Una niña indígena maya de 10 años embarazada al parecer tras ser violada por su padrastro se encuentra ante la situación de que las leyes locales le impiden abortar por lo avanzado de la gestación, informó hoy la Procuraduría General de Justicia del estado mexicano de Quintana Roo (sur del país).

El caso fue denunciado ante las autoridades el pasado 23 de marzo por la madre de la pequeña, después de llevar a su hija a una revisión médica, que reveló que estaba embarazada de cuatro meses. La Fiscalía estatal no ha proporcionado el nombre de la menor ni el de la madre.

Inicialmente la niña dijo que al ir a la escuela un sujeto se la llevó al monte y abusó de ella, pero durante las investigaciones y, al quedar bajo el resguardo de instancias que protegen a menores víctimas de delitos, la menor confesó que el autor de la agresión era su padrastro, detallaron fuentes de la fiscalía.

El varón, identificado como Isaac Santiago Martínez, alias 'El Brujo', fue localizado y detenido el pasado 27 de marzo, inicialmente bajo los cargos de resistencia a la autoridad e intento de fuga, y por presunta violación. Las autoridades tienen previsto practicar estudios genéticos para demostrar la presunta responsabilidad de Martínez en la violación, algo que inicialmente aceptó pero de lo cual más tarde se desdijo, argumentando que fue obligado a declararse culpable.

Según datos proporcionados por la fiscalía, la legislación vigente en Quintana Roo ofrece a una mujer violada la posibilidad de abortar durante los primeros tres meses de embarazo, un plazo que ha sido rebasado en este caso.

Su situación recuerda a la de Paulina Ramírez Jacinto, quien en 1999, cuando tenía 13 años, fue violada por un drogadicto que entró a robar a su casa y la atacó mientras dormía. Semanas después de la agresión, supo que estaba embarazada y su familia inició los tramites legales para solicitar la interrupción del embarazo al ser resultado de una violación.

Sin embargo, los médicos del Hospital General de Mexicali, en el estado de Baja California, noroeste de México, se negaron a practicarle el aborto ordenado por un juez y la conectaron con grupos religiosos y antiaborto. El aborto finalmente no se consumó porque funcionarios del sector Salud la disuadieron y el 14 de abril de 2000 Paulina parió un hijo.

El caso fue tan prominente que terminó en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 2005 ordenó al Estado mexicano indemnizar a la joven, hoy mayor de edad, con la cobertura de los gastos de manutención de su hijo hasta los 18 años por no haber permitido en el caso la aplicación de la ley.