Trabajar en Fukushima: sueldo bajo, riesgo alto, y la mafia japonesa

Tetsuya Hayashi fue a Fukushima a trabajar a la zona cero del peor desastre nuclear del mundo desde Chernóbil. Duró menos de dos semanas. Hayashi, de 41 años, dice que fue contratado para vigilar la exposición a la radiación de los trabajadores que dejaron la central en el verano de 2012. En cambio, cayó en una maraña de contratas y para su sorpresa fue asignado a una de las zonas más "calientes" radiactivas en Fukushima.

Se le dijo que tendría que llevar un tanque de oxígeno y un traje protector de doble capa. Incluso con eso, le dijeron, la radiación sería tan elevada que en poco menos de una hora podría superar su límite anual de exposición. "Me sentí engañado y atrapado", declaró Hayashi. "No había acordado nada de eso". Cuando se quejó ante la empresa que estaba en el siguiente escalón de la cola de contratas, dice que fue despedido. Ha presentado una demanda, pero en más de un año no ha recibido ninguna respuesta de los reguladores laborales. Las ocho compañías implicadas, entre ellas la operadora de la central, Tokyo Electric Power Co (Tepco), acuciada por los problemas, rechazaron hacer declaraciones o no pudieron ser contactadas para que comentaran su caso.

Hayashi encontró un segundo empleo en Fukushima, en esta ocasión construyendo una base de cemento para los tanques que iban a contener las barras de combustible usado. Su nuevo patrono le recortó casi una tercera parte del salario, alrededor de 1.500 dólares al mes (unos 1.087 euros), y le pagó el resto en sobres de papel marrón, afirma. Reuters revisó documentación relacionada con la demanda de Hayashi, entre ellos sobres salariales y extractos bancarios.

Los problemas de Hayashi no son atípicos en la gigantesca tarea de desmantelar los reactores de Fukushima y limpiar las zonas vecinas, con un coste de unos 150.000 millones de dólares (unos 108.000 millones de euros), según una investigación de Reuters.

Para revisar las condiciones laborales en la central, Reuters entrevistó a más de 80 trabajadores, empleados y autoridades implicadas en una operación de limpieza nuclear sin precedentes. Una queja habitual: la dependencia del proyecto en una red de subcontratas extensa y poco vigilada, muchas de ellas con poca experiencia en cuestiones nucleares y algunas de ellas, según la policía, con vínculos con el crimen organizado.

Tepco se encuentra en lo alto de una pirámide de subcontratas con al menos siete capas y que incluye a gigantes de la construcción como Kajima y Obayashi en el primer nivel. La controvertida gestora sigue al cargo de la tarea de desmantelar los reactores, subsidiada por el Gobierno y que se espera que dure al menos 30 años.

En el exterior de la central, las cuatro grandes constructoras del país (Kajima, Obayashi, Shimizu y Taisei) supervisan a centenares de empresas pequeñas contratadas con fondos del Gobierno para quitar los restos y la tierra radiactiva de los pueblos y granjas cercanos y que así las personas que fueron evacuadas puedan volver a casa. Tepco dice que no ha podido vigilar completamente a las subcontratas, pero que ha tomado medidas para limitar los abusos laborales y reducir la implicación del crimen organizado. "Firmamos contratos con las empresas basados en el coste necesario para llevar a cabo la tarea", dijo a Reuters Masayuki Ono, director general para energía nuclear de Tepco. "Luego las empresas contratan a sus propios empleados teniendo en cuenta nuestro contrato. Es muy difícil para nosotros entrar y comprobar sus contratos".

La operación de limpieza sin precedentes afronta una escasez creciente de trabajadores. Hay alrededor de un 25 por ciento más de ofertas que de demandantes de empleo en la prefectura de Fukushima, según datos gubernamentales.

Un salario elevado podría atraer a más trabajadores, pero esto no ha pasado, según los datos. Tepco está bajo presión para tener beneficios en el año a marzo de 2014 bajo un plan que los principales bancos japoneses financiaron recientemente con 5.900 millones de dólares en nuevos créditos y refinanciación. En 2011, poco después del desastre, la empresa recortó el salario de sus propios trabajadores en un 20%.

Con los salarios planos y una escasez de trabajadores, aparecieron los intermediarios laborales, reclutando a personas cuyas vidas están en un callejón sin salida o que tienen problemas para encontrar otros empleos. La consecuencia ha sido la proliferación de pequeñas empresas, muchas de ellas sin estar registradas. Unas 800 empresas trabajan en de la central de Fukushima y centenares más en la descontaminación exterior, según Tepco y documentos revisados por Reuters.

