Impeachment o guerra abierta por el control económico

SAO PAULO.- Apenas quince días después de ganar las elecciones, Dilma Rouseff sufrió su primera amenaza de impeachment. Venía de la oposición, concretamente de su contrincante, Aécio Neves (PSDB) que había perdido los comicios por un 1,6% de los votos. En aquel momento la justificación para un juicio político fue la de "fraude electoral". Meses después comprobaron que la acusación no era cierta, pero las peticiones de impeachment continuaron acumulándose en el Congreso.

Recién estrenado su segundo mandato, Rousseff tenía al menos una veintena de pedidos para impugnar su gobierno y el Congreso dominado por el PMDB, el partido que teóricamente debía funcionar como aliado y que esta semana abandonó a la mandataria definitivamente.

A lo largo de 2015 la Cámara de los Diputados no aceptó ninguno de estos pedidos pero sí los usó para orientar al Ejecutivo a que diera un giro a la derecha en materia económica. La presidenta aceptó las condiciones que le impusieron. Como primera medida eligió para el ministerio de Economía a Joaquim Levy, querido de los mercados internacionales y actual director financiero del Banco Mundial. En la cartera de Agricultura colocó a Kátia Abreu (PMDB), conocida como la 'Reina del Agronegocio', enemiga de las comunidades indígenas y aliada de los latifundistas.

Rousseff también anunció un ajuste fiscal que repercutía especialmente en las clases trabajadoras y planteó una ley para regularizar la terciarización laboral, que daría un duro golpe a la las leyes laborales y al papel de los sindicatos. A pesar de seguir las recomendaciones de los barones del Congreso y del ministro de Economía, la Cámara de los Diputados, dirigida por Eduardo Cunha (PMDB), no le permitió aprobar otras leyes para aliviar la situación económica. Con el país paralizado políticamente la crisis se agudizó, aumentó la inflación, el desempleo, y Brasil continuó decreciendo y acumulando deuda pública. Los movimientos sociales que hasta 2013 habían sido fieles al PT, volvían en 2015 a salir a la calle contra la presidenta.

El pasado 3 de diciembre Dilma Rousseff constató que no le había servido de nada intentar contentar a la oposición y a sus aliados. Ese día Eduardo Cunha aceptó el pedido de impeachment que tenía "bases más sólidas", según palabras del líder de la Cámara. Seis decretos presupuestarios aprobados por la presidenta a sabiendas de que no había más dinero en la "caja" y la acusación de las llamadas "pedaleadas fiscales", maquillaje de las cuentas para recibir créditos de los bancos y mantener sus promesas de gasto social, fueron las acusaciones formales.

Sin embargo, el motivo real por el que la mandataria está siendo juzgada no es el que se argumenta en las calles. La narrativa que impera es la que han creado algunos medios amparados por una serie de economistas que justifican la necesidad de cesar a la presidenta para acabar con la corrupción y recuperar la legitimidad del Gobierno ante los inversores internacionales. El manifiesto independiente de Economistas por el Impeachment es uno de los documentos que defienden estas ideas.

La reacción de los mercados al enterarse de que se ponía en marcha el juicio político contra la brasileña también avaló esta teoría. La Bolsa de Valores brasileña (Bovespa) subió como no lo hacía en meses y el dólar bajó lo suficiente para dar un respiro a las clases medias altas, obsesionadas con este problema. La alegría de los mercados no fue una sorpresa ya que durante las elecciones de 2014 no escondieron sus inclinaciones por el candidato de la oposición Aécio Neves y la propia The Economist pedía abiertamente acabar con el mandato petista. Este mes sin defender claramente el impeachment, esta revista titulaba: “Hora de salir” y advertía en el artículo que la única salida para Brasil era la renuncia de su presidenta.

La Federación de Industria de Sao Paulo (FIESP) es otro de los principales promotores del juicio político contra Rousseff. Su emblemático edificio en la Avenida Paulista se puso a disposición de los manifestantes anti Dilma y su fachada sirve de pancarta con la frase “Renuncia Ya” bajo los colores de la bandera de Brasil, a estas alturas un símbolo acaparado por la derecha del país. La FIESP, presidida por Paulo Sakaf (también del PMDB), no ha escatimado en gastos publicitarios con la campaña “No vamos a pagar el pato”. Un pato amarillo, gigante, instalado en la entrada del edificio se ha convertido en el lei motiv de los que quieren sacar a la presidenta de su puesto y piden otra política económica basada en la bajada de impuestos, en las privatizaciones y en definitiva, en la reducción del papel del Estado en la economía.

