Israel se enfrenta a la ONU por sus ataques a civiles en Gaza

Las Naciones Unidas han elaborado un detallado y demoledor informe sobre los bombardeos y la invasión israelí de la franja de Gaza que se desarrolló durante los meses de diciembre y enero y que costó la vida a 1.314 palestinos, en su inmensa mayoría civiles, además de causar una devastación generalizada.

El informe, cuya dureza carece de precedentes, establece que el Ejército disparó deliberadamente contra instituciones de las Naciones Unidas a pesar de que sabía que no podía hacerlo, y acusa a Israel de atacar de manera desproporcionada y de usar una fuerza exagerada en la operación Plomo Fundido, así como de causar daño a civiles palestinos sin necesidad y de manera intencionada.

Israel filtró las conclusiones del texto al diario Yediot Ahronot, que ayer destacó que varios dirigentes israelíes incluidos el presidente Shimon Peres y el titular de Exteriores Avigdor Lieberman trataron de impedir que se hiciera público o, por lo menos, limitar sus consecuencias, apelando directamente a Ban Ki-moon mediante una "fuerte presión".

La diplomacia hebrea consiguió que el secretario general de la ONU adjuntara una nota personal en la que manifiesta que el informe no es vinculante y él no instará a una investigación adicional sobre la invasión.

El diario Yediot Ahronot considera que el informe es un "terremoto diplomático", puesto que nunca antes la ONU había llegado tan lejos a la hora de criticar las actuaciones del Ejército israelí en los territorios ocupados.

Especialmente significativo es que el texto establece que el Ejército disparó deliberadamente contra las instalaciones de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados, incluso a sabiendas de que algunas estaban repletas de refugiados que huían de los bombardeos israelíes contra áreas pobladas por civiles en la ciudad de Gaza y en otros lugares de la Franja.

También denuncia explícitamente el uso de fuego desproporcionado y el empleo exagerado de la fuerza, además de mencionar numerosos casos muy graves en los que el Ejército israelí violó las normas de la guerra.

Un funcionario de Estados Unidos ante la ONU manifestó que "en el informe hay de todo, excepto que no se acusa a Israel de crímenes de guerra (explícitamente). Es un informe que carece de precedentes por su gravedad".

El Ministerio de Exteriores israelí divulgó una nota en la que sostiene que "tanto en su espíritu como en el lenguaje, el informe es tendencioso, claramente parcial y obvia los hechos que se presentaron ante el comité".

La diplomacia israelí se refiere a todo tipo de material, y también a algunos vídeos que Israel presentó a la comisión para justificar el bombardeo de las instalaciones de la UNRWA, incluido un colegio en la localidad de Yabaliya. Al final, estas alegaciones no modificaron el sentido del demoledor informe.

El coordinador de la comisión que lo ha elaborado ha sido el británico Ian Martin, un conocido activista de derechos humanos con más de treinta años de experiencia y que fue secretario general de Amnistía Internacional entre 1986 y 1992.

La comisión se desplazó en febrero a la franja de Gaza para estudiar in situ el daño que el Ejército israelí había causado a las instituciones de la ONU. Sus representantes se reunieron con numerosos palestinos, pero también mantuvieron encuentros con miembros del Ejército y del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.

Sin embargo, la comisión desestimó las explicaciones que recibió del Ejército, como lo prueban unas conclusiones que Israel considera sin precedentes. La gravedad del informe se incrementa si se tiene en cuenta que fue elaborado por expertos de la ONU en situaciones de crisis y de guerra.

Por otra parte, el comité de la ONU contra la tortura denunció ayer en Ginebra la existencia de un centro secreto israelí en el que se encierra a sospechosos palestinos y donde se practica tortura. Sin embargo, Israel respondió que este centro, que fue inaccesible a los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja y se conoció como la "instalación 1.391", fue desmantelado "hace varios años".

El comité reveló que entre 2001 y 2006 se recibieron unas 600 denuncias de palestinos que aseguraban haber sido torturados, pero Israel decidió no investigar ninguno de estos casos.