El crimen organizado estremece Perú mientras Boluarte y sus aliados buscan impunidad

El Ministerio Público de Perú abrió esta semana dos nuevas investigaciones contra Dina Boluarte por hechos como gobernante de Perú, sumando cinco pesquisas en ejercicio del cargo, y nueve en total. Frente a esa carga, la funcionaria y algunos de sus ministros usan su posición para obstruir las investigaciones y buscar impunidad, al igual que el Congreso, el poder real en el régimen autoritario que se instaló en diciembre de 2022.

El Parlamento ultraconservador ha aprobado leyes para blindar a sus barones (jefes de los partidos) en juicios e investigaciones por blanqueo de capitales o corrupción, pero las consecuencias las están pagando los ciudadanos de a pie. Las nuevas normas favorecen a mafias porque los fiscales ya no pueden investigar como organización criminal a quienes cometen extorsión, corrupción de funcionarios y trata, entre otros. Ello ha derivado en el asesinato de cuatro chóferes por negarse a pagar extorsiones en el último mes en la capital, y unos 20 heridos, incluidos pasajeros. Según un dirigente gremial, 14 empresas de transporte público han sufrido atentados. Después de una huelga de transportistas el jueves, el Gobierno -siguiendo la línea fujimorista de "mano dura"- ha decretado el estado de emergencia en 14 distritos de Lima: es decir, la suspensión de los derechos de tránsito y de reunión, y el patrullaje del Ejército en las calles. Pero anuncia más leyes de populismo penal y otras que liberen al Congreso de todo contrapeso.

La ley 32108 que aprobó el Legislativo en julio subió el listón para que un fiscal califique a un grupo como organización criminal: los delitos por los que se les investiga deben tener una condena de mínimo seis años de prisión, mientras antes era cuatro. Además, establece que los fiscales no pueden realizar un allanamiento si no está el abogado del investigado en el lugar. Este mes, los medios de Lima y Cusco han reportado cómo los fiscales esperan más de cuatro horas la llegada de los abogados a las diligencias, tiempo suficiente para que los interesados eliminen pruebas. Otro aspecto es que los fiscales ahora deben demostrar que la organización tiene como fin controlar "la cadena de valor de una economía o mercado ilegal".

El Ministerio Público y el fiscal general, Juan Carlos Villena, se han pronunciado contra esos cambios desde antes de ser aprobados. Sin embargo, en el Congreso, decenas de políticos afrontan investigaciones fiscales, incluidos los líderes de los principales partidos. La presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, está en juicio oral desde julio por lavado de activos y organización criminal, debido a 17 millones de dólares no declarados que recibió de empresas como la constructora brasileña Odebrecht para sus campañas electorales de 2011 y 2016.

El congresista José Luna Gálvez, líder del partido Podemos, estaba en prisión preventiva cuando fue electo en 2021, debido a una investigación por corrupción y organización criminal en la inscripción fraudulenta de su partido la década pasada. Un juez le dio libertad para que cumpliera sus funciones como parlamentario. El mes pasado pidió a un magistrado el archivo de su proceso por organización criminal. ¿El argumento? La norma por la cual votó: la ley 32108.

Las investigaciones a Boluarte

El miedo a perder la libertad parece ser el móvil principal de los actos de la presidenta con menos de 9% de aprobación, según las encuestas. Esta periodista envió en julio una solicitud de información al Ministerio Público, acerca de las investigaciones fiscales a la presidenta y el tipo y cantidad de diligencias realizadas, entre otros puntos. La respuesta llegó el 12 de agosto en tres páginas que en resumen decían: son siete investigaciones fiscales. A fin de septiembre, la cifra ha subido a nueve.

Boluarte llegó al cargo de vicepresidenta y ministra del Gobierno de Pedro Castillo en julio de 2021 y, en octubre de ese año, fue incluida en una investigación fiscal por blanqueo de capitales y organización criminal por el financiamiento ilegal de las campañas electorales de 2020 y 2021 del partido Perú Libre, del leninista Vladimir Cerrón. El político tenía una sentencia por corrupción en un cargo público y otras investigaciones fiscales. Boluarte había sido tesorera del partido.

Cerrón es prófugo de la Justicia hace casi un año, y esta semana el Ministerio Público ha abierto a Boluarte una pesquisa por encubrimiento, pues en enero la Policía tenía localizado al fugitivo al sur de Lima. La hipótesis fiscal es que la información se filtró a allegados de Cerrón, que lo alertaron, y huyó en febrero en un coche oficial del despacho presidencial. De acuerdo a audios obtenidos por la Fiscalía, el ministro de Interior, Juan José Santivañez, relató en julio a un policía que dos funcionarios "grandazos" de presidencia protegían al prófugo.

El fiscal general Villena investiga, además, por encubrimiento a Santivañez y a Boluarte por un mismo caso: la protección al hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte, quien habría cometido tráfico de influencias y organización criminal. Las evidencias indican que el pariente dio cargos públicos a cambio de dinero para formar un partido político y firmas para inscribir dicha agrupación. La presidenta es investigada asimismo por obstaculizar la Justicia en este caso, pues consiguió que el ministro de Interior desactive al equipo especializado de la Policía que trabajaba con los fiscales en la pesquisa a su hermano Nicanor.

