El expresidente de Ecuador Rafael Correa ha sido condenado este martes a ocho años de cárcel como autor del delito de cohecho agravado, por el que perdería, además, sus derechos políticos durante 25 años, según dictaminó el tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia.

De acuerdo a la sentencia, Correa y el exvicepresidente Jorge Glas, quien fuera su estrecho colaborador, han sido condenados como autores del delito de cohecho, mientras que la mayor parte de la veintena de imputados en la misma causa, fueron declarados coautores del mismo, y dos exfuncionarias de la Presidencia como cómplices.

Tanto para Correa como a Glas, el panel de tres jueces que compone el tribunal, emitió una condena de ocho años de prisión, la inhabilitación de la política durante 25 años.

"La sentencia como tal debe ratificarse o no en segunda instancia. Todavía ninguna pena esta ejecutoriada. Esto debe llegar hasta casación y resolverse para estar en firme", explicó a Efe una fuente judicial sobre el alcance de la condena.

El exmandatario enfrenta asimismo el pago de una suma por daños y perjuicios, además de una reparación integral con la colocación de una placa en el Edificio de la Presidencia de la República, pidiendo disculpas públicas.

Acusado de haber liderado una red de corrupción

La sentencia acusa a Correa de haber liderado una red de corrupción entre 2012 y 2016 mediante la cual recibió "aportes indebidos" en el palacio presidencial de Carondelet, para la financiación irregular de su movimiento político, el izquierdista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a varias empresas, entre ellas Odebrecht.

El expresidente reside en Bélgica y se encuentra prófugo de la justicia

El expresidente, que reside en Bélgica y se encuentra prófugo de la justicia por esta y otra causa, ha calificado "de payasada" el juicio y su defensa cuestionado la imparcialidad de los jueces, así como supuestas irregularidades de procedimiento en tiempo y forma.

En las audiencias previas a inicios de marzo, la fiscal general, Diana Salazar, acusó al exmandatario de haber dado las órdenes para que se cometiera el delito sin necesidad de participar directamente: "Todo estaba organizado desde arriba", dijo.

Salazar consideró necesario el pago de una reparación económica de 1.130 millones de dólares, el valor global de cada uno de los contratos que se colocaron dentro de esta trama de corrupción.