La campaña electoral francesa se ha convertido en un auténtico vodevil. A menos de dos meses de los comicios presidenciales, dos de sus protagonistas, la ultraderechista Marine Le Pen y el conservador François Fillon, se han visto implicados en escándalos de corrupción, de los que ambos tratan de culpar a oscuras maquinaciones políticas o mediáticas.

La situación es inédita por tratarse de dos de los principales candidatos en la carrera al Elíseo, pero las corruptelas en la clase política gala no son nuevas. “Conflictos de intereses, nepotismo, puertas giratorias, empleos simultáneos en la empresa privada y en el servicio público, son prácticas habituales” entre los cargos públicos franceses, considera el sociólogo Nicolas Framont, autor del libro Los candidatos del sistema.

Quien peores cartas lleva, tanto en términos electorales como judiciales, es François Fillon. El pasado viernes, la Fiscalía francesa decidió remitir a la justicia ordinaria el caso de empleos ficticios por el que está siendo investigado, acabando con las posibilidades de que el expediente sea sobreseído. Fillon está acusado de haber pagado, a cargo del contribuyente, 900.000 euros a su esposa Penelope y casi 100.000 a dos de sus hijos, por puestos que en realidad ninguno de los tres habría desempeñado.

El conservador se enfrenta a cargos por malversación de fondos públicos, falsificación documental, tráfico de influencias y falsedad. La apertura de un sumario judicial podría poner en serios aprietos al conservador si el expediente se resuelve antes de las elecciones o si no llega al Elíseo, circunstancia última que podría garantizarle la inmunidad. Y aunque ha dicho que pase lo que pase no renunciará a su candidatura, ésta depende aún de que consiga antes del 17 de marzo los 500 apadrinamientos que todo aspirante a la jefatura del Estado necesita para continuar la carrera presidencial mientras parte de su formación, Los Republicanos, exigen su cabeza.

El ganador de las primarias de la derecha se erigió durante la campaña en referente moral frente a sus dos grandes rivales, Alain Juppé y Nicolas Sarkozy, implicados previamente en casos de corrupción. “Fillon preconizaba la austeridad para los pobres y mayor control en la distribución de ayudas”, destaca Framont, aludiendo a las draconianas medidas de reducción del gasto público propuestas en el programa del conservador, que incluyen la eliminación de 500.000 puestos de funcionarios. “Cuando la gente se entera de que ha remunerado generosamente a su familia con dinero público… la indignación es lógica”, considera el sociólogo.

En esa tesitura, su popularidad ha caído considerablemente y el liberal Emmanuel Macron, exministro de Economía en el Gobierno socialista y revelación estrella de esta campaña, ya lo supera en algunos sondeos. Según una encuesta de Kantar Sofres para la cadena LCI publicada el domingo, el candidato de En Marche! quedaría en segundo lugar en la primera vuelta con un 25% en intención de voto, pisándole los talones a Le Pen (27%) y por encima de Fillon, que habría retrocedido al 20%.

Fillon, hace unos días en Tourcoing. REUTERS/Pascal Rossignol

Le Pen, intocable

Mientras la situación se enturbia cada vez más para el candidato de Los Republicanos, la ultraderechista Marine Le Pen aguanta incólume mientras van cayendo torres a su alrededor. Primero su jefa de gabinete, Catherine Griset, fue encausada por el principal expediente que hoy pesa sobre la líder del Frente Nacional (FN): un caso de empleos ficticios en el Parlamento Europeo, por los que la Eurocámara le reclama 340.000 euros. Posteriormente, uno de sus colaboradores cercanos, Frédéric Chatillon, ha sido imputado por financiación ilegal de un micropartido ligado al FN en las elecciones locales y departamentales de 2014 y 2015.

Pero nada de esto ha logrado impedir que la candidata de extrema derecha siga primera en las encuestas. “Marine Le Pen valdría como anuncio de sartenes antiadherentes: nada se le pega”, ironizaba el pasado sábado un editorial de Le Monde. “Nada la pone en entredicho, ninguna investigación sobre financiación dudosa de sus actividades políticas puede quebrar la confianza de sus partidarios”.

Para el politólogo Olivier Rouquan, investigador del centro CERSA, “el Frente Nacional ha cultivado un discurso de victimización y le va bien. Puede decir que el sistema le ataca y su electorado se cierra en bloque para proteger a su líder; ni siquiera le preocupa si las acusaciones son ciertas”. En efecto, tras varios registros en la sede de su formación y en el domicilio de varios colaboradores, Le Pen ha sido citada como testigo en el juicio en marcha pero se ha negado a colaborar hasta después de las elecciones, alegando que existe una “conspiración política” en su contra y no se prestará al juego.