A las campañas publicitarias se unen las declaraciones de reconocidos economistas del ala neoliberal. El expresidente Banco Central, Affonso Celso Pastore decía hace un par de semanas: “El impeachment sería una de las salidas a la crisis. Cambia el gobierno, entra otro con legitimidad y con una política económica coherente ya podemos volver a pensar en política monetaria”. En la misma línea pero un tanto más espiritual se mostraba otro de los que pasó por su cargo entre 1997-98, el economista Gustavo Franco: “Si hubiera impeachment el país habría pasado por un camino tortuoso, pero sería el camino de la virtud, un renacer para Brasil”, decía en la revista Istoé. Ya el expresidente Fernando Henrique Cardoso, deja de lado el argumento económico y asegura que la “legitimidad del impeachment no la da el Congreso sino las calles”, dando a entender que las leyes no serían necesarias si es el pueblo el que pide que se vaya un presidente.

Este discurso se alimenta de otro de los hechos claves del último año, el que tiene que ver con el mayor escándalo de corrupción del país (el esquema de desvíos millonarios de Petrobras) que investiga la Operación Lava Jato, a manos del juez Sérgio Moro.

Esta investigación ha demostrado que tanto el PT, los principales partidos aliados del Gobierno (PMDB y PP) así como la oposición (PSDB) recibieron propinas millonarias de las más importantes constructoras del país a través de desvío de dinero de la estatal petrolera. A pesar de que entre los acusados haya políticos de diversas siglas, los grandes conglomerados mediáticos con Globo a la cabeza han creado un discurso en el que pareciera que el PT fuera el único culpable del escándalo: “Las denuncias de corrupción son selectivas, ignoran las acusaciones de los otros partidos y sirven para movilizar a la población contra el Gobierno”, recordaba en su editorial el director de Le Monde Diplomatique Brasil, Silvio Caccia Bava.

El juez Sérgio Moro que se ha convertido en el ídolo de los anti Dilma asegura que Lava Jato es una cruzada contra la corrupción y “el esquema de cuadrillas” del Gobierno. El magistrado que hace meses que está detrás de Lula y de la presidenta, no ha querido seguir las acusaciones hechas contra el líder del PSDB Aécio Neves, o contra el líder del Senado, Renan Calheiros (PMDB), ambos citados por los testigos en más ocasiones que el expresidente.

Sin embargo, la idea de cruzada contra la corrupción ha calado entre gran parte de los brasileños que identifican este problema como algo inherente al Partido de los Trabajadores, a pesar de que no haya pruebas que involucren a Dilma en el escándalo de Petrobras y sí las haya en relación a Eduardo Cunha, investigado formalmente por desvío y blanqueo de dinero por Tribunal Supremo Federal (STF). Por el momento Cunha no sólo mantiene su cargo intacto, sino que él fue quien puso en marcha el juicio contra Rousseff. A su vez la comisión que juzga a Dilma en primera instancia en la Cámara tiene a más de la mitad de sus miembros (37 de un total de 65 diputados) acusados de corrupción e investigados por el STF.

El vicepresidente Michel Temer, quien asumiría si el impeachment saliera adelante, también ha sido citado en el escándalo de Lava Jato pero goza del beneplácito del mundo empresarial, con el que ha contado para llevar a cabo un nuevo programa de gobierno conocido como “Puente para el futuro”. Duros ajustes fiscales, la privatización del Presal (uno de los mayores descubrimientos petrolífero del siglo XXI), desvincular los gastos obligatorios de Sanidad y Educación de los presupuestos estatales, desvincular también el aumentos de los beneficios sociales y el reajuste del salario mínimo o permitir que los convenios colectivos entre los empresarios y los trabajadores prevalezcan frente a las leyes laborales, son algunas de las propuestas pactadas entre Temer, la oposición y un grupo de empresarios que se reunieron la última semana en Sao Paulo.

En este sentido el director de Le Monde Diplomatique Brasil asegura que este juicio político poco tiene que ver con la corrupción: “Por desgracia este es un mal que abarca a todos los partidos, es una forma tradicional que las empresas tienen para sacar ventajas junto a los Gobiernos de turno. Lo que realmente está en disputa en estos momentos es el control de la política económica”.