Campesinos latinoamericanos, frente a la voracidad transnacional

Cajamarca, en donde el conquistador Pizarro secuestró al inca Atahualpa y pidió su rescate en oro, es la mayor cuenca hidrográfica de Perú al servicio de la ganadería y agricultura. El Proyecto Conga, de la transnacional Newmont Mining Corporation, afectará a cinco valles, destruirá 34 hectáreas de lagunas, cinco cabeceras de cuenca, alterará 260 hectáreas de bofedales y 17.200 hectáreas de pajonales. Doce mil agricultores y ganaderos se verán afectados.

La voracidad por el oro es tal que no reparan en desaparecer lagunas y bofedales en cabecera de cuenca. Pretenden convertir Cajamarca en un inmenso depósito de basura química.

El megaproyecto tiene la oposición de todos los sectores sociales, políticos y religiosos de la región. Sangre y fuego, con muertos, heridos y detenidos, es la propuesta de Humala. La detención del cura Marco Arana, premio Héroe Ambientalista por la revista Time, mientras estaba sentado en un banco es sólo una muestra.

El campesinado, que lleva 32 días de huelga indefinida y empezó sus reivindicaciones en 1993, ha convocado a una jornada de lucha en la región norte para el 11 y 12 de julio. Están en contra de la extracción a cielo abierto. Por cierto, José María Aznar es asesor de la minera Barrick Gold, una de las principales mineras del planeta dedicada a la extracción de oro a cielo abierto, que tiene intereses cerca de Cajamarca. En enero, Humala fue recibido por Rajoy y Aznar en Madrid e inauguró un foro de saqueo de su país en los salones del Gran Casino de Madrid con la participación de empresarios/tiburones transnacionales de todo pelaje.

El principal motivo que impide los grandes cambios que el Perú necesita es la existencia de la Constitución fujimontesinista de 1993 que hace que el Estado abdique de su rol garante de derechos para todos, regulador de las actividades económicas y redistribuidor de la riqueza para todos los peruanos. El Gobierno de Ollanta Humala está recortando las atribuciones de los gobiernos locales y regionales junto a la restricción de las libertades fundamentales de los pueblos.

Mientras en la sierra de Perú la pobreza afectó al 49,1 por ciento de su población, es decir, seis personas de cada diez son pobres, el sector minero ha tenido un margen del orden de 42.4% de utilidades netas. Según el informe Problemática de la actividad minera en Cajamarca, presentado en el Congreso por el diputado, Mesías Guevara, en los últimos 12 años la minería no ha contribuido sustancialmente al desarrollo de Cajamarca. La Minera Yanacocha no está obligada a cumplir las recomendaciones del dictamen pericial debido a que no existe un marco legal que obligue su cumplimiento. No se sabe los criterios que se utilizan para determinar a cuánto asciende la producción de oro de las empresas mineras que operan en el país. No hay forma de saber cuánto tributan las empresas mineras al Estado peruano.

Por todo esto, y más, no extraña el alto grado de conflictividad social y política que amenaza no sólo con extenderse a todo el país sino a traspasar las fronteras de otros países de América Latina.