Maite no daba crédito al correo que le concedía veinte días para presentar un título de inglés básico (B1), de los que gestionan las compañías privadas contratadas por Home Office (ministerio de Interior británico) al precio de 150 libras (164 euros); ella, en su solicitud para la nacionalidad británica, demuestra con documentos, incluido un certificado de matrimonio de 1988, más de 30 años viviendo en Londres y el título Proficency de la universidad de Cambridge, reconocido internacionalmente como de alto nivel en conocimiento de la lengua inglesa. Si no presentaba el básico (B1) en el plazo de tiempo requerido perdía las 1.349 libras (1.470 euros) de la solicitud y las 50 (55 euros) del examen aprobado Life in the UK, organizado por otra empresa privada y necesario para la solicitud. "Perdía el dinero y perdía los nervios por los siete u ocho meses que llevo de papeleo", comenta Maite aún desasosegada por si le niegan la segunda nacionalidad, ahora que España permite tener dos.

La revisión del expediente documental y la cita para la obtención de datos biométricos también va a cargo de una empresa privada que cobra un mínimo de 120 libras (131 euros), según el grado de implicación en el proceso administrativo: ¿quién hace, por ejemplo, las copias de las páginas en blanco del pasaporte?, el solicitante o la empresa de gestión, de matices como éste depende el pago. En total, la nacionalización británica cuesta unos 2.000 euros y en los trámites (la mayor parte electrónicos) intervienen, al menos, tres compañías privadas asociadas o contratadas por Home Office.

El referéndum sobre el Brexit de 2016 y la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), definitiva el 31 de diciembre, ha generado gran incertidumbre en los españoles residentes en Reino Unido. Según las cifras de la Ventanilla Brexit de la embajada, 246.601 españoles residentes en Reino Unido han solicitado la residencia permanente o settled status a raíz del Brexit. Otros han ido más allá solicitando la nacionalización. Maite hace corrillo con un grupo de españolas contemporáneas que, como ella, casada con un británico, se encuentran periódicamente para recorrer el frondoso parque de Hampstead Heath, al norte de Londres. Carmen, de Villareal (Castellón); Nieves, de Bilbao; Flor, de Gijón; Tina, de Barcelona; y Eva, de un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Con alguna otra del sur casi podrían representar el mapa autonómico español. Todas llevan más de veinte años en la capital inglesa; la mayoría está en proceso de nacionalización. Carmen Cabrera, profesora de universidad, argumenta que "no siento ninguna necesidad de hacerme británica, ¿para qué? si con la residencia permanente me basta; llevo años cotizando y siento que mi trabajo está protegido; no veo ninguna ventaja en la nacionalización".

Las que se han nacionalizado o están en trámites aducen motivos distintos, pero algunas tropiezan con trabas similares. "Yo quiero entrar y salir de Inglaterra cuando me plazca, sin tener que contar el número de días al año que estoy en Londres o en Gijón", aduce Flor como principal razón para conseguir la nacionalidad y el pasaporte (azul de nuevo, fabricado en Francia) británico al precio de 80 libras (87 euros). El Brexit post coronavirus restringirá el período de tiempo que los extranjeros puedan permanecer en Reino Unido y sus derechos a trabajar o a quedarse; quienes tengan la residencia permanente tendrán límites de estancia fuera del país. Tina y Eva, por su parte, creen que la nacionalidad les protege la propiedad de la casa que habitan o, en el caso de Eva, la empresa de importación que dirige.

Un tema común a todas ellas es la gestión de pensiones o eventuales trámites e impuestos de herencias o las cotizaciones a la Seguridad Social británica. Las que alquilan algún inmueble en España, a partir del 1 de enero deberán pagar el 24% (antes el 19%) a la Hacienda española y no se someterán a desgravaciones por residir fuera de la UE. "Desde el Brexit mi patriotismo ha quedado reducido a la nada, pero esta es mi casa y tengo aquí a mi familia; nacionalizada me siento más protegida oficialmente", balbucea Tina, administrativa, a quien le han exigido nueva documentación para justificar sus contribuciones a la Hacienda británica. "No tienen suficiente con las nóminas y las declaraciones de la renta; ya no sé qué más presentar", apunta Tina con tono de frustración y cansancio.

A la hora de pagar los largos y complejos trámites de nacionalización (llamada naturalización para distinguir la adquirida por extranjero de la de nacimiento) los precios son casi siempre superiores a los que fija la página oficial de Home Office. El laberinto entre el ministerio de Interior y las empresas privadas a las que adjudican la ejecución de las gestiones convierte la naturalización en un dédalo de enredados trámites administrativos. La organización British Future, dedicada a la integración de los inmigrantes, ha pedido esta semana al Gobierno que "simplifique la complejidad de la nacionalización porque disuade a muchas personas de solicitarla", y requiere también que "rebaje el precio de los trámites y las condiciones del proceso de naturalización".

El caso de Maite con el inglés básico o el de Tina con las contribuciones fiscales son parecidos a otro que provocó gran ruido en los medios británicos. La danesa Inga Lockington, exalcaldesa de Ipswich (ciudad de 133.000 habitantes), residente en Inglaterra desde 1979 y casada con un británico, solicitó la nacionalidad tras el referéndum de 2016 y se la negaron por no adjuntar un certificado de residencia permanente. El caso acabó con disculpas de Home Office en activa y en pasiva. El certificado de matrimonio de 1979 no era suficiente y ella no disponía de ningún otro documento que la vinculase a Reino Unido. El escándalo Windrush de inmigrantes caribeños llamados a trabajar tras la Segunda Guerra Mundial y considerados ilegales en 2018 todavía se arrastra en la política británica, en la que los efectos del Brexit están por ver y medir.

Según Home Office, las cifras de españoles que han solicitado la nacionalización o naturalización británica desde el Brexit (2016) son las siguientes: