El narcotráfico campa a sus anchas en Ecuador desde hace tiempo, pero la sangrienta embestida de esta semana ha puesto ahora contra las cuerdas al Gobierno del joven presidente Daniel Noboa, elegido recientemente en las urnas y sin mucha experiencia política. La amenaza de los carteles del crimen organizado es tan grave que el país se encuentra al borde de convertirse en un Estado fallido.

El espíritu del método impuesto por el presidente salvadoreño Nayib Bukele (seguridad a cambio de derechos) planea hoy sobre la crisis ecuatoriana.

Noboa declaró ayer el estado de excepción por la existencia de un "conflicto armado interno". Un día antes se había fugado de la cárcel el "enemigo número uno" de la Policía, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, mientras los presos de las principales bandas de delincuentes tomaban el control de seis centros penitenciarios.

La ofensiva del narcotráfico no quedó ahí. Un comando de diez hombres armados y encapuchados penetró en el canal de televisión TC en Guayaquil, centro económico de Ecuador, y sometió a sus periodistas en plena transmisión. La pesadilla, seguida en directo por medio país, acabó con la intervención policial y la detención de los pandilleros.

Carteles mexicanos en Guayaquil

Las escenas de violencia (hay al menos diez muertos) y la respuesta del Gobierno (con la movilización del Ejército) son el último y más grave episodio de la deriva de Ecuador. Dos de los carteles mexicanos más poderosos (Sinaloa y Jalisco Nueva Generación) vieron hace unos años en este país sudamericano el lugar ideal para reconducir sus negocios gracias a su ubicación geográfica (entre Perú y Colombia, los dos grandes productores de cocaína) y a la existencia de centros portuarios como el de Guayaquil, con escasos controles y una corrupción administrativa rampante.

La economía dolarizada de Ecuador facilitaba además el blanqueo de capitales. Sólo faltaba la infantería, un ejército pandillero como el que se armó en El Salvador en los años 90. El alto nivel de desempleo envió a sus filas a miles de jóvenes sin futuro que hoy engrosan pandillas como Los Choneros, Los Tiguerones o Latin Kings.

Ecuador disfrutaba hasta hace poco de índices de inseguridad envidiablemente bajos. Tras la irrupción del narcotráfico esos niveles se han disparado. En 2022 se registraron 4.600 homicidios y una tasa de 25 muertes por cada 100.000 habitantes. En los nueve primeros meses de 2023 ya se habían superado esos indicadores, con 5.300 crímenes mortales, y es probable que el año haya acabado con una tasa cercana a 35 homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, superior a la de México o Colombia.

El espejo de Bukele

El Salvador camina por el sendero contrario desde la llegada al poder del ultraderechista Bukele. Las maras (pandillas) que asolaban el país durante las últimas tres décadas han sido barridas del mapa tras la aplicación de un régimen de excepción antidemocrático que ha supuesto la entrada en prisión de unas 70.000 personas, muchas de ellas inocentes.

Previamente, el autócrata centroamericano había construido una gigantesca cárcel para albergar a los detenidos. Bukele ha logrado acabar con la delincuencia, pero a cambio se ha llevado por delante los derechos más elementales de los salvadoreños, algo que no parece importarle a una mayoría que, a buen seguro, le volverá a otorgar su confianza en las elecciones presidenciales de febrero.

Al igual que Bukele, Noboa se ve a sí mismo como un político moderado, sin una ideología definida. El mandatario salvadoreño arrancó su carrera en las filas del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (la antigua guerrilla marxista reconvertida en partido político) y hoy sus formas autoritarias lo retratan como un populista de extrema derecha. Ambos son jóvenes. Bukele tiene 42 años y Noboa acaba de cumplir 36. El presidente ecuatoriano es hijo de uno de los grandes magnates de Ecuador, Álvaro Noboa, quien ha visto cumplido con su hijo el sueño que él mismo no pudo alcanzar pese a presentarse varias veces como candidato presidencial.

La crisis de inseguridad puede llevar ahora a Noboa a seguir los pasos de Bukele. De hecho, algunas de las medidas anunciadas en el denominado Plan Fénix van en esa dirección: la creación de dos nuevos y gigantescos centros penitenciarios y la compra de barcos-prisiones.

El estado de excepción declarado esta semana no es una novedad en Ecuador. Guillermo Lasso, el predecesor de Noboa, ya echó mano de esa medida en varias ocasiones para tratar de sofocar la violencia del narco. Fue en vano y Lasso (un exbanquero de derechas) acabó dimitiendo y convocando elecciones anticipadas antes de que lo destituyera el Congreso.

La crisis había empezado incluso antes, durante el Gobierno de Lenín Moreno, quien tuvo que hacer frente a la masacre de 79 presos en febrero de 2021, poco antes de concluir su mandato. Desde 2020 han muerto unos 400 internos en las prisiones ecuatorianas. Ninguno de los tres presidentes ha podido evitar que las cárceles, donde hay recluidos más de 30.000 presos, estén bajo el control de las bandas.

El poder del narcotráfico parece imparable. Durante la campaña electoral de agosto pasado fue asesinado Fernando Villavicencio, el candidato más decidido a combatir al crimen organizado. Noboa no figuraba entre los favoritos, pero finalmente se impuso en segunda vuelta a la progresista Luisa González, del partido del expresidente Rafael Correa.

La inseguridad ha crecido exponencialmente al calor de una crisis económica que ha situado a uno de cada cuatro ecuatorianos bajo el umbral de la pobreza y a uno de cada diez en la indigencia. Los gobiernos neoliberales de Moreno y Lasso enterraron la amplia agenda social construida por Correa durante una década y fueron achicando la presencia del Estado en algunas zonas y sectores del país. Un Estado que ahora sucumbe ante su propia inoperancia.