Colombia sigue siendo hoy el segundo país del mundo en número de desplazados por un conflicto armado, sólo superado por Sudán. Son 3,4 los millones de personas que han tenido que abandonar sus hogares por la violencia en Colombia. El director de la ONG que ha hecho de la población desplazada su foco de atención subraya una inquietante y creciente relación: la que vincula desplazamiento con un nuevo paramilitarismo que despeja zonas vitales para explotaciones estratégicas, como las de palma aceitera.

¿Qué opina de la política de seguridad democrática?

Nos preguntamos dónde estaba la seguridad democrática para los 2,4 millones de personas desplazadas, según cifras del Gobierno, en los años de Uribe. Hay seguridad, pero para los grandes propietarios de la tierra, los industriales, banqueros e inversionistas extranjeros, pero no pueden decir lo mismo quienes han tenido que abandonar sus hogares por la acción de las guerrillas, de los grupos paramilitares e incluso de las fuerzas del orden.

El desplazamiento en Colombia, ¿ha empeorado o mejorado en la era Uribe?

Según las cifras gubernamentales de Acción Social, en Colombia hay 3.400.000 personas desplazadas, de las cuales 2.400.000 lo fueron durante el gobierno de Uribe. Es decir, la mayoría de los desplazados que reconocen las autoridades se han producido con el Gobierno de Uribe. Si en lugar de las cifras oficiales usa nuestras cifras, de CODHES y la Iglesia, ha habido 4,9 millones de desplazados en los últimos 25 años (1985-2009), a lo largo de seis gobiernos. Más de la mitad se ha producido con Uribe. Es decir, el de Uribe es el gobierno que más personas ha desplazado en la historia reciente de Colombia. Lo mire por las cifras oficiales o por las nuestras.

¿Dónde se producen los desplazamientos?

Nuestra preocupación es que la economía la impulsan los minerales y los recursos energéticos y el mapa del desplazamiento está coincidiendo con estos grandes proyectos macroeconómicos. Se están beneficiando empresas en medio de un conflicto. No digo que las empresas estén involucradas en el desplazamiento o en la violencia, pero sí deben saber que sus operaciones en zonas de conflicto se están haciendo en medio de la violencia, el desarraigo y las agresiones contra la población civil.

¿Eso incluye a empresas españolas?

Hay muchas empresas de diversas nacionalidades. Yo no tengo una afirmación directa frente a una empresa española, pero sí una preocupación sobre cómo gobierno y empresas están asumiendo esta situación de derechos humanos a la hora de invertir en el país.

¿Cómo viven los desplazados?

Hay un 60% de pobreza y un 90% de indigencia entre la población desplazada.

Decenas de dirigentes que luchaban por la restitución de sus tierras han sido asesinados. ¿Qué denota esta situación?

Que hay una intención de los nuevos grupos paramilitares de consolidar el despojo, asegurar la tenencia de la tierra e imponer un desarrollo rural asociado a la producción intensiva de palma agrícola aceitera y otros productos para fabricar agrocombustibles. La restitución es un derecho. Procede cuando una persona abandona la tierra por violencia (aunque conserva pruebas de tener propiedad) y ésta es tomada por otras personas. Hay que devolverle la tierra. Pero es muy peligroso. Más de 35 líderes que lo han intentando han sido asesinados.

¿Qué ha de hacer un desplazado para que le devuelvan su tierra?

Toda la carga de la prueba es en contra de la víctima. Hay todo un entramado burocrático que lo hace muy difícil. Y hay un muro de contención de grupos armados ilegales que hace muy peligroso imponer demandas de restitución. La Fiscalía anda buscando a 23 empresarios y grandes propietarios que, con todo tipo de argucias, asesinatos y desplazamiento, pretendieron quedarse con la tierra de los campesinos del Chocó en los años 90. La Corte Constitucional ha paralizado la ejecución de cualquier negocio de esas tierras, en una acción ejemplar que saludamos.

¿Y la adjudicación de tierras baldías que el Estado por ley ha de dar a campesinos? ¿Cuánta tierra ha entregado?

Las mafias no permiten que el Estado adjudique tierras de calidad a campesinos pobres. El Estado lo intenta. Un ejemplo: un grupo de campesinos recibió títulos de propiedad de manos del presidente de la República, quien le dijo a uno de ellos: vaya y disfrútela'. El hombre quiso ir y lo mataron y luego a otro y luego desplazaron a toda la comunidad. El Gobierno ha incautado dos millones de hectáreas (quitándoselas a las mafias) pero sólo ha podido entregar a campesinos entre 48.000 y 70.000 hectáreas. Ridículo. Muestra la incapacidad del Estado para democratizar la tierra, en un país donde la inequidad es la más alta del mundo. El 0,4% de los propietarios posee el 68% de las mejores tierras. Ahí está la raíz del conflicto. Hay una mafia incrustada en la institucionalidad que impide cualquier avance en restitución y adjudicación de tierras. Los nuevos grupos paramilitares están aquí para evitar que eso ocurra.

Esos grupos ¿no surgen en oposición a la guerrilla?

La experiencia paramilitar de los años 90 es presentada como una gran estrategia de combate a la guerrilla. Pero fueron pocos los combates de los paramilitares con las guerrillas y muchas las masacres contra la población civil. Lo que hicieron los paras es el modelo de la Escuela de las Américas de quitar el agua al pez: desarticular, crear terror, asesinar, masacrar, desaparecer a miles de civiles, bajo la acusación de que son base social de la guerrilla. Eso no ha cambiado. Si en los años 90 esas masacres se hicieron para controlar la institucionalidad política lo que en efecto lograron los nuevos grupos paramilitares están para controlar y asegurar el despojo y el dominio sobre los bienes y la tierra.