Tras seis meses de protestas y sistemáticas violaciones de Derechos Humanos, entre 325 y 528 personas han fallecido a causa de la represión, según organismos de Derechos Humanos locales y extranjeros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha responsabilizado al Gobierno por "más de 300 muertos"; ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; violencia sexual; detenciones arbitrarias; obstrucción del acceso a la atención médica; entre otras violaciones de Derechos Humanos.

Sin embargo, el ejecutivo ha reconocido, hasta el momento, 199 muertes. El actual mandatario y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se eximen de toda responsabilidad. Ambos alegan que las protestas responden a "un intento de golpe de Estado" por parte de "terroristas" y "golpistas" impulsado por el gobierno de Estados Unidos.

Después del 18 de abril, cuando comenzaron las revueltas en contra de los cambios al sistema de seguridad social (que incrementaba la cuota patronal y laboral y generaba una nueva cotización para los jubilados) nada volvió a ser igual para los cuatro estudiantes. “Todo ocurrió tan rápido. Los días de los saqueo eran horribles. La gente tenía miedo, habían noticias que no iba a haber combustible, o que iban a cerrar los supermercados”, recuerda Karla, de 23 años, y agrega, “todos salían por miedo a que empezara a ocurrir como en Venezuela”. Ante esta realidad y tras varias amenazas, los jóvenes coinciden en que la única opción fue exiliarse.

Si bien, las reformas del seguro social finalmente fueron anuladas por el gobierno, el hartazgo de la población generado por el despotismo y la negligencia de la pareja al mando provocó un levantamiento popular que se mantiene hasta la fecha. Miles de ciudadanos han abandonado Nicaragua por la crisis política. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha indicado que el número de solicitudes de asilo en los países vecinos ha aumentado exponencialmente. Entre abril y julio se han recibido 23.000 peticiones de nicaragüenses en Costa Rica. El gobierno español, por su parte, no ha aclarado su postura sobre el asilo político a los exiliados, a pesar de haber expresado su apoyo hacia Nicaragua en varios comunicados.

Según estimaciones de La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Social (Funides), 347.000 personas han sido despedidas o suspendidas de sus empleos hasta julio y aproximadamente 143.000 ciudadanos han caído en situación de pobreza. Es decir, entre un 29.6 y 34.8 por ciento de la población. El informe publicado por el centro especifica que las actividades más afectadas han sido “hoteles y restaurantes, comercio y construcción”, que estiman que representan “el 76.7 por ciento del total de despidos y suspensiones”.

Comerciantes, restaurantes y hoteleros se han quejado de la falta de flujo de visitantes que hay en el país. La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) calcula que Nicaragua perderá alrededor de 400 millones de dólares de ingresos en 2018 en el sector turístico. El gobierno esperaba recaudar este año 924 millones de dólares en el área, pero el Banco Central de Nicaragua en julio proyectó que la cifra llegará a 693 millones de dólares. Según un diagnóstico del Centro de Desarrollo Empresarial de la Cámara, alrededor de 600.000 turistas no visitarán el país por motivos de inseguridad.

El Gobierno, por su parte, ha reconocido la pérdida de 119.567 empleos, según un informe publicado por el Ministerio de Hacienda. Las autoridades estiman 1.180 millones de dólares en gastos provocados por las revueltas desde abril a la fecha. Los daños, que atribuyen al “terrorismo golpista”, han afectado principalmente al sector del transporte, en 525 millones de dólares, al turístico, en 231 millones, y a la destrucción de obras públicas, por 205 millones.

"Recibía llamadas diciendo que me iban a matar"

Más allá de las consecuencias originadas por la crisis económica, política y social, los jóvenes enfrentaban otras dificultades. Karla, recién graduada en diseño y comunicación visual; Sebastián, estudiante de último año de comunicación y relaciones públicas, muy interesado en la política nacional; Rafael, actor en su tiempo libre y recientemente graduado en ingeniería industrial; Jairo, poseedor de una beca en arquitectura en la prestigiosa Universidad Americana, vivían en estado de alerta permanente. “Recibía llamadas diciendo que me iban a matar, por estar en contra del comandante. Que si no cerraba la boca, lo iba a terminar pagando hasta mi familia”, explica Jairo.

