Trabajadores esenciales…, pero ilegales. Éste es el drama y la incoherencia en que viven millones de trabajadores inmigrantes sin la documentación en regla en Estados Unidos, en su mayoría latinos: son irregulares y, por lo tanto, apenas tienen derechos, no pueden acogerse a ayudas públicas, tienen escasas coberturas sociales y médicas, salarios muy bajos, condiciones de trabajo duras y con escasa protección ante la covid-19, ni siquiera están a salvo de ser deportados pero…, tienen una carta en el bolsillo de su empleador que los certifica como trabajador esencial en la epidemia de covid-19.

Es la situación que denuncia el informe El impacto de la covid-19 en los latinos de Estados Unidos, elaborado por el Consejo Sindical para el Avance del Trabajador Latinoamericano (LCLAA, en sus siglas en inglés), el sindicato que representa a los trabajadores latinos dentro de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, el mayor sindicato de Estados Unidos.

No se trata de casos excepcionales. En Estados Unidos hay unos 7,6 millones de trabajadores inmigrantes en situación irregular, es decir, el 5% del total de la población activa y casi un cuarto de los 28,4 millones de empleados inmigrantes en todo el país. Del total de irregulares, el 85% son latinos, unos 6,5 millones, el colectivo principalmente afectado por esta paradoja: esenciales, sí, pero ilegales.

Son esenciales porque no tienen trabajos accesorios: recogen cosechas, trabajan en la industria alimenticia, en las cocinas de restaurantes, en servicios de transporte, de reparto a domicilio, el sector de los cuidados o en la construcción, justo los sectores considerados fundamentales y que hay que blindar en la epidemia de covid-19.

Según los datos de 2018 de la Oficina del Censo, el 26% de los trabajadores de la agricultura son inmigrantes (legales o ilegales), el 23% en la construcción y el 20% en el sector de la alimentación. La tasa general de trabajadores ilegales en esos sectores es de un cuarto del total, si bien en algunos Estados, como Florida, el porcentaje de irregulares dedicados a la agricultura alcanza el 25% del total de trabajadores. California tiene más de dos millones de trabajadores irregulares, uno de cada diez trabajadores del Estado.

Así que en no pocas ocasiones, el alimento que se pone en las mesas de los hogares de Estados Unidos es recogido y transportado por inmigrantes irregulares, cuyas actividades están blindadas pero no ellos: pueden ser detenidos y deportados por no tener la documentación en orden, muchas veces no tienen derecho a la atención médica y tienen un elevado riesgo de contagio de covid-19 por estar en primera línea y no disponer de las adecuadas medidas de protección.

Es la situación que denunció a primeros de abril la radio de Miami (en Florida) WLRN. Este medio contó la historia de Paulino Gallegos, un mexicano de 54 años residente en Miami y trabajador del campo. Gallegos, según cuenta la WLRN, llegó a Estados Unidos hace 21 años, no tiene antecedentes penales, paga sus impuestos y uno de sus hijos es ciudadano estadounidense. Sin embargo, aunque es considerado trabajador esencial, el pasado 18 de marzo fue detenido por una patrulla de policías y llevado a un centro de detención de inmigrantes a las afueras de Miami, donde permanece detenido.

Por la configuración de un país como Estados Unidos, ser trabajador ilegal no implica en absoluto vivir al margen del sistema ni mucho menos a costa de él. Aunque una persona entre irregularmente en el país puede tener legalmente un número de identificación para el pago de impuestos y abrir una cuenta bancaria. Ser ilegal no es óbice para firmar un contrato de trabajo, cobrar en dicha cuenta y pagar impuestos como cualquier otra persona en situación legal.

Los datos de la Oficina del Censo de 2018 son reveladores: los trabajadores indocumentados generaron ese año 20.100 millones de dólares en impuestos federales y otros 11.800 en impuestos estatales y locales.

Según denuncia el informe del sindicato latino estadounidense, "la población latina está entre los grupos más golpeados durante la pandemia". Junto a esto, critica el documento, "los trabajadores latinos en situación irregular también se encuentran entre los trabajadores esenciales, que tienen trabajos de alto riesgo de exposición a la covid-19".

"De los 26 millones de trabajadores latinos en la fuerza laboral de Estados Unidos, más del 24% de ellos trabajan en empleos de bajos salarios, muchos de los cuales son empleos esenciales", detalla el sindicato.

Según el informe, habría 7,2 millones de latinos sin seguro médico, la inmensa mayoría de ellos serían trabajadores en situación irregular en el país y justo los que estarían dispuestos a trabajar en esos empleos esenciales que son los más duros, mal pagados, peligrosos y expuestos al coronavirus. Pero su esencialidad no los protege de ser detenidos.

El sindicato latino reclama a las administraciones datos fiables para conocer la situación de este sector y denuncia que "el impacto de la pandemia sobre los latinos es ampliamente desconocido porque no hay un recuento exhaustivo de los daños que está provocando las muertes por la covid-19 o la pérdida de empleos en este sector de la población".

"Si Estados Unidos", resalta el informe, "continúa eligiendo a las grandes corporaciones y a los extremadamente ricos por encima del bienestar de su pueblo, del cual los latinos constituyen el 20%, estaremos condenados a repetir los fracasos sistemáticos que han llevado al país a esta honda crisis de salud pública".

"Si esta crisis ha demostrado algo", añade el sindicato en el documento, "es que la estabilidad económica de nuestra nación depende de estos trabajadores que están en la línea del frente. Ahora es el momento de exigir los derechos que les han sido negados durante demasiado tiempo".

Otro de los problemas que están afrontando los trabajadores ilegales en Estados Unidos es que si son despedidos o pierden el trabajo han sido excluidos de las ayudas por desempleo o de sustento mínimo vital por el último paquete de ayudas aprobado por el Congreso y refrendado por la administración Trump el mes pasado.

La llamada Ley CARE, dotada con casi 2 billones de euros dedicados más a las grandes compañías que a los trabajadores o la pequeña empresa, estableció, denuncia el sindicato latino, que los trabajadores irregulares "no puedan tener acceso a la atención médica o a la asistencia financiera en este momento. El impacto desproporcionado de la pandemia de covid-19 en la población latina de los Estados Unidos en su conjunto exige que se preste atención en cualquier otra respuesta de socorro y estímulo del gobierno federal, local y estatal".

Esta situación está tratando de ser paliada en ocasiones a través de los Estados. En California, gobernada por el demócrata Gavin Newsom, es un ejemplo de esto. Newsom anunció en abril un fondo de ayudas dotado con 75 millones de dólares (69,3 millones de euros) para personas en situación irregular, que incluía ayudas por desempleo de 500 dólares por persona y un máximo de mil dólares por hogar. El plazo para solicitar estas ayudas comenzará el próximo lunes.

Ante esta situación, a primeros de mayo un artículo de opinión del The York Times pidió establecer una vía de legalización de estos trabajadores. "En el pasado, los Estados Unidos han recompensado a los soldados inmigrantes que lucharon en nuestras guerras con un camino a la ciudadanía. Hoy en día, los campos, junto con las instalaciones de procesamiento de carne, los camiones de reparto y los estantes de las tiendas de comestibles son nuestras líneas de frente. Es hora", concluía el artículo, "de ofrecer a todos los trabajadores esenciales un camino hacia la legalización".