y desaparición de italianos latinoamericanos y uruguayos en el marco del Plan Cóndor y único de los 27 imputados que reside en Italia. 

La sentencia de Troccoli era muy esperada al ser el único de los 27 imputados que reside en Italia, al contar con la doble nacionalidad y escapar de la Justicia de su país en 2007. Troccoli no acudió a la vista, pero sí lo hizo su abogado, Alfonso Domingo Scarano, que en declaraciones ha celebrado el fallo pero ha asegurado que lo esperaban, pues la Fiscalía, a su juicio, "no ha aportado ninguna prueba que demuestra" su culpabilidad.

Fernández Troccoli (Montevideo, 1947) es un exmilitar uruguayo que fue miembro de los servicios de inteligencia S2 del FUSNA, el cuerpo de fusileros navales, durante la dictadura uruguaya (1973-1985). Cuenta con la nacionalidad italiana desde 2002 y en la actualidad reside en Marina di Camerota, una pequeña localidad de la provincia de Salerno, en el sur de Italia.

La Justicia uruguaya trató de juzgarle en 2007, pero entonces ya había salido del país y residía en Italia. Ese año la Fiscalía de Roma emitió 146 órdenes de arresto para 61 argentinos, 7 bolivianos, 13 brasileños, 22 chilenos, 7 paraguayos, 4 peruanos y 32 uruguayos, entre ellos Fernández Troccoli, al acusarles del asesinato de italianos latinoamericanos en el marco del Plan Cóndor.

En diciembre de 2007 Fernández Troccoli ingresó en una prisión italiana como medida preventiva, hasta que dos meses después, en febrero de 2008, un Tribunal de Roma dictaminó su excarcelación al no ver pruebas suficientes para proseguir con el encarcelamiento. Su excarcelación definitiva se produjo en abril de 2008 y, dado que cuenta con la nacionalidad italiana, las autoridades de Roma no permitieron su extradición a Uruguay.

Ateniéndose al derecho internacional, Italia no le extraditó, pero sí le ha juzgado por el asesinato de varios italianos latinoamericanos y por el de una veintena de uruguayos durante el Plan Cóndor, en las décadas de 1970 y 1980.

Pese a que en un principio los imputados ascendían a 146 personas vinculadas con los regímenes militares de los citados países, la lista final se ha visto reducida a 27, a causa de las trabas burocráticas de los Estados a la hora de tramitar las imputaciones y por la muerte de algunos acusados, todos de avanzada edad.