El movimiento civil revolucionario, impulsado principalmente por los jóvenes, utilizó como herramienta fundamental las redes sociales. Los líderes opositores comenzaron a estar mucho más pendientes de las distintas plataformas. “Necesitábamos estar constantemente informados por sobrevivencia”, cuenta Karla. Y recuerda, que con sus amigos, previo a salir de sus casas, se enviaban la ubicación por whatsapp en tiempo real, por miedo a que los secuestraran.

Principalmente cuando tenían que estar en su casa antes de las cinco de la tarde: “Ya casi no salía. El toque de queda era otro nivel, nunca antes visto en Nicaragua”. Entre los entrevistados comparten la creencia que el gobierno tiene laboratorios informáticos y lamentan que no se hayan hecho investigaciones para comprobarlo. Se refieren a centros donde trabajan jóvenes especializados en comunicación que se encargan de crear cuentas falsas en facebook y twitter principalmente, para luego publicar mentiras y hostigar en sus propios perfiles a los opositores del régimen de Ortega. Y que a los empleados con más confianza, los mandan a vigilar personas que publican contenidos a favor o en contra del gobierno, para después ubicarlos en una base de datos, y así lograr un mayor control de la población.

Sebastián, que tuvo que abandonar el país luego de varias amenazas de muerte en su contra y de su familia, sostiene que el gobierno utiliza la información personal de los ciudadanos para someterlos. “A un amigo lo llamaban de números extranjeros, diciéndole que lo iban a desaparecer. Con nombres, lugares, y horarios recurrentes para él. Eso se puede hacer con información que gente dentro del Estado puede tener”.

Se estima que desde que La Asamblea Nacional aprobó la Ley Antiterrorista el 16 de julio, destinada a combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la “proliferación de armas de destrucción masiva”, se han detenido y acusado de terroristas a centenares de personas. Sin embargo, según varias Organizaciones de Derechos Humanos, la ley ha sido creada para detener a los opositores del régimen y así, justificar a la criminalización de las protestas.

"No puedo ir con la bandera de mi país libremente"

Diversas organizaciones de Derechos Humanos en el país sostienen que en Nicaragua hay entre 552 y 558 presos políticos, a diferencia del gobierno que reconoce que son más de 200 los detenidos a los que define como “terroristas” y “golpistas”. Manifestantes y activistas afirman que la mayoría de los detenidos se encuentran en la cárcel popularmente conocida como El Chipote, denunciada como centro de tortura. “Tengo muchos amigos que son presos políticos en este momento. Los están condenando a 25 años de prisión por terroristas, cuando simplemente estaban en una marcha manifestándose”, explica Jairo. “Yo en Nicaragua no puedo ir con la bandera de mi país libremente, porque me agarrará un grupo paramilitar y me entregará a la policía”. 

Jairo, con 18 años, salió de Nicaragua a mediados de mayo. El 18 de abril, luego de participar de la primera manifestación en contra de la reforma de la seguridad social y por la falta de respuesta a incendios forestales en el sur del país, decidió atrincherarse en la Universidad Politécnica (UPOLI), junto a 400 o 500 líderes estudiantiles. “Estaba más seguro dentro de una universidad, con otros estudiantes, que solo en las calles”, resalta. A partir de ahí, ya formó parte del grupo de resistencia que se refugió en los centros educativos en búsqueda de un cambio. “Queríamos democracia en Nicaragua y luchábamos. Mientras más nos mataban, más miedo perdíamos”. Luego de un mes y medio de ataques, tuvo que abandonar la Universidad ante una ocupación de la policía y los paramilitares. “Dormí unas cuantas noches con un chico a mi lado. Días después me tocó recoger su cuerpo”, recuerda.

