La fiscalía de Roma abrió este viernes una investigación contra el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, por un presunto delito de fraude fiscal relacionado con una de sus empresas. Con éste, la segunda ramificación del caso Mediaset, ya son cuatro los procesos abiertos por la justicia italiana contra Il Cavaliere.

La empresa en cuestión es Rete televisive italiane (Rti) que, según el ministerio público, presentó irregularidades en el presupuesto 2003-2004. Berlusconi ha sido llamado a declarar el próximo 26 de octubre. Y tendrá que hacerlo con su hijo, entonces presidente de Rti y varios de sus socios de negocios.

El vértice principal de las investigaciones por corrupción al premier es el denominado caso Mediaset. El pasado mes de abril, la fiscalía de Milán acusó a Berlusconi de apropiación indebida en la compra de los derechos televisivos de un paquete de películas estadounidenses.

Mediaset, según la fiscalía, adquirió esos derechos a través de Frank Agrama un socio de Il Cavaliere, por una suma superior a la que habría pagado de haberlo hecho directamente. La diferencia de precio, 34 millones de dólares, habría ido a parar a cuentas en paraísos fiscales a nombre de las compañías de Berlusconi.

La tercera pata de la trama Mediaset es el caso Mediatrade, en el que se acusa a Il Cavaliere de crear un fondo de dinero negro en el extranjero junto al propio Agrama.

Y para completar el póker de Berlusconi está el caso el caso Mills, el abogado británico que admitió haber encubierto a Il Cavaliere en dos juicios a cambio de 600.000 dólares.

Para evitar los procesos Berlusconi se creó una ley: el Legítimo Impedimento, que le permitiría no asistir a los juicios y conseguir su prescripción. En diciembre se sabrá si ese escudo es constitucional y se decidirá el futuro de Berlusconi.