"En estas semanas hemos visto una ola de violencia, de destrucción, provocada por grupos criminales organizados de distintos orígenes. Yo creo que hoy día hay algo nuevo, distinto a lo que teníamos hace un mes atrás, pero necesito pruebas para poder afirmarlo". Con estas palabras, el presidente chileno Sebastián Piñera se refería por primera vez públicamente a una eventual injerencia extranjera en el origen de las protestas que han dejado al país inmerso en la peor crisis social y política desde la llegada de la democracia.

Sin embargo, desde la primera semana de movilizaciones, que iniciaron el 18 de octubre, el Gobierno considera la posibilidad de que Chile sea víctima de un complot internacional, en una lectura que hasta hoy ha quedado en una mera conspiración. 

Tras la primera semana de manifestaciones, desde el cuerpo de la inteligencia policial hicieron circular un documento que señalaba la participación de ciudadanos venezolanos y cubanos en las acciones violentas que, sobre todo al inicio, acompañaban las protestas pacíficas. La información fue recogida por La Tercera, el principal medio del establishment del país, que lo publicó en su portada. A las pocas horas el medio salió a rectificar por no haber verificado debidamente los datos: "Reconocemos que fallamos –como equipo periodístico– en contrastar esa información con terceras fuentes que permitieran dar sustento a esos antecedentes. El informe es real, existe, pero no debimos publicar su contenido sin antes corroborarlo", señaló el medio.

Nunca más se habló del polémico documento, pero la tesis de una posible intervención extranjera en el estallido chileno se ha mantenido dando vueltas hasta hoy. En estricto rigor, las primeras voces que levantaron esta teoría llegaron desde Venezuela. El primer día del Estado de Emergencia y de toque de queda en Santiago, el sábado 19, ex miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país caribeño acusaron al Foro de Sao Paulo, un grupo de partidos y movimientos vinculados al progresismo latinoamericano que se reunió en julio en Caracas, de incentivar las manifestaciones en Chile y Ecuador. El agitado escenario regional fue aprovechado también por el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, quien también denunció que Nicolás Maduro está detrás de las movilizaciones y que financia diferentes grupos para "infiltrar" las manifestaciones en la región.

Desde España, algunos medios conservadores aportaron su granito para alimentar esa teoría y publicaron que Maduro reunió en una base militar de Caracas a diversos líderes políticos y de “grupos paramilitares” de América Latina para “coordinar planes para la desestabilización del continente”. La prensa de la derecha chilena lo replicó.

Gobierno y Fiscalía en disputa

Por ahora, el debate sobre la injerencia extranjera no se ha instalado con demasiada fuerza en la opinión pública chilena. Los manifestantes lo consideran una excusa del gobierno para seguir con su represión y la sociedad, en general, lejos de creer en una conspiración, entiende que hay unas demandas sociales concretas que los jóvenes reclaman en las calles desde hace 65 días.

Sin embargo, de vez en cuando, la discusión se asoma en alguna entrevista de cierta notoriedad que aborda el tema. A principios de diciembre el ministro de Exteriores, Teodoro Ribera, aseguró que la sospecha por una posible intromisión extranjera se produjo tras detectar un tráfico "desmedido" de internet "desde un país de Europa oriental" al que no nombró. Unas declaraciones que llegaron el día después de que el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, acusara a Cuba y Venezuela de agitar las manifestaciones en Latinoamérica. Este sábado, Ribera insistió en la idea: "Según informaciones provenientes de Estados Unidos, alrededor del 10% de las comunicaciones por Internet y los tuits enviados desde el 18 de octubre provienen de un país de Europa Oriental y, de ese porcentaje, una gran mayoría estaban orientados a generar desinformación en Chile y otra parte estaba destinada a crear un clima hostil hacia Chile en el extranjero", aseguró.

En los últimos días, desde La Moneda han enfatizado este discurso hasta el punto de abrir una polémica con la Fiscalía. El 16 de diciembre Piñera afirmó en una entrevista que "todos los antecedentes que hemos reunido de nuestras agencias de inteligencia se están procesando, algunos de ellos se están entregando a la Fiscalía. Pero por prudencia voy a esperar los resultados". Y añadió que "hay uso de tecnología punta y una organización muy sofisticada".

Los dichos del mandatario abrieron un melón que, con tanto especular, hacía semanas que se tensionaba. El fiscal de la región metropolitana Oriente, Manuel Guerra, respondió al presidente que hasta el momento él no disponía de “ningún antecedente concreto” que diera cuenta de la existencia de algún grupo que hubiera actuado desde afuera o de extranjeros que hubiesen cometido delitos al interior del país. “Y entiendo, por lo que he conversado con mis colegas de Santiago, que ellos tampoco cuentan con esa información”, añadió. El persecutor también refutó que se trate de colectivos altamente organizados: "Los niveles de organización que hemos detectado son de bastante precariedad", espetó.

Ante la desacreditación del fiscal regional, la salida del Ejecutivo fue pasar la pelota al eslabón más alto, el fiscal nacional, Jorge Abbott, a quien atribuyó haber afirmado la existencia de "indicios en esta materia" y que "es necesario investigar en esa línea". El persecutor negó a la mayor: "No existe ninguna contradicción entre lo que ha afirmado el fiscal Guerra y lo que he dicho yo. El Ministerio Público no ha recibido ningún antecedente", respondió Abbott. 

El informe de inteligencia que habla de redes sociales 

La disputa entre ambas instituciones se rebajó en las últimas horas con un polémico informe que el pasado viernes el gobierno hizo llegar al Ministerio Público acerca de la información que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) ha recabado sobre una posible injerencia extranjera en las acciones violentas del primer período del estallido. "Se entregó información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnologías de big data, con tecnologías de la información", afirmó el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

Lejos de entregar una investigación de inteligencia, pero, el documento presenta un análisis de la actividad registrada en redes sociales durante la revuelta. Se incluyen los principales hashtags, los peaks de conversación y los grupos y comunidades con más influencia. Como dato, destaca que el 31% de los autores de los mensajes está localizado fuera de Chile y distingue, también, a defensores y detractores de las movilizaciones y del gobierno.

Entre los primeros mencionan al cantante Ismael Serrano y al actor argentino-español Juan Diego Botto. Entre los segundos, detectaron usuarios de Venezuela, Argentina, México y España. Sobre los jóvenes que han animado la movilización en las redes dice que son "aficionados al K-Pop" y que, entre ellos, sobresale la cantante chilena Mon Laferte como las más influyentes.  El informe, que ha sido objeto de burla y muy criticado, contiene en sus 112 páginas información pública y abierta, y no aporta ningún antecedente delictual.