La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, informó este viernes del nuevo protocolo aprobado por el Gobierno de Javier Milei para reprimir las manifestaciones, como la prevista para este miércoles 20 de diciembre, convocada por varias organizaciones sociales.

En el comunicado, difundido en la red social X por el Ministerio de Seguridad de Argentina y por la propia ministra, se recogen 12 puntos que buscan "garantizar el orden público frente a los cortes, piquetes y bloqueos que impiden a los argentinos vivir en paz".

Según el protocolo, las cuatro fuerzas federales intervendrán en los operativos sin necesidad de una orden judicial empleando "la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia".

Además, se identificará a los autores e "instigadores" de las manifestaciones, señaladas como "delito" en el comunicado, y sus datos serán remitidos a las autoridades de aplicación correspondiente. También se pretende crear un registro de las organizaciones que participen en las marchas sociales.

Por último, el comunicado -que cierra con la famosa frase de Bullrich: "El que las hace, las paga"- también aclara que los costos vinculados a los operativos de seguridad "serán cubiertos por las organizaciones o individuos responsables" y señala a los extranjeros con residencia provisional, advirtiéndoles de que, si participan en las manifestaciones, se enviará su información a la Dirección nacional de Migraciones.

La sociedad se movilizará el 20 de diciembre 

Este comunicado se publica días antes de una de las manifestaciones pacíficas más importantes del país contra el ajuste económico y el protocolo antipiquetes del Gobierno de Milei, que espera convocar a más de 50.000 personas, nucleadas en 80 organizaciones.

Varias organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos de izquierda en Argentina marcharán este 20 de diciembre desde el Congreso argentino hasta la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, para protestar contra las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y las disposiciones presentadas por Patricia Bullrich, que impedirán el corte de calles y carreteras.

El plan de choque anunciado por el ministro de Economía es un ajuste fiscal ortodoxo de manual. Junto a la devaluación, Milei disminuirá los subsidios para la energía y el transporte, no licitará más obra pública (de la que dependen unos 400.000 trabajadores), congelará el gasto en muchas partidas y pondrá en la calle a buen número de funcionarios.

"El plan de ajuste brutal contra los trabajadores claramente nos obliga a salir a protestar y reclamar que están dejando a miles de familias sin comida, a los jubilados en la indigencia y a los asalariados a punto de perder su trabajo", expresó el dirigente del Polo Obrero y referente piquetero, Eduardo Belliboni.

En este sentido, Belliboni indicó que escucharon el protocolo presentado por la ministra con mucha preocupación porque consideran que lanzó "amenazas inconstitucionales, ilegales y antidemocráticas".

"No sólo vamos a tomar las medidas necesarias para que se garantice esa movilización democrática y pacífica, sino que vamos a generar acciones legales contra la ministra por las amenazas que ha vertido contra los trabajadores por el derecho a manifestarse", adelantó el dirigente piquetero.

Para garantizar la protesta, las organizaciones buscarán tener una declaración de carácter judicial que impida a las fuerzas policiales actuar sobre la llegada de manifestantes. Además, esperan conseguir apoyo de la Confederación General del Trabajo y Central de Trabajadores de la Argentina, principales fuerzas sindicales del territorio.