Coronavirus El acuerdo sobre el paquete presupuestario de la Unión Europea, cada vez más cerca

La semana próxima podría ser clave en la negociación del paquete presupuestario de la UE entre el Consejo y el Parlamento Europeo. Sendas instituciones llevan trabajando en aras de un acuerdo desde la fumata blanca alcanzada entre los 27 en verano tras una cumbre europea maratoniana de cinco días. Sin embargo, todavía queda trabajo para limar diferencias en materia de educación, sanidad o I+D.

En julio los jefes de Estado y de Gobierno acordaron un Marco Financiero Plurianual (MFF) para los próximos siete años dotado con 1,074 billones de euros, y un fondo de recuperación, con 750.000 millones de euros. El paquete presupuestario está compuesto por cuatro bloques que se están negociando en paralelo: el mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el reglamento del Estado de Derecho, el MFF y la decisión de Recursos Propios.

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Con el objetivo de prestar ayuda a los socios europeos e inyectar adrenalina a sus economías maltrechas tras el paso del virus del coronavirus por el Viejo Continente, se aprobó en julio un fondo anticrisis de 750.000 millones de euros. Este instrumento temporal fue bautizado como Next Generation EU y se divide en diferentes frentes: el mecanismo de Recuperación y Resiliencia, una ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa, programas de desarrollo rural reforzados y un mecanismo para la Transición Justa.

El mecanismo de Recuperación y Resiliencia es la piedra angular del fondo, que pondrá a disposición de los Estados miembros 672.500 millones de euros, de los cuales 360.000 millones de euros serán préstamos y 312.500 millones de euros ayudas. El objetivo es mitigar el impacto económico y social de la pandemia y ayudar a que las economías a ser más sostenibles, resilientes y mejor preparadas para los desafíos futuros en materia de transición verde y digital.

Para acceder a estas ayudas, cada país tendrá que presentar un plan que establezca una serie de reformas y proyectos de inversión pública de acuerdo a las prioridades establecidas. Tras un acuerdo alcanzado entre los principales grupos de la Eurocámara, al menos el 40% del gasto debe de estar relacionado con la transición ecológica y biodiversidad, frente al 30% inicial. Además, el 60% restante deberá de cumplir el principio de respeto medioambiental, sin financiar o apoyar proyectos que puedan poner en peligro el pacto verde europeo.

Las prioridades que ha acordado el Parlamento Europeo para acceder a este fondo son la transformación digital, la transición verde, la cohesión social y territorial, la política industrial y ayuda a la pequeña y mediana empresa, la modernización de las administraciones y políticas para la juventud. Para el eurodiputado de Catalunya en Comú, Ernest Urtasun, "quizás habría sido mejor centrarnos en tres o cuatro". "Pero no me parece un drama y hay objetivos sociales en los que está bien que el 200% del dinero vaya a una de esas seis prioridades", ha matizado.

Italia y España son los dos países que más dinero recibirán del fondo. Son las dos economías que más han sufrido los estragos de la pandemia en la primera ola y que contaban con datos poco halagüeños en tasa de desempleo antes de la llegada del coronavirus. Roma podría acceder a 209.000 millones de euros y Madrid a 140.000 millones de euros. A pesar de que los principales receptores de esta primera fase son países del sur, el 30% del instrumento se asignará en 2023 para el periodo 2021-2026 y dependerá del deterioro del PIB en los socios comunitarios.

El acuerdo alcanzado por las principales fuerzas de la Eurocámara incluye una cláusula de retroactividad, que permitirá que cualquier inversión realizada desde el 1 de febrero de 2020 que cumpla los requisitos pueda ser reembolsada. Además, pide un aumento de la prefinanciación al 20%, "para dar tranquilidad y liquidez a los presupuestos nacionales", según la eurodiputada socialista Eider Gardiazabal.

En la propuesta del Consejo se había previsto congelar los fondos del plan anticrisis a aquel país que incumpliera con el pacto de Estabilidad y Crecimiento. Un pacto que lleva varios meses en suspenso desde que el virus tocó suelo europeo. Por ello la Eurocámara insta al Consejo a centrarse en las prioridades y, que el día que se reactive, "Bruselas haga una propuesta para ver cómo ese pacto podría estar en relación con el plan de recuperación y tendríamos una nueva negociación, con un contexto diferente", ha añadido la socialista.

El acuerdo se votará en Comisión el próximo lunes 9 de noviembre, e irá al Pleno de los días 13 y 14 de este mes. "A partir de ahí", ha señalado Gardiazabal, "estamos dispuestos a negociar con el Consejo mañana, tarde y noche para que el reglamento entre en vigor el 1 de enero".

A las preguntas de si este fondo será suficiente para contener las grietas de la economía europea y en qué momento empezarán a recibir los Estados miembros los desembolsos, no hay una respuesta clara. La Comisión Europea anunció esta semana que posiblemente no podrá emitir deuda antes de verano, por lo que cabe esperar que las capitales no perciban estas ayudas al menos hasta el tercer trimestre del año próximo.

