“El buen bandido es el bandido muerto” fue una de las principales banderas de Jair Bolsonaro durante su carrera de diputado federal. Apoyado por casi 58 millones de personas, 39% del electorado nacional, Bolsonaro ganó en octubre las elecciones presidenciales del mayor país de América Latina prometiendo mano dura contra el crimen. En ejercicio desde el 1 de enero, este militar en la reserva tardó escasamente 15 días en aprobar por decreto una de sus principales promesas: la flexibilización de la posesión de armas. Para Bolsonaro “violencia se combate con violencia”, pero esta no será una política novedosa para quien ha conocido la cara más oscura de la denominada “guerra contra las drogas” en Brasil en las últimas tres décadas.

La venta de drogas y otras mercancías ilícitas ya existía en Brasil pero fue a partir de mediados de los años noventa cuando las bandas criminales comenzaron a armarse y el Estado, junto con el apoyo de los medios de comunicación, alimentaron un retrato violento de la venta minorista en las favelas. Esta era la forma de legitimar el combate bélico a esta actividad, según explica Julita Lemgruber, socióloga y coordinadora del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (CESEC) de la Universidad Cándido Mendes, que en aquella época dirigía el Sistema Penitenciario de Río de Janeiro. “El imaginario que demoniza a las drogas justifica la violencia”, declara.

El tráfico de drogas no es un problema exclusivo de Brasil, lo que cambia de un país a otro son las formas de combatirlo. En todas las grandes ciudades es posible comprar drogas, explica Lemgruber que puntualiza que, además, “en Río de Janeiro una persona de la (acomodada) zona sur de la ciudad puede llamar a un “disk delivery” y recibir la droga en la puerta de su casa”. Para esta socióloga, lo que las autoridades denominan como combate al tráfico de drogas es una desigual y violenta persecución de la venta de drogas al por menor en las favelas. “La favela no tiene refinaría de cocaína, ni plantaciones de marihuana. Todos sabemos que las grandes cantidades de droga se desplazan por el país con la protección de policías corruptos e, inclusive, de las Fuerzas Armadas”, declara esta investigadora que considera que no existe crimen organizado en Brasil sin la colaboración de la policía. “Los propios policías que incautan armas un día en una favela se la venden después a otra banda criminal”, describe ella, con un inciso para aclarar que no considera que la totalidad del cuerpo policial esté corrompido.

Lemgruber defiende con ahínco que, si existiese un trabajo de inteligencia, la policía podría impedir que la droga entrase en las favelas. “Hipócrita” y “cínica” son los adjetivos que ella utiliza para describir la débil política de seguridad pública que coloca el foco de acción en los barrios más marginalizados. “En realidad, no existe una guerra contra las drogas, existe una guerra contra los pobres, los negros, los habitantes de la favela”, añade.

“La ley es racista”

Una de las consecuencias más voraces de la “guerra contra las drogas” es el encarcelamiento masivo y, generalmente, indiscriminado tanto de usuarios como de traficantes. La Ley de Drogas más reciente en Brasil, que data de 2006, dispone en su artículo 28 que “para determinar si la droga se destinaba a consumo personal, el juez atenderá a la naturaleza y a la cantidad de la sustancia incautada, al local y las condiciones en la que se desarrolló la acción, las circunstancias sociales y personales, así como la conducta y antecedentes del agente (acusado)”.

“Cuando la policía detiene a un joven negro de la favela con droga, aunque sea poca cantidad, acaba siendo considerado tráfico. Un joven blanco detenido en Baixo Gávea (un barrio de clase media-alta de la zona sur de Río de Janeiro) con una cantidad de droga mayor no va a ser considerado traficante, porque estudia en la Universidad Católica, tiene un coche propio, su familia vive en un barrio de bien, por tanto, ¿por qué precisaría ser traficante?”, cuestiona la socióloga Lemgruber. Ella afirma sin reparos que “la ley es racista, es una ley que etiqueta”.