La noche del viernes, el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, confirmó al canal de TV Latina que la Fiscalía abrió otra pesquisa porque en una reunión con la anterior fiscal general, Patricia Benavides, ésta le pidió que mantenga al comandante general de la Policía Raúl Alfaro -aunque no precisó si era a cambio de no presentar una denuncia constitucional contra Boluarte por las muertes en las protestas-.

Sin embargo, las investigaciones por los delitos más graves corresponden a homicidio calificado de 50 civiles desarmados y lesiones graves de cientos de personas, durante las protestas contra su Gobierno entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Por otro lado, está la investigación por cohecho al recibir tres relojes Rolex y un par de pendientes de brillantes de un gobernador regional, a quien favoreció con presupuestos millonarios, a diferencia de otros gobernadores.

La abogada Boluarte afronta igualmente dos investigaciones por corrupción durante su gestión como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (2021-2022) y otras dos por plagio de libros en los años previos a su incursión en la política.

Populismo y mano dura en la calle

Desde diciembre de 2022, cuando se formó la coalición autoritaria liderada por Boluarte, las fuerzas del orden han reprimido de manera desproporcionada e ilegal a los manifestantes que exigen la renuncia de la presidenta, el cierre del Congreso y nuevas elecciones. A raíz de la grave crisis y el amedrentamiento causado por la extorsión en pequeños negocios, como bodegas, y en el transporte público de la capital, los afectados salieron el lunes a las calles para exigir respuestas del Gobierno. Al mismo tiempo, especialistas reiteraban al Congreso la necesidad de derogar la ley 32108, que flexibilizó la definición del delito de crimen organizado. Increíblemente, la Policía utilizó gas lacrimógeno y obstaculizó la movilización de las víctimas de extorsión el lunes, en el distrito de Puente Piedra, en Lima.

La inacción gubernamental fue similar en semanas previas ante cientos de incendios forestales en 22 de las 25 regiones: han muerto 20 personas en septiembre, la mayoría intentando sofocar las llamas por su cuenta. El jueves, día del paro de transporte en Lima, el caos fue mayor porque el Ministerio de Educación avisó, una hora antes de la entrada al colegio, que las clases debían ser remotas, y miles de trabajadores prefirieron volver a su casa en vez de pagar los precios altísimos de taxis y vehículos informales. Horas después, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, anunció que presentarían, igual que los partidos de extrema derecha, un proyecto de ley de terrorismo urbano que incluiría la extorsión y la "producción de peligro en el servicio público de transporte de pasajeros". También ofreció, además del estado de emergencia, la compra de miles de cámaras de seguridad para colocar dentro de los vehículos.

"Toda medida de seguridad es buena", comentó a Público la noche del viernes Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), después de reunirse con el ministro de Interior y asesores del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana.

"Quizá si salen las fuerzas militares no tendría que haber muertos ni robos. Hemos conversado y dicen que hay voluntad política, pero hay que ver los resultados", agregó Valeriano, consultado acerca de la inutilidad del estado de emergencia para combatir la delincuencia en años previos en Lima y en la región Callao. El representante de 53 empresas formales de transporte refirió que no pidieron la derogatoria de la ley que sacó el delito de extorsión como forma de crimen organizado, pero que los asesores del Congreso les han dicho que pongan sus aportes a la ley de "terrorismo urbano".

La perspectiva de los analistas, los colegios de profesionales y los gremios difiere. El sociólogo Samuel Rotta, investigador especialista en prevención de la corrupción, sostiene que "la lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado muestra serias dificultades desde hace varios años. La ley en cuestión ha terminado dando facilidades a las personas investigadas por delitos". Para Rotta, quienes impulsaron esta norma en el Congreso, buscando un beneficio propio "no consideraron los efectos que podría traer o no les interesó: por ello debe ser derogada".

El experto considera que el estado de emergencia y las propuestas de "sanciones más duras son demagogia punitiva que busca conectar con un sentimiento de hartazgo". "No es raro que líderes políticos ofrezcan lucha frontal, mano dura o cadena perpetua sin evaluar las causas de los problemas ni ofrecer soluciones.

El sociólogo lamenta que la presidenta Boluarte parece tener solo un punto de agenda alrededor del cual gira lo demás: "Obstaculizar las investigaciones en su contra, tanto por corrupción como por violación de derechos humanos. En eso confluyen los intereses de otros líderes políticos, quienes le han prestado su respaldo en estos casi dos años", destaca.

No es casual que el jueves, durante el complicado paro de transportes, Boluarte estuviera desaparecida todo el día. Al día siguiente, su abogado dijo que pasó varias horas de la mañana del jueves con la presidenta, conversando sobre la estrategia legal por la nueva investigación fiscal, referida a los intercambios con la entonces fiscal general Benavides, destituida en noviembre por evidencias de corrupción.

La pretensión del Congreso de poder absoluto puede consolidarse si aprueba un proyecto de ley para modificar el Código Procesal Constitucional, para que en el Tribunal Constitucional solo necesiten cuatro votos en demandas de competencia presentadas por el Congreso, en vez de cinco -de un total de siete miembros-. La misma iniciativa de ley prohibirá que los operadores de justicia invoquen jurisprudencia internacional para emitir sus decisiones.