Condena a Uruguay por el secuestro de la nieta de Juan Gelman

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha condenado al Estado de Uruguay por la desaparición de María Claudia García, nuera del poeta argentino Juan Gelman, y por la supresión de identidad de la nieta del poeta, Macarena Gelman, entregada a un policía nada más nacer y a la que se le cambió la identidad. 

El tribunal, en una sentencia publicada hoy fijó una indemnización y estableció además que la Ley de Caducidad de Uruguay no deberá volver a representar un obstáculo para la investigación de este tipo de casos sucedidos durante la dictadura (1973-1985).

El caso, la primera sentencia emitida por la Corte IDH contra Uruguay, llegó al tribunal en el 2006, cuando el poeta Juan Gelman y su nieta presentaron la demanda.

Los padres de Macarena Gelman, Marcelo y María Claudia, fueron secuestrados en Buenos Aires el 24 de agosto de 1976 por agentes de la dictadura militar de Argentina surgida a partir de un golpe de Estado perpetrado hoy hace exactamente 35 años.

Él tenía 20 años y ella, que estaba embarazada de siete meses, 19. Marcelo fue asesinado y su cadáver fue hallado en Buenos Aires, y María Claudia fue trasladada a Uruguay como parte de la cooperación entre los regímenes militares de ambos países rioplatenses.

La sentencia obliga al Estado uruguayo a realizar una investigación de los hechos "a fin de esclarecerlos"

En cautiverio, García dio a luz en Uruguay una niña, Macarena, que fue dada a un policía en Montevideo, con quien se crió hasta los 23 años, hasta que fue localizada y recuperó su identidad.

La sentencia obliga al Estado uruguayo a realizar una investigación de los hechos "a fin de esclarecerlos y determinar las correspondientes responsabilidades penales y administrativas".

Además, "el Estado debe continuar y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María Claudia García Iruretagoyena, o de sus restos mortales y, en su caso, entregarlos a sus familiares, previa comprobación genética de filiación", apunta el texto.

En cuanto a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que impide el interrogatorio judicial de militares sin la aprobación del Gobierno, la Corte IDH manifestó que "carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas".

Esta ley, agregó, "puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos".

La sentencia contempla también la realización, en el plazo de un año, de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado uruguayo, así como "implementar, en un plazo razonable y con la respectiva asignación presupuestaria, un programa permanente de derechos humanos dirigido a los agentes del Ministerio Público y a los jueces del Poder Judicial".

Además, en un máximo de dos años, Uruguay deberá garantizar acceso a la "información acerca de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la dictadura que reposa en archivos estatales".

La Corte ordenó una indemnización por 185.000 dólares (130.500 euros) para Macarena Gelman por daños inmateriales en su contra y en la de su madre.