Una investigación del CESEC liderada por Lemgruber, donde se estudiaron más de 1.300 casos de acusados por porte de drogas entre 2013 y 2015 en Río de Janeiro, demuestra que el 95% de los detenidos fueron descubiertos de forma infragranti, es decir sin una investigación que demostrase que se trataba de un vendedor ni que persiguiese a las grandes estructuras del tráfico. Casi el 70% de ellos poseían menos de 50 gramos, aunque encontraron condenas por tráfico por portar 1,9 gramos mientras otros casos con 480 gramos fueron tipificados como consumo propio. Aunque actualmente tramitan en el Senado varias propuestas para modificar la actual Ley de Drogas de 2006 y establecer un diferencial entre consumo y tráfico, Lemgruber considera que será difícil ahorrarle la prisión a ciertos usuarios mientras exista una policía racista y un sistema judicial “conservador e inquisidor”, donde generalmente prevalece la versión de los agentes como prueba única y absoluta, tal y como demuestra en su estudio.

Sistema penitenciario saturado

Como si de un nuevo y revolucionario tratamiento contra una enfermedad se tratase, el actual Ministro de Justicia y Seguridad Pública Sergio Moro presentó este 12 de febrero un “paquete anticrimen” con 14 enmiendas de ley y del Código Penal para combatir el crimen organizado, la corrupción y los delitos violentos. Para endurecer el combate contra el tráfico ilegal de estupefacientes, esta batería de medidas que todavía deberá ser votada por el Congreso y por el Senado, propone penas más severas contra los acusados de integrar grupos criminales, privación de la libertad provisional y de cualquier posibilidad de reducción de pena.

El endurecimiento de las penas de carcel se traduciría en una explosión del número de presos del sistema penitenciario brasileño, según Julita Lemgruber, que califica la propuesta de Moro como “una tragedia”. Brasil posee el tercer mayor número de encarcelados del mundo, después de China y Estados Unidos, con un tasa de ocupación del 197,4%, dos presos por cada plaza penitenciaria, según el último informe de 2016 del Ministerio de Justicia. Un 30% responden acusaciones por porte de estupefacientes.

Entre las propuestas de Moro, figura también la introducción del mecanismo estadounidense del “plea bargain” para que un acusado pueda negociar su pena si asume previamente la culpa. Esto permitiría aliviar el sistema judicial y reducir la prisión cautelar en la que los acusados aguardan, en media, durante siete meses una sentencia. No obstante, Lemgruber considera esta medida “absurda” porque aumentaría el número de presos condenados y, en muchos casos posiblemente inocentes. “Tendremos una ristra de negros, pobres, habitantes de favela, con baja escolaridad y sin asistencia jurídica que aceptarán ese trato (con connotaciones de regateo, por la traducción del término original “bargain”) con el Estado porque tendrán miedo, y ante el abandono de defensa judicial más vale negociar cuatro años de cárcel que aguardar una condena de ocho”, alega Lemgruber.

“El paquete de Moro es una autorización para matar”

En una intervención de la policía militar el pasado 8 de febrero en varias favelas que rodean el turístico barrio de Santa Teresa, centro de Río de Janeiro, los agentes mataron a 14 personas dentro de un local donde los sospechosos supuestamente se habían rendido, de acuerdo con versiones de los familiares presentes, recogidas por el periódico Folha de São Paulo. Dos días antes, otra misión policial en el municipio de Queimados, periferia de esta misma ciudad, murieron cinco personas a manos de la policía. En estos casos, la alteración de las escenas del crimen por parte de los agentes dificulta las investigaciones.

“Aunque Moro diga lo contrario, y eso es cinismo, hipocresía absoluta, su paquete (anticrimen) es claramente una autorización para matar”, declara Julita Lemgruber. Entre las medidas más polémicas de la propuesta del ministro de Justicia y Seguridad figura la modificación del Código Penal para ampliar la concepción de legítima defensa y exculpar o reducir las penas de las acciones violentas de la policía que pretendan prevenir cualquier agresión, así como los excesos de fuerza “derivados de miedo excusable, sorpresa o violenta emoción”.