Reglamento del Estado de Derecho

Después de semanas de intensa negociación entre los equipos negociadores de la Eurocámara y el Consejo, este jueves alcanzaron un acuerdo sobre cómo vincular el respeto al Estado de Derecho al reparto de los fondos de la UE.
Según el acuerdo logrado, si un gobierno europeo viola la democracia y el Estado de Derecho, la Comisión Europea podrá imponer sanciones financieras y estas deberán de ser confirmadas por el Consejo. Este mecanismo se aplicará cuando los fondos de la UE se utilicen de forma indebida, como en casos de corrupción o fraude. También irá ligado a los aspectos sistémicos vinculados a los valores fundamentales de la UE que todos los Estados miembros deben respetar.

El equipo negociador del Parlamento ha insistido en que el fraude y la evasión fiscal se consideran posibles infracciones. Además, ha logrado obtener un artículo específico que aclara el posible alcance de las infracciones como la amenaza de la independencia del poder judicial, la falta de corrección de decisiones arbitrarias y la limitación de los recursos legales.

Ahora la Eurocámara deberá de aprobarlo formalmente y el Consejo necesitará una mayoría cualificada para dar luz verde también. En el Parlamento Europeo primero se votará en el comité de control parlamentario el próximo lunes y a continuación en el pleno. Por lo que respecta al Consejo, deberá de aprobarse en la próxima reunión de los jefes de Estado y de Gobierno.

Negociación MFF

El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo siguen negociando las cifras del presupuesto para los próximos siete años. La Eurocámara pide más dinero para proteger algunos de los programas que considera prioritarios y que se vieron dañados tras el acuerdo de julio.

Entre ellos hay un recorte en la política agrícola común (la PAC) de entorno al 10%, pasando de 383.855 millones de euros a 343.950 millones, y un ligero refuerzo de un 2,7% para los fondos de cohesión, que alcanzan los 377.000 millones de euros.

Por ello desde el Parlamento reclaman un aumento de 39.000 millones en el presupuesto plurianual. Un dinero que se destinaría a reforzar los programas clave de la UE en materias como educación, transición verde, sanidad o I+D. Una petición que los gobiernos intentan rehuir, aunque sí están dispuestos, sin embargo, a estudiar la posibilidad de que el dinero que entra en las arcas comunitarias por diferentes multas puedan destinarse a compensar los distintos programas en lugar de reducirse de las contribuciones que ponen los Estados miembros.

La eurodiputada socialista reconoce que entre el MFF y el fondo anticrisis, las partidas quedan compensadas. Sin embargo, explica que estamos en una situación "extraordinaria" y por ello defiende que "este contexto y mecanismo específico no puede ser excusa para reducir el presupuesto para el próximo marco en programas clave".

Además, Gardiazabal sostiene que es importante la flexibilidad, "porque nunca sabemos lo que va a pasar". "Si no fuera así, cuando tuvimos la crisis de refugiados hace unos años, donde tuvimos que reforzar programas para ayudar, no lo hubiéramos podido hacer", ha explicado.

A pesar de que son muchas las cosas que les diferencian, parece que esta semana podría ser un punto de inflexión en materia presupuestaria. Según Reuters, el comisario de Presupuestos, Johannes Hahn, señaló este viernes que "esperaría un acuerdo sobre el marco presupuestario plurianual el lunes", momento en el que ambas instituciones se reúnen.

Decisión de Recursos Propios

Los recursos propios proporcionan los principales ingresos de la UE, así como los mecanismos de corrección diseñados para compensar los desequilibrios en las contribuciones nacionales. El Consejo de la UE puso encima de la mesa una serie de propuestas para nuevos recursos propios.

La Eurocámara sostiene que hay que cambiar el sistema de financiación de la UE porque más del 80% de hace a través de transferencias directas de los Estados miembros, lo que carece de lógica presupuestaria. "Si hubiera ingresos puros europeos todos los socios pondrían menos dinero como contribución y recibirían más, así que todos serían receptores netos y eso facilitaría las negociaciones", ha explicado la eurodiputada socialista.

Entre los nuevos impuestos está prevista una tasa al plástico, que entrará en vigor del 1 de enero de 2021 y, dos años más tarde, una tasa digital y el impuesto de ajuste en frontera del carbón. "La Unión Europea tiene unas políticas estrictas respecto al uso de productos contaminantes, pero otros países no la tienen. Por lo tanto, hay competencia desleal y esta tasa ayudará a competir en precio de forma justa con los productos europeos", ha concluido Gardiazabal.

El Consejo vota este instrumento por unanimidad, que además requiere a posteriori de la ratificación de los parlamentos nacionales. Hungría y Polonia han amenazado con bloquear este mecanismo y paralizar el paquete presupuestario por su enfado con la cláusula del Estado de Derecho. Este último es un mecanismo que requiere de mayoría cualificada, mayoría que Varsovia y Budapest no tendrían garantizada para bloquear el reglamento que castiga las injerencias de corte autoritario, como las que Bruselas desliza que cometen sendos países.