Israel se defiende en la ONU con un fallo de la Audiencia Nacional

A principios de 2009, la Audiencia Nacional ponía los pelos de punta a las autoridades de Israel. Un año después, Israel se escuda en el tribunal español para tratar de demostrar ante Naciones Unidas que es una auténtica democracia que simplemente atacó Gaza en legítima defensa.

El informe Goldstone, encargado por la ONU, ha puesto contra las cuerdas a la diplomacia israelí, al constatar que Israel cometió crímenes de guerra durante la ofensiva bélica del año pasado contra la franja de Gaza. Pero Israel se defiende citando a España: la semana pasada remitió un informe a Nueva York en el que utiliza los argumentos de la Audiencia Nacional para archivar una causa de jurisdicción universal por presuntos crímenes de guerra en Gaza en 2002.

El informe Goldstone ha puesto contra las cuerdas a la diplomacia israelí

"La efectividad del sistema judicial israelí ha sido reconocida por organismos internacionales", expone el informe israelí remitido a Naciones Unidas.

Y añade: "Por ejemplo, la Audiencia Nacional de España decidió por amplia mayoría el año pasado poner fin a una investigación sobre supuestos crímenes de guerra en Gaza". "Al cerrar la investigación prosigue el documento elaborado por la diplomacia israelí, se enfatizó la completa capacidad [israelí] de investigarse a sí mismo. Contrariamente a lo que sostiene el informe [Goldstone]", Tel Aviv respetó "los principios de la ley internacional".

El documento israelí explica en detalle el fallo de la Audiencia Nacional, de julio de 2009, en el que se sostenía que "dudar de la imparcialidad" y de la separación de poderes en Israel supondría "ignorar la existencia de un Estado social y democrático sometido al imperio de la ley". No puede haber duda de que se investigará "si hay alguna conducta criminal relevante", concluía.

El fallo de la Audiencia, que fue recurrido ante el Tribunal Supremo, cortó de raíz la instrucción del juez Fernando Andreu, que en virtud de la jurisdicción universal puso su lupa sobre la incursión militar israelí en la franja de Gaza en 2002 contra un dirigente de Hamás. El ataque selectivo mató a 14 personas entre ellos, varios niños e hirió a 150. Sobre él pendía la acusación de "crímenes de guerra". Pero se trataba apenas de una pequeña cata de lo que iba a suceder años después en Gaza, durante la operación Plomo Fundido, de enero de 2009, en la que murieron más de mil personas en su mayoría, civiles por la intervención militar israelí.

La investigación provocó el año pasado estridentes protestas del Gobierno israelí, que únicamente se calmó tras obtener garantías por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, de que el caso no iría a mayores. Las garantías dadas en privado por Moratinos, pero aireadas por la entonces primera ministra israelí, Tzipi Livni, se cumplieron totalmente: la Audiencia Nacional echó tierra sobre la investigación y las Cortes aprobaron poco después una reforma legal para descafeinar la aplicación en España del principio de jurisdicción universal, de forma que cualquier investigación a Israel es hoy mucho más difícil.

Argumenta que el archivo del caso del juez Andreu le dio la razón

La sentencia de la Audiencia que puso fin a la causa de Gaza fue ratificada por una amplia mayoría del pleno: 14 votos contra cuatro. Y la argumentación de la mayoría a favor de que Israel es un Estado de derecho incluso cuando afecta al conflicto con los palestinos fue tan rotunda que es la que utilizan ahora las autoridades israelíes para defenderse ante Naciones Unidas.

Cuatro magistrados de la Audiencia emitieron en su día un voto particular en el que advertían de que el fallo del organismo suponía dar carta blanca a la "impunidad" en uno "de los crímenes más graves del derecho internacional". Los asuntos investigados entrarían, según los votos particulares, en la categoría de "crímenes de Estado, en su peor acepción".

A pesar de que el fallo fue tan favorable a los intereses de Israel que ahora sus autoridades lo esgrimen incluso ante Naciones Unidas para evitar una investigación, contenía un reconocimiento implícito de la existencia de Palestina: "El delito, de existir, se comete tanto donde se origina y desarrolla la acción (Israel) como donde se produce el resultado (Gaza)". Pero poco ha interesado el matiz a las autoridades de Israel que tanto aprecian ahora la Audiencia Nacional.