"Si eres padre en un país, lo eres en todos", señalaba Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, hace un año en su primer discurso sobre el estado de la Unión. La alemana se refería a la necesidad de que toda la UE reconozca el estatus legal de las familias con padres LGTBI. Doce meses después de estas palabras, algunos países del bloque comunitario han apuntalado su deriva xenófoba. Polonia ha consumado sus "zonas libres de ideología LGTBi" y Hungría ha prohibido a las personas del mismo sexo adoptar a niños y ha sacado adelante una ley que prohíbe hablar con menores de homosexualidad en colegios o espacios públicos.

La Eurocámara vota el lunes una resolución no vinculante que reclama el reconocimiento en todos los países europeos de los matrimonios y uniones del mismo sexo y de los padres de familias LGTBi. Se espera que salga adelante, ya que hace unas semanas la comisión de Peticiones –que lidera la española Dolors Montserrat del Partido Popular- la aprobó por 21 votos a favor; 8 en contra y 4 abstenciones. En marzo, la Eurocámara sacó adelante otra resolución simbólica que declaraba a la UE zona de libertad para las personas LGTBi. Salió adelante con un fuerte apoyo, aunque contó con la oposición de Identidad y Democracia –familia política de la francesa Marine Le Pen o el italiano Matteo Salvini- o de los Conservadores y Reformistas Europeos –donde se inscriben el español Vox o el PiS polaco-.

El documento a escrutinio pone de relieve la discriminación que este colectivo enfrenta día a día. Las agresiones o insultos en las calles son la punta del iceberg, pero las restricciones a sus derechos tocan varias capas de la cotidianeidad, tales como formar una familia, conseguir la nacionalidad o asentarse en un país comunitario. El último informe de ILGA-Europe, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex de Europa, recoge un estancamiento generalizado en la defensa de los derechos humanos del colectivo a través de políticas. "Durante el último año, no ha habido ningún cambio legislativo y positivo sobre el reconocimiento de las familias LGTBi a lo largo de Europa", constata.

La agresividad de los discursos de las fuerzas ultraconservadoras con las personas y parejas homosexuales ha tenido también su eco en las calles. Una encuesta de 2019 conducida por la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales sostiene que la discriminación con motivaciones de identidad de género u orientación sexual está aumentando en toda la UE. Por ello, otra de las demandas del Pleno es ampliar los delitos de odio contra las personas homosexuales a la lista de crímenes de la UE.

El bolsillo: la principal baza europea

Los eurodiputados piden a la Comisión y al Consejo Europeo que utilicen todas las herramientas a su disposición para defender los derechos LGTBi, al fin y al cabo son derechos humanos. Y, por tanto, protegidos en los tratados europeos. El Ejecutivo comunitario ya ha sacado los dientes. Bruselas ha congelado partidas a los municipios polacos "libres de homosexuales" y mantiene los planes nacionales de recuperación de Varsovia y Budapest en stand by por los continuos ataques al Estado de Derecho. El partido de Víktor Orbán, primer ministro húngaro, sostiene que no dará marcha atrás en su polémica ley anti-LGTBI, lo que podría privar al país sin miles de millones de euros del Fondo de Recuperación Europeo.

El enfant terrible de la política europea afronta unas elecciones cruciales durante la próxima primavera y deberá medir con cuidado el pulso que mantiene con Bruselas. El dinero es la mayor palanca que Bruselas tiene para frenar la deriva de algunos de sus países. Y, aunque ha tardado varios años, es ahora cuando comienza a utilizarla para hacer valer derechos fundamentales como la separación de poderes, la no discriminación o el respeto a minorías.

Junto a Hungría y Polonia, el otro país que podría ver verse sancionado por incumplimiento en este ámbito es Rumanía. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sentenció en 2018, en el popular caso Coman y Hamilton, que el término "cónyuge" recogido en la Directiva sobre libre circulación también se aplica a parejas homosexuales. Pero el país continúa negándose a conceder permisos de residencia a parejas gays alegando que su legislación no reconoce los matrimonios del mismo sexo.

Con esta base jurídica sólida, los eurodiputados reclaman que las uniones registradas en un país miembro de la UE sean reconocidas en el resto de forma automática y uniforme y que los cónyuges reciban el mismo tratamiento y los mismos derechos que las personas heterosexuales. "Los Estados miembros no pueden invocar la protección constitucional de la moral o el orden público para violar los derechos de las familias arcoíris que se desplazan por la UE", apela el texto.

De igual forma, el Pleno de Estrasburgo pide que las familias arcoíris gocen del estatus de padres legales y, y de los derechos asociados, a lo largo y ancho de los 27 Estados miembro. El objetivo es evitar que los niños se conviertan en una suerte de menores "apátridas" o que queden despojados de su derecho de reunificación familiar en los países con las legislaciones más conservadoras en materia de igualdad LGTBi.

¿Cuál es la situación en la Unión Europea?

El mapa europeo muestra una fuerte y clara división sobre el reconocimiento de las uniones homosexuales entre el este y el oeste. La mitad de los países europeos (Alemania, Malta, Países Bajos, Bélgica, España, Suecia, Portugal, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Finlandia, Irlanda y Austria) reconocen los matrimonios del mismo sexo y otorgan a las familias homoparentales los mismos derechos. En países con una mayor tradición y herencia religiosa, como Chipre, el debate se va abriendo camino. Otros como Italia o Chequia aceptan uniones civiles, una categoría que, muchos activistas denuncian, que es insuficiente.

Muy atrás queda la Europa oriental. Países como Bulgaria, Polonia, Letonia, Estonia, Lituania, Rumanía o Eslovaquia se resisten a cualquier reconocimiento de parejas del mismo sexo. Fuera –pero cerca- de las fronteras comunitarias, el hito lo ha marcado Montenegro convirtiéndose este 2021 en el primer país de los Balcanes Occidentales en reconocer este tipo de uniones.

España, por su parte, fue pionera. En 2005, se convirtió en el cuarto país del mundo en legalizar el matrimonio gay. 16 años después, el discurso del odio, especialmente a través de las redes sociales, es una de las asignaturas pendientes del país, según el informe anual de ILGA. La investigación recoge que el número de personas transexuales que han pedido ayuda durante la pandemia en el país se ha disparado un 266%. El pasado noviembre, un menor de 11 años fue hospitalizado en Murcia como consecuencia de una paliza con tintes homófobos; el asesinato de Samuel al grito de "maricón" indignó a buena parte del país; y en octubre, una joven de 17 años se suicidó tras arrastrar años de bullying por ser lesbiana. A pesar de ello, el país se encuentra entre los más tolerantes de la UE. El mapa del arcoíris, que ILGA realiza cada año, posiciona al país en el top tres del respeto a la igualdad, por delante de países como Francia, Alemania o Dinamarca.