Un proyecto de ley que pretende reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales es la razón que desde hace meses lleva de cabeza al gobierno de Sebastián Piñera. La iniciativa, impulsada en 2017 por la diputada del Partido Comunista de Chile Camila Vallejo, se ha empezado a discutir en el Congreso y ha abierto un encendido debate entre defensores y detractores de la propuesta.

El Código Laboral chileno establece que la jornada laboral no puede exceder las 45 horas semanales repartidas en no menos de cinco días ni en más de seis y que no puede superar, tampoco, las 10 horas diarias. La parlamentaria comunista, exlíder del movimiento estudiantil de 2011, quiere reducir cinco horas de trabajo a la semana sin tocar los salarios y con una aplicación gradual para las pequeñas y medianas empresas. "Somos uno de los países del mundo que más horas trabaja al año: hay mucho estrés laboral y mucha presentación de licencias médicas –que las paga el Estado– por cansancio, por agobio, por enfermedades laborales, por salud mental, y ausentismo laboral producto de ese estrés", explicó Vallejo cuando empezó a discutirse la propuesta hace tres meses.

Chile tiene la quinta jornada laboral más extensa de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) –sólo por detrás de México, Costa Rica, Corea del Sur y Grecia, y al mismo nivel que Rusia– y los chilenos y chilenas trabajan 200 horas más que el promedio de los países miembros del organismo.

Pronósticos catastróficos

El proyecto de las 40 horas congrega tanto el apoyo del conjunto de la oposición como de los sindicatos y la mayoría de la ciudadanía. Una popularidad que se ha convertido en un asunto difícil de manejar para el Gobierno, que ha puesto en marcha una dura estrategia para frenar los avances en su tramitación. Piñera ha respondido con su propia propuesta que pasa por rebajar las 45 horas laborales a 41 de promedio. A diferencia de la iniciativa de Vallejo, que establece las 40 como máximo, el presidente mantiene la jornada mensual de 180 horas y coloca la flexibilidad laboral (pactada con el empleador) al centro de la reforma.

Esta semana el jefe de Estado presentó la Mesa de Trabajo y Calidad de Vida, un panel compuesto por 17 expertos que analizará la rebaja a 41 horas. En su lanzamiento, el mandatario insistió en algunos de los argumentos que los opositores de esa idea repiten cada vez que tienen oportunidad: “Queremos reducir la jornada de trabajo sin perder o destruir empleos y sin castigar o reducir los salarios”, dijo Piñera.

De hecho, el debate sobre la jornada laboral ha dado pie a los argumentos más surrealistas de empresarios y políticos del oficialismo, que han intentado alarmar de los supuestos efectos catastróficos que la aprobación del proyecto podría provocar en la economía y el mercado laboral chileno.

“¿Qué vamos a hacer con los trabajadores de Conaf [Corporación Nacional Forestal] cuando estén apagando los incendios? ¿Le vamos a decir ‘se acabó la jornada’ y el Estado no va a seguir apagando el incendio y va a tener que contratar más trabajadores?”, preguntó el diputado Patricio Melero –de la Unión Demócrata Independiente (UDI)– a sus pares en pleno debate de la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.

También el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, se posicionó claramente en contra del proyecto y ejemplificó sus posibles consecuencias en el ámbito deportivo: “Chile podría verse impedido de jugar una Copa América porque va a exceder la máxima jornada que aquí se está planteando", dijo secretario de Estado, cuyas palabras provocaron una lluvia de críticas en su contra. “Un proyecto malo produce estos ejemplos absurdos, lo absurdo no lo invento yo, lo inventa el proyecto", se justificó luego.

Por su parte, el titular de Hacienda, Felipe Larraín, indicó que la reducción del horario provocaría la pérdida de unos 250.000 empleos y que representaría un 11% de aumento en los costos laborales. Alfonso Swett, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la patronal chilena, alertó que las remuneraciones podrían bajar un 4% y aumentar la informalidad.

La desesperación por evitar que el proyecto salga adelante es tal que el propio Sebastián Piñera lo ha calificado de “inconstitucional” porque “significa gasto público y un parlamentario no puede generar gasto público”. El oficialismo ya ha anunciado que, de aprobarse, lo llevará al Tribunal Constitucional –que en el país a menudo opera como tercera Cámara– o a un veto del presidente.

Aumento de la producción y creación de empleo

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) consideran que las iniciativa incrementaría la eficiencia de los trabajadores chilenos e implicaría un crecimiento del PIB hasta de un 2,2%, lo que supondría un aumento de 5.000 millones de dólares en la producción de bienes y servicios. Además, según los analistas, permitiría la creación de 37.000 nuevos puestos de trabajo.

También el Observatorio de Políticas Económicas (OPES) publicó un documento en el que estimó que la reducción de cinco horas implicaría una creación de 235.000 empleos. Según los autores, si cada persona trabaja menos horas, las empresas tendrán que contratar más trabajadores y ese efecto sería mayor que la reducción en la demanda derivada del aumento del costo laboral. También pronostican un incremento en la productividad de los trabajadores generada por una mayor valoración de éstos, y un incremento en el consumo y crecimiento económico. Académicos y expertos internacionales apuntan en la misma línea.

En 2005 Chile redujo la jornada laboral de 48 a 45 horas. El presidente de la época, el socialista Ricardo Lagos, recordó a través de sus redes las similitudes con el momento actual: “En ese tiempo nos enfrentamos a las mismas críticas amenazantes que escuchamos hoy: que aumentaría la cesantía o se reduciría la productividad. Nada de eso sucedió. Si Chile crece, el desafío es transformarnos en una sociedad que permita que ese crecimiento llegue a todos sus trabajadores, asegurándoles un sistema laboral más justo y una mejor calidad de vida”, tuiteó. En 2013 la revista europea Labour Economics publicó un estudio que demostró que en el período de implementación de esa rebaja no hubo impacto en los trabajadores ya contratados. Sin embargo, su autor, que actualmente es uno de los economistas del Ministerio de Hacienda, asegura que el escenario de hoy es distinto al de principios de los 2000 debido a factores como la automatización o la inmigración.

En la actualidad, Ecuador es el único país de Latinoamérica que tiene jornadas laborales de 40 horas. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la mayoría de la región está entre las 46 y 48 horas (Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay Perú y Uruguay) y una minoría entre las 41 y 45 horas (El Salvador, República Dominicana, Chile y Brasil). El convenio 47 de la OIT, sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas por semana, no ha sido ratificado por Chile. Sin embargo, el país tiene ahora la oportunidad de dar un paso adelante hacia esa meta. El próximo 23 de octubre el proyecto se votará en la Cámara de Diputados, en una sesión especial convocada para esta discusión que se presenta muy peleada. De aprobarse, aún tendrá que superar una última pantalla en el Senado, donde el recuento se prevé todavía más ajustado.