Moro, juez responsable por la condena de prisión por corrupción del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, defiende que "el policía no tiene que esperar a recibir un disparo para reaccionar”, ignorando que los agentes de los cuerpos de seguridad, por el simple hecho de estar entrenados en el uso de armas y en la gestión de situaciones violentas, deberían someterse a reglas de legítima defensa más restrictivas, tal y como argumenta en un comunicado el abogado Nilo Batista, presidente del Instituto Carioca de Criminología (ICC). “La propuesta de Moro de perdonar entre comillas a los policías que maten es un estímulo a este tipo de acciones”, indica Lemgruber en referencia a las dos recientes matanzas.

“Los policías militares sufrimos y hacemos sufrir”

Este 2019 comenzó batiendo el récord del enero más sangriento de los últimos 20 años. El Instituto de Seguridad Pública de este estado registró 160 fallecidos como resultado de las intervenciones policiales solo en la ciudad de Río de Janeiro, considerada como uno de los centros neurálgicos de “la guerra contra las drogas”. A nivel nacional, en 2017 murieron 5.144 personas a manos de la policía, lo que representa 14 muertes por día y un aumento del 20% en relación al año anterior, de acuerdo con los últimos datos del Forum Brasileño de Seguridad Pública. Asimismo, en el mismo periodo, fallecieron 367 policías durante el ejercicio de sus funciones, uno por cada día del año.

“El agente de policía considera que está haciendo un bien para la sociedad”, explica Ibis Pereira, antiguo comandante de la Policía Militar de Río de Janeiro, actualmente investigador y coronel de la reserva. “El criminal es el enemigo de la sociedad, la violencia es una enemiga de la sociedad y, supuestamente, la única solución para eso es la acción de las fuerzas del orden”, añade este antiguo comandante que explica que los agentes policiales no entienden las críticas y eso genera una perversa contradicción interna que provoca altos índices de enfermedad y, en algunos casos, incluso suicidio. De acuerdo un reciente reportaje de investigación de la Agência Pública, que subraya la dificultad para acceder a estos datos, entre 2017 y 2018 se suicidaron 71 agentes de la Policía Militar solo en São Paulo, y en la última década decenas de miles de policías en todo el país fueron apartados de sus cargos por trastornos mentales.

“Los policías militares, y eso yo te lo puedo asegurar, sufrimos mucho y hacemos a muchos sufrir”, afirma Pereira, quien explica que ambos padecimientos son dos caras de una misma moneda. Desde el momento en el que se concibe la seguridad pública como guerra son necesarias personas dispuestas a ir al frente de batalla y para hacer guerra es necesario alimentar la subjetividad de los agentes, lo que pasa por un embrutecimiento, explica este policía militar. Pereira critica la ausencia de una verdadera política de seguridad, que invierta no solo en investigación criminal y en un sistema de justicia alternativo a la privación de libertad, sino también en igualdad social. “Somos una democracia que usa a la policía para resolver su déficit democrático, para solucionar problemas sociales históricos que no han sido resueltos”, alega.

“El traficante no es el problema”

“La favela en Brasil solo es un problema cuando dentro de ella se esconde el traficante armado con un fusil, solo entonces existe, si no sería invisible”, explica el antiguo comandante de la Policía Militar. Pereira considera que los elevados índices de violencia son el resultado de una mentalidad esclavista que invisibiliza a los excluidos. “Nuestra forma de tratar con esta violencia estructural es afirmar que el problema reside en el traficante armado, no en la miseria, ni en la exclusión, ni en el abandono”, afirma él para explicar por qué “una buena parte de la población justifica que la solución sea otro grupo del estado armado hasta los dientes para enfrentarlos, o la policía, o el ejército. Pero en realidad este no es el problema, es solo el efecto del problema”.

Pereira, que actualmente está realizando una investigación de doctorado sobre la relación de la violencia y la identidad brasileña, argumenta que “el déficit de democracia proviene de nuestra mentalidad”. Él considera que en Brasil se naturalizó la violencia como una gramática válida para aceptar la desigualdades sociales, de acuerdo con sus palabras. “La estructura mental que existe en Brasil se conformó durante 500 años sobre el exterminio de indígenas y personas negras, para construir un país que beneficiase a media docena de personas”, argumenta este policía e investigador que insiste en subrayar que “Brasil es un país construido para dar lucro a unos pocos”.