“Cuando alguien afirma combatir el sistema como hace Le Pen, entrar en litigio con quienes lo representan -periodistas, jueces, instituciones europeas- parece menos contradictorio para el electorado que cuando un defensor puro del orden establecido como Fillon hace trampas con las reglas de una sociedad que él mismo defiende”, considera Framont.

De momento, el mayor beneficiado de la caída en desgracia de sus dos principales rivales, Emmanuel Macron, los ha criticado con bastante tibieza, quizá porque “no le interesa que nadie mire demasiado de cerca su carrera y sus amistades: él también está ligado a los ambientes de dinero, y claramente utilizó el Ministerio de Economía para preparar su campaña”, señala el sociólogo. Entre el resto de candidatos, como el socialista Benoît Hamon o incluso el líder de ultraizquierda Jean Luc Mélenchon, “se juega la carta de la prudencia: nunca se sabe si un escándalo va a estallar mañana en el seno de su propio partido”, considera Rouquan.

Protestas contra Fillon en Compiegne. REUTERS/Benoit Tessier

En la calle, entre el hartazgo y el fatalismo

El 19 de febrero tuvo lugar la primera convocatoria ciudadana contra la corrupción política. En París, unas 2.000 personas se concentraron en la céntrica plaza de République, que un año después del inicio de Nuit Debout volvió a convertirse en un ágora improvisada para que ciudadanos anónimos expresaran su malestar ante la corrupción de la clase política, pero también la violencia policial o las deficiencias del sistema democrático. En paralelo, nació el colectivo Stop Corruption.

Este fin de semana, sin embargo, las manifestaciones que debían replicarse en una decena de ciudades francesas tuvieron una afluencia mínima. “En Nantes somo cuatro gatos”, se quejaba un internauta en la página del evento en Facebook. En la capital, apenas 200 personas acudieron a la concentración. “Bienvenidos a la Cleptocracia” o “Fillon. El Millón. A prisión”, rezaban las pancartas de los escasos asistentes.

“Estoy francamente decepcionada de ver tan poca gente aquí”, lamentaba Claire, una manifestante, ergoterapeuta de 28 años. “Votaré, claro, pero ya estoy harta de votar contra o por el menos malo. Quiero expresar mi desacuerdo y ser contada, y por eso votaré en blanco”. A su lado, su amiga Jamila, informática de 29 años, se mostraba resignada: “Ni siquiera los candidatos de izquierda dicen nada al respecto… Normal, ellos están en las mismas”.

Desde los años ochenta y los primeros casos de corrupción que salieron a relucir con Jacques Chirac, todos los gobiernos en Francia se han visto salpicados por escándalos, desde la administración de François Miterrand y Nicolas Sarkozy a la de François Hollande, cuyo ministro de de Hacienda, Jérôme Cahuzac, debió dimitir imputado por fraude fiscal.

Pese a que no se esté mostrando en la calle con grandes manifestaciones, el hartazgo de la ciudadanía con respecto a la clase política es palpable para los expertos. “Existe un verdadero riesgo de que haya un alto nivel de abstención, y no solo en la primera vuelta”, alertaba el politólogo Olivier Rouquan. “A diferencia de 2002 (cuando Le Pen padre pasó a segunda vuelta), el rechazo al Frente Nacional podría no ser suficiente para movilizar al electorado de izquierda” en la ronda definitiva.

Philippe Pascot, exconsejero regional y exalcalde adjunto en el municipio de Evry en la época en que Manuel Valls era primer edil, dejó la política para iniciar una cruzada contra la corrupción en la administración. Acaba de publicar el segundo volumen de su libro Saqueadores del Estado, donde enumera más de un millar de casos que afectan a cargos públicos, y no discrimina por siglas. “En cuanto entran en el sistema, la sopa está tan buena que es difícil resistirse: todos quieren probarla, ya sean de izquierdas o de derechas”, asegura este activista por la transparencia en política, que calcula que el 30% de los parlamentarios franceses han tenido algún litigio con el fisco o la Justicia. Pascot considera que existe un cierto “fatalismo” en la calle, pero cree que aún puede convertirse en movilización: “La gente piensa que la democracia es un derecho adquirido, pero no, la democracia es un combate, y tenemos que exigirla”.