Jairo, un joven disidente de Nicaragua. / UNIVISIÓN

La organización dentro y fuera de las universidades fue fundamental para abastecer las necesidades de los estudiantes que se encontraban en el bastión. Para lograrlo, la mayoría de los activistas tuvo que cambiar su rutina. “Al trabajo ya asistía medio día y me iba. Me había dado cuenta que la prioridad en ese momento no era trabajar”, dice Rafael, que al igual que Karla, no encontró otra solución: “En un momento mi madre me dijo que no saliera más a la calle, que renunciara”. A partir de ese momento, la joven empezó a brindar su casa como centro para recoger medicina, alimentos e incluso dinero. Y junto a sus amigos, también se encargaban de coleccionar botellas de cerveza para los jóvenes que hacían cóctel molotov.

Rafael, por su parte, facilitaba canicas que los líderes estudiantiles utilizaban como municiones en la UPOLI. “Solo estar ahí una vez y te daban ganas de llorar. La mayoría tenían entre 18 y 20 años y ya los habían atacado dos o tres veces”. Comenzaron con su propio dinero a comprar todo lo que podían. Se trasladaban en dos carros hasta el lugar. Uno adelante, vacío, y otro atrás, vigilando. La policía detenía los vehículos y les quitaba los suministros. “El peligro entonces era que nos quitaran los víveres, no que nos mataran”, comenta.

A medida que avanzaban los días, se iban adaptando a los nuevos requerimientos de los estudiantes. Radios, toldos, por si llovía, y morteros (un explosivo artesanal de pólvora envuelto en papel que dispara proyectiles mediante un tubo). “Desde el día uno nos pedían morteros, no sabíamos dónde encontrarlos”. Hasta que decidieron ir a Monimbó, donde los consiguieron por tres dólares. “Íbamos a buscarlos casi todos los días. Era prácticamente su única arma de defensa”.

El grupo también se encargaba de ayudar a trasladar estudiantes heridos desde la Universidad a un centro sanitario. Tal como se lee en el informe publicado el 21 de mayo por el Centro de Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), los opositores tenían complicaciones para conseguir atención médica: “Según denuncias allegadas durante las visitas, habrían existido órdenes administrativas en los hospitales públicos para restringir el acceso de la atención a heridos y obstaculizar el acceso a la información”. Se estima que desde que comenzaron las protestas, se han despedido decenas de médicos por atender a los heridos de las manifestaciones en contra del régimen de Ortega.

“Yo ayudaba porque habían niños defendiendo mis intereses. Ellos ayudaban por la patria”, reflexiona Rafael, de 22 años, que reside en Catalunya desde el primero de junio. “Me fui porque las cosas se estaban poniendo más peligrosas”, luego de que su madre, que trabaja en la embajada de España, recibiera una llamada en la que le advertían que sacara a su hijo de Nicaragua. “Me perseguían muy a menudo, no tenía opción”.

Rafael Córdova, un joven disidente de Nicaragua. / CYNTIA SENA

Jairo, a diferencia de Rafael, no tiene ciudadanía europea. Ha solicitado refugio internacional en España y está a la espera de la resolución que puede demorar de uno a tres años. “Presenté pruebas de que era perseguido político en mi país. Fotos mías en las manifestaciones que han salido en medios internacionales y que demuestran el nivel de exposición que tengo”.

Por su parte, Karla, que salió de Nicaragua el 14 de junio con destino a Suiza, donde vive parte de su familia, aún sigue dudando de su decisión: “Me sentía como una hipócrita cuando llegué, saliendo del país y viendo como la gente moría. Creía que tenía que regresar”. Adaptarse a un nuevo país, también es un proceso, explica la joven nicaragüense. ”Yo no puedo vivir normal después de todo lo que pasé. Después de que me arrebataron mi vida, la vida que yo quería”.

Todos quieren regresar. Únicamente cuando Daniel Ortega ya no esté en el poder. “Me veo volviendo a mi país cuando caiga la dictadura, porque de lo contrario no hay futuro”, asegura Jairo. Y añade: “En Nicaragua, ahora, solo tiene trabajo el que es militante del frente sandinista”. Rafael, sin embargo, hasta que no exista “la nueva Nicaragua” no se moverá. “Me veo de vuelta. Igual sé que tengo una orden de detención. Caigo en esa ley y soy terrorista para el gobierno. Me meterían preso por mucho tiempo”.

