El revés al asilo es una de las consecuencias inmediatas que deja la crisis en la frontera bielorrusa. Y se cobra así su primera víctima: los derechos de las miles de personas atrapadas en esa suerte de tierra de nadie que se ha convertido el bosque de Bialowieza. Lo que comenzó como una disputa política entre Bielorrusia con Polonia, Lituania y Letonia se ha convertido ya en un drama humanitario. Y la respuesta de Bruselas ha sido endurecer las condiciones de entrada a su territorio a los solicitantes de asilo.

Esta semana, la Comisión Europea ha desempolvado un mecanismo de emergencia, amparado en el Artículo 78.3 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que da vía libre a los tres países para vulnerar de forma excepcional las propias normas europeas en materia de asilo. En este nuevo escenario –que entrará en vigor tras el beneplácito del Parlamento y el Consejo-, se agilizan los retornos y se perpetúa el proceso para tramitar el asilo.

La legislación europea vigente establece que los Estados miembros tienen entre tres y diez días para registrar las solicitudes de asilo de potenciales refugiados. Con el nuevo mecanismo, el plazo se amplía a cuatro semanas. Además, países como Polonia, bajo la sombra constante de vulnerar los derechos fundamentales y de minorías como los refugiados, podrán detener a los solicitantes de asilo en la frontera durante cuatro meses.

"Es un precedente doloroso e ilegal. Los refugiados que lleguen a la UE procedentes de Bielorrusia estarán sometidos a procedimientos con estándares mínimos en centros de detención. Ni siquiera los menores quedarán excluidos de ello", denuncia el Consejo Europeo para Refugiados y Exiliados (ECRE). Las ONG denuncian que las nuevas condiciones facilitarán las vulneraciones de derechos fundamentales y provocarán más expulsiones y devoluciones en caliente.

Con esta medida, que llega a petición del Consejo Europeo –el órgano que reúne a los países-, la UE entra en fuertes contradicciones. En los pasillos de Bruselas reconocen que la situación que se vive en sus fronteras orientales no es una crisis migratoria. Según los datos que maneja Bruselas, durante los últimos meses habrían llegado a Polonia, Letonia y Lituania unas 8.000 personas. El 0,002% de la población comunitaria. Los números nada tienen que ver con el cerca de millón de personas que alcanzaron las costas del Viejo Continente en 2015. Además, los europeos reconocen que la situación está aminorando.

Entonces, ¿por qué articular estas medidas de emergencia tan severas? En primer lugar se trata de una concesión a los países afectados, que piden mano de hierro en sus fronteras. Polonia ni siquiera ha aceptado la presencia de Frontex y opera con denuncias continuas de maltrato y devoluciones en caliente a los migrantes sin permitir la presencia de periodistas o de ayuda humanitaria. En segundo lugar, es un mensaje a Alexander Lukashenko: no conseguirá su misión de dividir a la UE, desestabilizarla ni provocar que acoja a miles de personas. Y en tercero, es una prueba más de la tendencia imparable que impregna a Europa durante los últimos años: el endurecimiento en materia de asilo y el aumento del control fronterizo.

Se instaura la mano de hierro en materia migratoria

Las ONG y miembros de la sociedad civil han cargado con dureza contra una propuesta que consideran que castiga todavía más a los más vulnerables y debilita los estándares europeos dentro y fuera de casa. Advierten de que la medida supone la normalización de facto de detenciones ilegales en las fronteras externas. "Si la UE permite que una minoría de Estados miembros se salten las reglas debido a la presencia de unas pocas miles de personas en sus fronteras, pierde toda su autoridad sobre los derechos humanos y sobre el Estado de Derecho", afea Eve Geddie, directora de Amnistía Internacional para Europa.

El discurso más duro con la migración ha ido ganando el espacio político del bloque comunitario. El número de muros se ha multiplicado. El eje de cualquier medida que se plantea es aumentar los retornos, mientras se apaga la voluntad de crear vías de llegada legales y seguras. Estos elementos no son exclusivos de la extrema derecha, sino que cada vez cuentan con más sintonía en el centro e incluso la izquierda. Ylva Johansson, la comisaria que ha presentado esta nueva medida, es socialdemócrata sueca. Dinamarca, liderado por la socialdemocracia, es el primer país de la UE en negociar el establecimiento de centros de acogida en países externos como Ruanda.

El bloque comunitario carece de una política de asilo común. Durante los últimos años ha lidiado con la llegada de migrantes y refugiados con parches, mecanismos de emergencia y soluciones ad hoc. Bruselas presentó el año pasado una propuesta que buscaba cerrar el círculo y poder reconciliar las insalvables diferencias entre los Estados miembro. Quince meses después, no existe ninguna señal de que vaya a terminar en buen puerto. Países en primera línea migratoria como Grecia o España exigen que se hagan valer los principios de "solidaridad" y "responsabilidad". Pero el eje anti-migratorio –abanderado por Polonia y Hungría, pero cada vez más numeroso- no quiere escuchar nada que les obligue a asumir el Derecho Internacional de conceder refugio a personas que huyen de la guerra o la persecución.

En este escenario, la UE ha quedado presa de sus propios temores y divisiones en materia migratoria. El hecho de que vea a los migrantes y refugiados como una amenaza ha servido a dictadores como Lukashenko para ejercer presión y desatar lo que en la capital comunitaria llaman como una "guerra híbrida". Turquía o Marruecos ya abrieron sus puertas a migrantes en el pasado como forma de ejercer coerción, presión o chantaje a Bruselas.

La crisis en la frontera entre Polonia y Bielorrusia deja, al menos, una decena de fallecidos en el bosque por hipotermia y hastío. Entre ellos, un bebé de un año. Las ONG advierten de que la propuesta para endurecer el asilo exacerbará la crisis humanitaria y expondrá a la UE a merced de la manipulación y el chantaje de dictadores como el presidente bielorruso.