El 2018 quedará tatuado en la mente de Margarita Barajas Varela como un año memorable. Mientras regaba las plantas en su casa de Compton, California, le comunicaron que su hijo, Héctor Barajas, por fin había recibido autorización para regresar a Estados Unidos, obtener la ciudadanía estadounidense y fundirse en un abrazo con ella.

Dicha notificación ponía fin a una angustiosa y larga espera plagada de incertidumbre y trámites legales para este mexicano y exsoldado del ejército estadounidense, que fue deportado por cometer un delito y que había pasado ocho años viviendo en México.

“Casi me da un infarto porque fue una sorpresa. Llevábamos un año esperando el perdón y pensamos que tardarían varios años más en que lo dieran”, explica Margarita.

La historia de Héctor retrata los pormenores que enfrentan los veteranos de guerra que, aún siendo residentes legales y hayan jurado defender la constitución y soberanía de la primera potencia mundial ante sus enemigos, son arrancados de sus familias y deportados por cometer un delito grave –o incluso menor–, según detalla un informe publicado por la Unión Americana de Libertades Civiles.

Cuenta Margarita que a su hijo le encantaba jugar con soldados desde pequeño y que decidió alistarse en el ejército cuando ni siquiera había cumplido los 18 años. Entre 1995 y 2001, Héctor formó parte de la 82ª División Aerotransportada. Durante este periodo obtuvo varias condecoraciones, incluyendo la Medalla de Acción Humanitaria.

Sin embargo, la readaptación a la vida en Compton no resultó fácil y, el 24 de diciembre de 2002, salió de marcha con unos amigos, consumió bebidas alcohólicas y disparó a un vehículo con ocupantes. Aunque nadie resultó herido, Héctor se declaró culpable de posesión ilegal de un arma de fuego y cumplió trece meses de condena.

“El abogado le recomendó (a mi hijo) que se declarara culpable porque el proceso sería más rápido. Dijo que le iban a limpiar el historial y, como es residente legal, pensamos que tras cumplir condena regresaría a casa”, explica Margarita.

La realidad fue muy distinta. Nada más salir de la cárcel en septiembre de 2004, Héctor fue trasladado a un centro de detención de inmigrantes en Arizona –de ahí lo deportaron–.

Aterrizó en México, un país cuyo idioma apenas hablaba. Sin amigos y con dificultades para adaptarse a la sociedad azteca, Héctor pasó tres meses en casa de sus abuelos. Pero su deseo de regresar a California con sus padres, su bebé y su novia le impulsaron a cruzar la frontera ilegalmente para reunirse de nuevo con ellos. Lo hizo en coche, con su pareja al volante y con él como pasajero. “No le pidieron papeles ni documentos para pasar por Tijuana”, asevera Margarita.

Durante casi ocho años, el exsoldado logró evadir a la policía y a la “migra”. Pero en 2010 fue arrestado tras cometer una infracción de tráfico y lo deportaron de nuevo, sumándose así a la lista de miles de inmigrantes con historial delictivo deportados en los últimos años, y la cual se ha acrecentado bajo Donald Trump.

A sus 56 años, Mario Martínez, sigue a la espera de recibir el perdón del gobernador de California para frenar su deportación. En la imagen posa en casa con su esposa.

Esta vez, Héctor eligió la ciudad fronteriza de Tijuana como destino para instalarse. Desde allí, inició los trámites para solicitar un perdón del entonces gobernador de California, Jerry Brown. Recibirlo implicaba poder recuperar la residencia permanente y emprender el regreso a Estados Unidos.

En paralelo fundó el Albergue de Apoyo para Veteranos Deportados (Deported Veterans Support House), que cuenta con el apoyo del Departamento de Asuntos para los Veteranos (U.S. Department of Veteran’s Affairs) de San Diego y cuyo objetivo es ayudar a los soldados retirados a adaptarse a la vida civil y a recibir la ayuda legal, médica y psiquiátrica que puedan requerir.

