Este artículo se publicó hace 13 años.
La CPI ve en la muerte de Gadafi un "crimen de guerra"
El fiscal jefe, Luis Moreno-Ocampo, pide a las autoridades libias a investigar el asesinato delexdictador
"Creo que la manera en la que murió Gadafi crea sospechas de crímenes de guerra". El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno-Ocampo advirtió esta mañana al Consejo Nacional de Transición (CNT) libia que pretende investigar el asesinato del exdictador, por las dudas más que fundadas de que hubiera sido ajusticiado por los rebeldes que lo capturaron a las afueras de Sirte el pasado 20 de octubre.
"Creo que ese es un tema muy importante. Nosotros estamos planteando esta preocupación a las autoridades nacionales, que están preparando un plan para tener una estrategia detallada e investigar todos estos crímenes", agregó Moreno-Ocampo.
Los rebeldes libios capturaron a Gadafi a las puertas de su ciudad natal cuando estaba escondido en un túnel de drenaje. En las grabaciones de teléfonos móviles que se difundieron por internet se aprecia como el exdictador estaba herido, pero vivo en el momento de su detención. Pocas horas después se coomunicó su muerte y se publicaron fotografías en las que se apreciaba que tenía un tiro en la cabeza y otro en el abdomen.
Los rebeldes aseguraron que las heridas de bala se produjeron durante un tiroteo, pero la CPI sospecha de que fuera ajusticiado. Lo mismo sucedió con su hijo Mo'tassim.
Acusaciones de crímenes contra ambos bandosLibia ha prometido que investigará las circunstancias de la muerte por la presión de la comunidad internacional, que esperaba ver a Gadafi y a sus más leales colaboradores sentados en el banquillo de los acusados en La Haya. Moreno-Ocampo emitió una orden de arresto internacional contra él, su hijo Saif al Islam, y el jefe de la Inteligencia Abdalá Sanusi.
Moreno-Ocampo también dijo que está investigando las acusaciones de que las fuerzas opositoras a Gadafi y de la OTAN eran también culpables de crímenes de guerra durante el conflicto civil. En septiembre, Amnistía Internacional acusó a ambos bandos de crímenes de guerra y en octubre publicó un informe en el que aseguraba que los rebeldes estaban abusando de su poder en las ciudades conquistadas.
Por su parte, la ONU exigió al CNT que liberara o regularizara a los más de 7.000 presos políticos que aún están en manos de las milicias.
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