El Grupo de Puebla ha denunciado una persecución judicial contra la actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Este lunes la Fiscalía pidió 12 años de prisión contra la mandataria, tras imputarle un presunto caso de corrupción por la contratación de una obra pública en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015.

Este acoso de la Justicia argentina vendría de parte de magistrados a fines con Mauricio Macri, anterior presidente del país. El Grupo de Puebla, un foro político integrado por representantes de la izquierda latinoamericana, ha remarcado que "a lo largo de las audiencias se ha ido demostrando que no hubo sobreprecios" ni tampoco "favoritismos a empresarios" en la adjudicación de dichas obras. 

"Esta causa muestra fuertes indicios de manipulación del caso judicial con fines políticos", según ha alertado la organización, ya que uno de los jueces al mando, Gustavo Hornos, visitó a Macri en la Casa Rosada en 2017 dos días antes de abrir el procedimiento. La causa continúo en 2020 y 2021 con la declaración de numerosos testigos.

Una sentencia para finales de año

El pasado 22 de agosto, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron la condena de 12 años contra la vicepresidente, además de la inhabilitación perpetua. Kirchner, ante la acusación, pidió defenderse ante el tribunal, que terminó por desestimarlo. Así, la mandataria argentina reafirmó, a través de sus redes, que estaba ante un "pelotón de fusilamiento mediático-judicial".

A partir del 5 de septiembre el proceso judicial continuará con los alegatos de la defensa, 13 en total. Se estima que estas alegaciones duren unos tres meses. Tras esto, el tribunal podrá finalmente dictar una sentencia, que podría llegar para antes de que acabe el año. 

La creciente "judicialización de la política"

El Grupo de Puebla ha asegurado que la situación actual en Argentina "es de una creciente judicialización de la política, correspondiente con la pérdida de independencia e imparcialidad del Poder Judicial". La entidad ha remarcado que sumado a esto existe "el protagonismo de medios de comunicación y redes sociales" dedicados a la criminalización de Kirchner.

La organización ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional y a los organismos a favor de los Derechos humanos para "detener esta guerra por la vía judicial-mediática". El Grupo de Puebla, en relación a esto, ha mencionado que esta situación no es exclusiva de Argentina sino general en Latinoamérica, citando la persecución judicial de Rafael Correa en Ecuador o el encarcelamiento de Lula da Silva en 2018. "Son ejemplos de la sistematicidad y permanencia del lawfare en la región, con un alto impacto en la política y la justicia social", ha concluido la entidad.