Esta base de operaciones, conocida como “the bunker”, es una vivienda de dos plantas impregnada por el espíritu patriótico que tanto caracteriza al pueblo estadounidense. Hay banderas americanas, carteles militares y el inglés es el idioma en el que se comunican los veteranos – porque la gran mayoría llegó a Estados Unidos cuando eran pequeños, obtuvieron la residencia legal y crecieron mamando la cultura anglosajona.

“Desde que abrió el albergue, los deportados ya tienen mejor vida. Hace cinco o seis años, veías a veteranos deportados en Tijuana que comían de la basura”, relata Margarita. “Nosotros les llevábamos comida y ropa cada ocho días, pero al ver sus historias se te parte el alma porque algunos han sido abandonados por sus familias”, prosigue mientras rompe a llorar al otro lado del teléfono.

Uno de los veteranos que mira hacia Héctor como una fuente de inspiración es Mario Martínez, que formó parte del ejército americano entre 1980 y 1986. Ahora, a sus 56 años y con más de cinco décadas viviendo en Estados Unidos, está tratando de frenar su deportación – un proceso que se inició después de que cumpliera una condena de cinco años por violencia doméstica y asalto con arma letal.

“El gobierno va a seguir tratando de deportarme. No lo van a soltar porque es un delito agravado y el único modo de salvarme es con el perdón del gobernador”, asegura el exsoldado. “Desde que cambiaran las leyes migratorias en los años 90, el juez ya no tiene discreción para ayudarte aunque quiera”.

La historia de Martínez se remonta a la noche del 14 de agosto de 2008, cuando este ingeniero acudió a casa de un amigo y descubrió que este se había ahorcado. Abatido y desconcertado por la situación, Martínez se fue a un bar y regresó en estado de embriaguez al apartamento que compartía con su novia. Allí la pareja mantuvo una acalorada discusión.

“En un punto yo tenía una cerveza en la mano y, al gesticular, me volteé y se me salió la cerveza de la mano y le pegó en el cachete”, relata Martínez. “No quise herirla, pero resultó cortada en la cara”.

Martínez cumplió parte de su condena en un programa especial que permite a los reos realizar labores forestales y extinguir incendios de forma voluntaria a cambio de una reducción de la sentencia y un salario de dos dólares al día o de un dólar por hora.

El mexicano confiesa tener “esperanza” en que su conducta durante dicho periodo, aunado al hecho de que lleva cinco años trabajando como ingeniero para una compañía californiana, le sirvan para obtener el perdón del actual gobernador estatal, Gavin Newsome, y pueda así revertirse el proceso de deportación que está en marcha y que tiene una cita judicial clave en marzo de 2020.

“No quiero que me deporten, pero si me deportan, sé que voy a estar bien”, explica este inmigrante que ya tiene una cuenta de ahorros para enfrentar cualquier posible desenlace.

La denuncia de Martínez a Público llega también tras la publicación en junio de 2019 de un informe de la Oficina de Transparencia Gubernamental (GAO) que advierte que, entre 2013 y 2018, las autoridades migratorias (ICE) se saltaron sus propios protocolos de actuación para iniciar la deportación de los veteranos de guerra.

Antes de proceder a la deportación de un inmigrante, ICE debe corroborar primero si este es un veterano. De serlo, debe evaluar su historial militar, el tiempo que permaneció en el ejército, sus condecoraciones y las misiones en las que ha participado. La decisión también debería ser revisada por instancias superiores.

ICE, sin embargo, no aplicó estos criterios de forma consistente, lo que resultó en la deportación de veteranos que podrían haber permanecido en el país y obtenido la ciudadanía estadounidense. El informe también concluye que “ICE no sabe el número exacto de veteranos en proceso de deportación o deportados”.

“Entiendo que cuando se comete un delito se tiene que pagar, pero que los deportes, les des la espalda y los tires a la basura, no se me hace justo”, sentencia Margarita Barajas.