Tepco, la mayor energética de Asia, disfrutó durante mucho tiempo de fuertes vínculos con los reguladores y de una relajada supervisión gubernamental. El seísmo de magnitud 9 y el posterior tsunami que golpearon la central el 11 de marzo de 2011 cambiaron la situación. El desastre provocó tres fusiones en los reactores, varias explosiones y una fuga radiactiva que obligó a huir a 150.000 personas. Los infortunados intentos de la compañía por estabilizar la situación se han parecido al juego de "dale al topo", ha dicho el ministro de Economía, Comercio e Industria, Toshimitsu Motegi.

Hayashi es uno de los alrededor de 50.000 empleados que han sido contratados para cerrar la central y descontaminar los pueblos y ciudades de la zona. A ellos les seguirán miles más. Algunos tendrán que mantener el sistema que enfría las barras dañadas de combustible en los reactores con miles de toneladas de agua diarias. El material contaminado es trasladado luego a más de 1.000 tanques, que llenarían más de 130 piscinas olímpicas.

Desmantelar Fukushima Daiichi obligará a mantener unos 12.000 trabajadores hasta 2015, según el proyecto de Tepco. Ahora mismo hay poco más de 8.000, y en los últimos meses, unos 6.000 han trabajado dentro de la central. Esta estimación no incluye la fuerza laboral necesaria para el nuevo plan gubernamental de 330 millones de dólares para construir un enorme muro de hielo alrededor de la central que impida que el agua radiactiva se filtre al mar.

La industria nuclear siempre dependió del trabajo barato, ya desde la construcción de las primeras centrales en los años 70. Conocidos como los "gitanos nucleares", muchos provenían de zonas como el barrio Sanya de Tokio o el de Kamagasaki en Osaka, conocidos por tener muchos habitantes masculinos sin hogar. "Las condiciones laborales en la industria nuclear siempre han sido malas", dijo Saburo Murata, subdirector del hospital Hannan Chuo de Osaka. "Problemas con el dinero, reclutamiento subcontratado, falta de seguros médicos adecuados, han existido desde hace décadas".

El proyecto de Fukushima ha magnificado estos problemas. Cualquier empresa ha podido ser contratada, y muchas han acudido a intermediarios que, en casos extremos, han "comprado" a trabajadores pagándoles sus deudas y luego obligándoles a trabajar hasta que les devuelven el dinero con condiciones abusivas, según activistas laborales y empleados en Fukushima.

Hayashi también habla de problemas con las dosis de radiación que pueden recibir y el llamado "pasaporte nuclear" en el que se registraban, y que en su caso aseguró fue falsificado. Los trabajadores solo podrían recibir una dosis de 100 milisievert de exposición a la radiación en el plazo de cinco años. Superar esa cifra aumenta notablemente el riesgo de padecer cáncer, según la Agencia Internacional de la Energía Atómica.

La complejidad de los contratos en Fukushima y la escasez de trabajadores ha jugado a favor de la yakuza, el crimen organizado de Japón, que durante décadas ha gestionado fraudes laborales. Casi 50 bandas con más de 1.050 miembros actúan en la prefectura de Fukushima, dominada por tres grupos: Yamaguchi-gumi, Sumiyoshi-kai e Inagawa-kai, según la policía. Ministerios, empresas implicadas en la descontaminación y desmantelamiento y la policía han creado un grupo de trabajo para erradicar el crimen organizado del proyecto.

En un caso poco habitual de un alto cargo en la yakuza, Yoshinori Arai, un jefe de una banda afiliada al grupo Sumiyoshi-kai, fue condenado por violar la legislación laboral. Arai admitió haberse quedado con unos 60.000 dólares en dos años recortando un tercio de los salarios pagados a los trabajadores en la zona del desastre. En marzo, un juez lo condenó a solo ocho meses de prisión suspendida porque Arai dijo haber dejado la banda y lamentar sus acciones. Este caso es solo "la punta del iceberg" en cuanto a la implicación del crimen organizado, dijo un agente de policía con conocimiento de la investigación.

Ryo Goshima, de 23 años, despedido en diciembre según dice tras denunciar la práctica de recortar los salarios, afirma haber trabajado para el grupo local de Yamaguchi-gumi desde que tenía 14 años, practicando la extorsión y cobrando deudas. Lo dejó con 20 años tras pasar un tiempo en prisión. Tuvo que pedir dinero a un prestamista para pagar a la banda, que le exigió 2.000 dólares mensuales durante varios meses para dejarlo ir.

"Mis padres no querían tener problemas con la banda, así que me dijeron que me fuera y no volviera nunca", cuenta. Fue a Fukushima buscando un trabajo bien pagado para saldar su deuda y se encontró trabajando para un miembro de la yakuza de su barrio.