Activismo desde el exterior 

Más allá de la distancia, los cuatro continúan haciendo activismo desde el exterior. Ya sea participando de las manifestaciones, vigilias, recolectando dinero para enviar a Nicaragua o incluso contactando a medios internacionales para dar visibilidad a la crisis y a la violencia que enfrenta país. “Creo que en este mundo está comprobado, que más que una lucha armada, una manifestación pacífica o una protesta, es mucho más efectiva y con menos daños colaterales”, comenta Rafael. Igualmente, cuesta mantener las esperanzas de que el país vuelva a ser lo que era antes de que comenzara todo: “Yo hace un tiempo venía con una perspectiva optimista, de una Nicaragua libre. Pero a estos momentos, está súper difícil. La represión se está normalizando”.

A finales de septiembre, mediante un comunicado emitido por la Policía Nacional, el gobierno de Daniel Ortega declaró “ilegales” las manifestaciones en contra del régimen y ha amenazado en enjuiciar a los activistas que planeen organizarlas. "La Policía Nacional reitera que ante cualquier alteración y/o amenaza a la tranquilidad, el trabajo, la vida, y a los derechos de las personas, familias y comunidades, serán responsables y responderán ante la justicia, las personas y organismos que convocan a estos desplazamientos ilegales desde los cuales se han promovido y se intenta promover acciones delictivas, destructivas y criminales", se lee en la nota de prensa divulgada por el organismo. Como respuesta a la determinación, la CIDH ha manifestado su preocupación a través de una publicación en Twitter que indica que el comunicado es “contrario a los estándares interamericanos y que inhibe el ejercicio de derechos inherentes a una sociedad democrática”.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde el 18 de abril bajo el régimen del actual presidente Daniel Ortega. Los disidentes exigen su renuncia, tras once años en el poder por abuso de autoridad y corrupción. El mandatario, por su parte, continúa rechazando las exigencias de la oposición de dejar el cargo, pautar elecciones anticipadas, o acordar una instancia de diálogo nacional con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, conformada por representantes de la sociedad civil, activistas de derechos humanos, la coalición estudiantil, el movimiento campesino y la empresa privada. Sin embargo, la vicepresidenta ha señalado, a través de los medios oficiales, que están “trabajando duro por la reconciliación desde las familias, la comunidad y por un gran acuerdo nacional de paz". Además, agregó que los nicaragüenses tienen "gran experiencia" en materia de paz y mediación, porque es "un pueblo de corazón generoso, sensible y de valores familiares". No obstante, recientemente, mediante un comunicado en medios locales, la primera dama expresó que Nicaragua “vivió una interrupción dolorosa, pero superada ya”.

Pese a los intentos de Ortega para que no se discutiera la gestión de su mandato en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 5 de septiembre se abrió una pequeña luz de esperanza para Nicaragua. La sesión, convocada por Estados Unidos, sirvió para dar visibilidad y denunciar la crisis de Derechos Humanos que atraviesa el país. Si bien, contó con la oposición de Rusia, China y Bolivia, principales estados alineados al régimen orteguista, Nikki Haley la embajadora norteamericana ante la ONU, alegó que "el Consejo de Seguridad no puede ser un observador pasivo mientras Nicaragua desciende hacia un Estado fallido, corrupto y dictatorial, porque sabemos a dónde lleva ese camino”.

La incertidumbre invade a los nicaragüenses que luchan por un cambio de gobierno y de gestión. Luego de casi seis meses de movilizaciones, la violencia permanece. La ineficaz presión de la comunidad internacional y la represión del gobierno continúan. Las protestas se han reducido en las últimas semanas, lo que demuestra “el efecto inhibitorio de la represión ejercida”, según el informe de La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Miles de ciudadanos continúan huyendo del país por miedo a la persecución contra disidentes, con despidos arbitrarios de funcionarios civiles y la intimidación y detención a personas con posibles vínculos con las protestas o que defienda el derecho a manifestarse. Mientras, los que no pueden marcharse, persisten en la lucha por la defensa de sus derechos e ideales.